viernes 15 de marzo de 2024

Vecinos de Gonnet pedirán el desarchivo de las causas penales del directorio de ABSA

Tras reunirse con un abogado decidieron presentarse como “particulares damnificados” en el expediente. También reclamarán una amplia y profunda auditoria por el manejo de fondos dentro de la empresa, llevarán análisis que indican que el agua no es apta para consumo y reclamarán indemnizaciones por cobro indebido de un servicio que describieron como “vergonzoso”.

0221.com.ar | Martín Soler
Por Martín Soler Redactor Judiciales
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Hartos de la inacción judicial, vecinos de la localidad de Gonnet recurrirán a la justicia Penal bonaerense y a la Federal con una batería de planteos que tienen en la mira a la empresa ABSA que presta el servicio de agua y cloacas en La Plata. Tras la reunión con un abogado, los usuarios de esa zona del norte platense solicitarán el desarchivo de la causa penal por “desobediencia” que tiene en la mira al directorio de la empresa presidido por una persona de extrema confianza del presidente de la Nación, Mauricio Macri. También reclamarán una amplia y profunda auditoria por el manejo de fondos dentro de la empresa, llevarán análisis bacteriológicos que indican que el agua “no es apta para consumo humano” y reclamarán indemnizaciones por cobro indebido de un servicio que describieron como “vergonzoso”, ya que la empresa incumple varias sentencias judiciales, entre ellas, la dictada el 13 de octubre de 2016 por un juez de La Plata.

En una polémica resolución dictada en el más absoluto hermetismo la fiscal Cecilia Corfield (en su juventud ligada a la agrupación radical Franja Morada) archivó la denuncia penal que apuntaba al directorio de la empresa ABSA sospechado por desobedecer una sentencia aún vigente que obliga a la empresa a cobrar solo la mitad del servicio a un determinado grupo de usuarios de Gonnet y Villa Castells que fueron beneficiados por un amparo en el que se estableció que la calidad del agua que salen de las canillas es de dudosa aptitud y pone en peligro la salud pública.

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La causa se inició luego de la denuncia presentada el juez de Defensa del Consumidor de la Municipalidad de La Plata, por incumplimiento de una sentencia que ampara a usuarios de las localidades mencionadas.

El juez municipal Dante Rusconi resolvió que la empresa no debe cobrar el servicio de agua a los vecinos de esa zona hasta que el vital elemento sea apta para consumo humano y solo autorizó el cobro del servicio de cloacas. En una boleta de ABSA el 50% del monto es por el agua y la otra mitad por el de desagües.

La empresa Aguas Bonaerense nunca cumplió esa resolución y por ese motivo el juez Rusconi radicó una denuncia penal que tramita en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) 15 de La Plata.

En la IPP 34668-16 hay dos pericias con resultados distintos. Un estudio indica que el agua es apta para consumo, el otro no.

Además en la Unidad Funcional de Instrucción 11 de La Plata se tramitó otra causa en la que un informe de laboratorio también determinó que el agua de esa zona de La Plata no es apta para consumo humano.

Mientras Aguas Bonaerenses SA solicita nuevos aumentos y el presidente de la firma asegura estar llevando a cabo uno de los más ambiciosos planes de infraestructura, los reclamos contra la empresa y el servicio que presta se acumulan unos tras otros.

El responsable efímero de la empresa es Raffaele Sardella, una de las personas de máxima confianza del presidente Mauricio Macri que desembarcó en el gabinete bonaerense de María Eugenia Vidal.

Los problemas con el servicio de agua en La Plata no son nuevos, pero se acrecientan a medida que pasan los años, independientemente del color político de turno en la gestión del Estado. Su conducta se mantiene constante, prestar servicios deficientes, a lo que creativamente sumaron, el alza de las tarifas por encima de los aumentos salariales de la población, típica maniobra para aspirar recursos de los sectores medio en beneficio de las grandes empresas.

Usuarios de Gonnet y Villa Castells recibieron decenas de llamados del área de cobranzas de la empresa en la que reclaman una deuda con elevados intereses sin dar ningún tipo de explicación, según confiaron varios usuarios consultados por este medio. Además ABSA aplica tasas de intereses muy por encima de las establecidas judicialmente para estos casos y no da explica a los clientes cuál es el criterio que adopta para los intereses devengados.

CONTRAGOLPE

El abogado Marcelo Peña, uno de los impulsores de la reapertura de la causa para que se investigue la trama política por la trágica inundación de La Plata, adelantó a este medio que pedirla la revisión del archivo. Se reunió con vecinos del lugar y los patrocinará bajo la figura del “particular damnificado”. El planteo será presentado ante el Fiscal General de La Plata, Héctor Vogliolo, para que analice el caso. “No puede escapársele a quien representa a toda nuestra sociedad que la salud del vecino se encuentra en peligro”, expresó el letrado.

Con la resolución del juez Rusconi y la presentación de la causa penal, está claro el delito de desobediencia”, vaticinó Peña, y subrayó que el marco legal “se puede agravar si alguna persona se intoxica o sufre un daño en la salud irreversible”.

Peña se enfocó en el peligro a la que está expuesta la población de esa zona del norte platense. “Hablamos de agua potable que hace a la salud pública, en el siglo XXI estar discutiendo si el agua que pagamos, con las tarifas actuales, es potable o no, no se puede concebir”. “Cobran tarifas como si estaríamos recibiendo un servicio de primer nivel y resulta vergonzoso aún estar recibiendo bidones”, recordó el abogado, que además es candidato a Intendente de La Plata por el frente Nos.

También hizo referencia al tarifazo dispuesto a principios de año por la gobernadora María Eugenia Vidal que autorizó un aumento del 39%. “La empresa recauda cientos de millones de pesos de los usuarios y brinda un servicio defectuoso, se trata de una empresa pública, hay una responsabilidad directa del Estado en este cuadro crítico”, concluyó el letrado. Por ese motivo es que pedirán una auditoria oficial sobre el manejo de fondos de la empresa para saber en qué se gastó el dinero recaudado luego de los fuertes aumentos de la tasa.

Mientras el abogado pedirá el desarchivo de al menos dos causas penales que apuntan al directorio de la empresa, en paralelo, termina de darle forma a una futura denuncia que presentará en la justicia Federal de La Plata por entender que la conducta de los responsables de la empresa pone en riesgo la salud pública de la sociedad. Durante este fin de semana, vecinos de Villa Castells denunciaron que de las canillas salió agua de color marrón y en la empresa no dieron explicación alguna.

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