El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires desaprobó la gestión que realizó durante 2019 la empresa Aguas Bonaerenses (ABSA) tras detectar una serie de irregularidades y una deuda de más de mil millones de pesos con proveedores y contratistas. Pero detrás de esa noticia se esconden las razones del mal servicio de agua potable en La Plata y el resto del territorio provincial y el abandono al que sometió la gestión de María Eugenia Vidal a los vecinos, todo con un sugestivo silencio gremial que tiene el 10% de la propiedad de la empresa.
En un comunicado, la cartera de Servicio Públicos informó que como representante del Gobierno de la Provincia y tenedor mayoritario de las acciones de la empresa ABSA "se desaprobó mediante un acta formal, el ejercicio correspondiente al año 2019" tras realizar una auditoría por 90 días.
El Estado provincial posee el 90% de las acciones mientras que el 10% restante es de los trabajadores nucleados en el Sindicato de Obras Sanitarias de Buenos Aires (SOSBA), que es conducido por el histórico dirigente Julio Castro, vinculado al sector de “los gordos” de la Confederación General del Trabajo (CGT).
Durante los últimos 4 años la empresa estuvo al mando del CEO macrista Raffaele Sardella. Tal como informó este medio en varias ocasiones el directorio de la empresa fue imputado penalmente por la justicia platense. Fueron acusados de incumplir una sentencia judicial en favor de usuarios de la localidad de Gonnet. Las causas se archivaron aunque un abogado de La Plata sigue dando batalla y solicitó la reapertura del expediente.
Durante la gestión Sardella-Castro la empresa se negó sistemáticamente a cumplir la totalidad de una condena impuesta por el juez de faltas de La Plata, Dante Rusconi, quien resolvió que ABSA no debe cobrar el servicio de agua a los vecinos de esa localidad del norte de La Plata hasta que el agua sea apta para consumo humano y solo autorizó el cobro del servicio de cloacas. En una boleta de ABSA el 50% del monto es por el agua y la otra mitad por el de desagües.
Pese a todas estas irregularidades que son materia de controversia judicial, el gremio que tiene representantes en el directorio de la empresa, jamás alzó la voz en defensa de los usuarios, entre los que se incluyen sus propios afiliados y trabajadores del sector.
De igual modo sucede con la exgobernadora del entonces Cambiemos que luego devino en Juntos por el Cambio. A lo largo de su gestión, Vidal hizo caso omiso a los miles de reclamos realizados por vecinos no solo en la capital provincial, sino en todo el territorio bonaerense, así como también lo hizo cuando La Plata fue víctima del apagón eléctrico más amplio del que se tenga memoria: la exmandataria nunca visitó la ciudad durante aquellos cinco días de calvario y ni siquiera tuvo palabras de aliento para los más de 80 mil vecinos que se vieron afectados por el masivo corte de luz.
EL INFORME
El Ministro de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires, Agustín Simone, explicó que "en este contexto, no solo no podemos aprobar un ejercicio en este estado, sino que, además, lo analizaremos en profundidad porque no descartamos presentarnos como querellantes en la Justicia".
El funcionario detalló que de la auditoría surgió que el ex presidente Sardella ejercía ese cargo "y mantenía su puesto jerárquico en el Grupo SOCMA (vinculado al ex Presidente Mauricio Macri)". "Se observa una incompatibilidad manifiesta en el desempeño de ambas tareas en simultáneo, al existir un evidente conflicto de intereses", consignó la auditoría.
En ese sentido también se precisó que "la deuda detectada se establece en más de mil millones de pesos con proveedores y contratistas", aunque aclaró que "no se puede registrar aún una cifra definitiva debido a certificados que todavía terceros pueden presentar".
El informe consignó también que "esta situación de virtual cesación de pagos obligó a instrumentar medidas urgentes (como la compra de de cloro y potabilizantes) para evitar poner en jaque el funcionamiento básico, debido al caos operativo imperante a partir de un servicio con severas deficiencias en su infraestructura”.
Además, agregó que la gestión anterior concentró recursos económicos, especialmente, en tres obras. Según la auditoría, ese dinero se obtuvo a través de un incremento tarifario autorizado por la ex gobernadora María Eugenia Vidal a principios de 2016, pese a que el decreto de creación de ABSA establece que "el resultante del cobro de la factura debe destinarse a la operación y al mantenimiento del servicio, mientras que el accionista mayoritario debe encargarse de los aportes para las obras de envergadura".
También se detectaron irregularidades en el convenio firmado con la empresa VEOLIA para la "rehabilitación de las instalaciones" de la Planta Potabilizadora Donato Gerardi de Punta Lara y se desvinculó con justa causa a quien fuera el Director de Ingeniería, Producción, Obras y Mantenimiento de la gestión anterior, Alfredo Hatfield, por no contar con título profesional para ese cargo.
Además, según la cartera de Servicio Públicos se detectaron "exorbitantes gastos sin justificación, como un alquiler por 40 millones de pesos anuales del edificio central de la empresa".
También se detectó "el alquiler de una oficina en Esmeralda y Paraguay (CABA) por $556.380, de uso exclusivo del ex presidente, más la compra de un mobiliario en el que aún no se pudo precisar la cifra" y la adquisición de cinco camionetas de alta gama para el uso del directorio, entre los que se encuentran los representantes gremiales de la empresa.
