El directorio de ABSA, en la mira de la Justicia por incumplir una sentencia en La Plata
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El directorio de ABSA, en la mira de la Justicia por incumplir una sentencia en La Plata

La denuncia fue presentada por un magistrado platense al detectar que la empresa no cumple con el beneficio en la facturación que deben percibir los usuarios de Gonnet y Villa Castells. Todas las pruebas del expediente en esta nota.

Una denuncia penal contra el directorio de la empresa ABSA avanza en el fuero Penal de La Plata con distintas medidas de pruebas que fueron solicitadas por la fiscal del caso, luego de la denuncia presentada en 2016 por el juez de Defensa del Consumidor de la Municipalidad de La Plata, por incumplimiento de una sentencia que ampara a usuarios de las localidades de Gonnet y Villa Castells.

El juez municipal Dante Rusconi resolvió que la empresa no debe cobrar el servicio de agua a los vecinos de ambas localidades hasta que el agua sea apta para consumo humano y solo autorizó el cobro del servicio de cloacas. En una boleta de ABSA el 50% del monto es por el agua y la otra mitad por el de desagües.

La empresa Aguas Bonaerense nunca cumplió esa resolución y por ese motivo el juez Rusconi radicó una denuncia penal que tramita en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) 15 de La Plata.

La fiscal Cecilia Corfield ya notificó a todo el directorio de la empresa de la denuncia penal. Están imputados en una causa que aún no tiene encuadre legal definido. Está en plena etapa de instrucción judicial.

En la IPP 34668-16 ya hay dos pericias con resultados distintos. Un estudio indica que el agua es apta para consumo, el otro no. Para zanjar esta diferencia la fiscal le pidió a la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata que realice un informe sobre el agua que sale de las canillas de usuarios de esas localidades de la zona norte platense.

Los investigadores esperan el resultado de ese estudio que puede resultar vital para la situación procesal de los directivos de la empresa. El proveer un insumo tan básico como el agua en condiciones de no salubridad poder derivar en un procesamiento por delitos contra la salud pública, uno de los bienes jurídicos colectivos tutelados en el Código Penal.

Tampoco se descarta que también los responsables administrativos y políticos de la firma deban responder por delitos como incumplimiento de los deberes de funcionarios público, entre otras posibles figuras delictivas.

Además existe una causa abierta en la Unidad Funcional de Instrucción 11 de La Plata en la que un informe de laboratorio también determinó que el agua no es apta para consumo humano.

El pasado 16 de enero se rompió el acueducto que se construye en la zona y se agravó la situación. Lo mismo ocurrió una semana después y en, al menos, otras tres oportunidades, es decir, cinco roturas. Mientras el agua no llega como debe, la empresa intima a los vecinos a pagar deudas por servicios que no presta.

Mientras Aguas Bonaerenses SA solicita nuevos aumentos y el presidente de la firma asegura estar llevando a cabo uno de los más ambiciosos planes de infraestructura, los reclamos contra la empresa y el servicio que presta se acumulan unos tras otros.

El responsable efímero de la empresa es Raffaele Sardella, una de las personas de máxima confianza del presidente Mauricio Macri que desembarcó en el gabinete bonaerense de María Eugenia Vidal.

Los problemas con el servicio de agua en La Plata no son nuevos, pero se acrecientan a medida que pasan los años, independientemente del color político de turno en la gestión del Estado. Su conducta se mantiene constante, prestar servicios deficientes, a lo que creativamente sumaron, el alza de las tarifas por encima de los aumentos salariales de la población, típica maniobra para aspirar recursos de los sectores medio en beneficio de las grandes empresas.

 

La denuncia fue presentada por un magistrado platense al detectar que la empresa no cumple con el beneficio en la facturación que deben percibir los usuarios de Gonnet y Villa Castells. Todas las pruebas del expediente en esta nota.

14 de marzo de 2019

Una denuncia penal contra el directorio de la empresa ABSA avanza en el fuero Penal de La Plata con distintas medidas de pruebas que fueron solicitadas por la fiscal del caso, luego de la denuncia presentada en 2016 por el juez de Defensa del Consumidor de la Municipalidad de La Plata, por incumplimiento de una sentencia que ampara a usuarios de las localidades de Gonnet y Villa Castells.

El juez municipal Dante Rusconi resolvió que la empresa no debe cobrar el servicio de agua a los vecinos de ambas localidades hasta que el agua sea apta para consumo humano y solo autorizó el cobro del servicio de cloacas. En una boleta de ABSA el 50% del monto es por el agua y la otra mitad por el de desagües.

La empresa Aguas Bonaerense nunca cumplió esa resolución y por ese motivo el juez Rusconi radicó una denuncia penal que tramita en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) 15 de La Plata.

La fiscal Cecilia Corfield ya notificó a todo el directorio de la empresa de la denuncia penal. Están imputados en una causa que aún no tiene encuadre legal definido. Está en plena etapa de instrucción judicial.

En la IPP 34668-16 ya hay dos pericias con resultados distintos. Un estudio indica que el agua es apta para consumo, el otro no. Para zanjar esta diferencia la fiscal le pidió a la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata que realice un informe sobre el agua que sale de las canillas de usuarios de esas localidades de la zona norte platense.

Los investigadores esperan el resultado de ese estudio que puede resultar vital para la situación procesal de los directivos de la empresa. El proveer un insumo tan básico como el agua en condiciones de no salubridad poder derivar en un procesamiento por delitos contra la salud pública, uno de los bienes jurídicos colectivos tutelados en el Código Penal.

Tampoco se descarta que también los responsables administrativos y políticos de la firma deban responder por delitos como incumplimiento de los deberes de funcionarios público, entre otras posibles figuras delictivas.

Además existe una causa abierta en la Unidad Funcional de Instrucción 11 de La Plata en la que un informe de laboratorio también determinó que el agua no es apta para consumo humano.

El pasado 16 de enero se rompió el acueducto que se construye en la zona y se agravó la situación. Lo mismo ocurrió una semana después y en, al menos, otras tres oportunidades, es decir, cinco roturas. Mientras el agua no llega como debe, la empresa intima a los vecinos a pagar deudas por servicios que no presta.

Mientras Aguas Bonaerenses SA solicita nuevos aumentos y el presidente de la firma asegura estar llevando a cabo uno de los más ambiciosos planes de infraestructura, los reclamos contra la empresa y el servicio que presta se acumulan unos tras otros.

El responsable efímero de la empresa es Raffaele Sardella, una de las personas de máxima confianza del presidente Mauricio Macri que desembarcó en el gabinete bonaerense de María Eugenia Vidal.

Los problemas con el servicio de agua en La Plata no son nuevos, pero se acrecientan a medida que pasan los años, independientemente del color político de turno en la gestión del Estado. Su conducta se mantiene constante, prestar servicios deficientes, a lo que creativamente sumaron, el alza de las tarifas por encima de los aumentos salariales de la población, típica maniobra para aspirar recursos de los sectores medio en beneficio de las grandes empresas.

 

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