"Nadie está de acuerdo en sacar violadores y asesinos seriales", dijo la ministra de Justicia de la Nación, Marcela Losardo, en el medio de esta creciente polémica por las prisiones domiciliarias que algunos presos están recibiendo para protegerlos de un contagio de coronavirus en la cárcel.
“A mí no me gusta que salgan los asesinos y los violadores a la calle. Y al presidente tampoco. Somos gente de criterio, somos gente que conocemos el derecho y entendemos lo que les pasa a las víctimas”, dijo la funcionaria en diálogo con radio Mitre este jueves por la mañana.
YPF aplicará una nueva suba desde el jueves y mantendrá el sistema de buffer para evitar trasladar al surtidor el impacto de la suba internacional del petróleo.
La medida del Gobierno cubrirá hogares y servicios esenciales entre mayo y octubre con pagos diferidos en las tarifas del gas en cuotas desde noviembre.
Pidió “no magnificar las cosas” e informó que desde el 1 de marzo hasta el 21 de abril hubo 320 presos que recibieron distintos beneficios en virtud de la emergencia sanitaria dispuesta por la pandemia.
Además remarcó que no es facultad del Gobierno otorgar el arresto domiciliario y que se deben analizar los casos de los detenidos que integran el grupo de riesgo de COVID-19.
Así, Losardo explicó que de esas 320 personas que las define el Poder Judicial, desde el Servicio Penitenciario Federal solicitaron las listas de todos los detenidos con sus características: delitos no violentos, de escasa agresividad, personas condenadas a no más de tres años, que estén en condición de salir, o de tener la libertad condicional o libertad asistidas, mujeres embarazadas o encarceladas con hijos, dando cumplimiento a la ley de protección de víctimas.
“Hay que ver cada situación en particular y hacerle estas preguntas a la persona que tomó la decisión, pero no le preguntemos al Presidente o a los miembros del Poder Ejecutivo”, insistió. “Alberto Fernández no es un presidente que esté pensando en liberar presos”, dijo en ese sentido.
La ministra aclaró en todo momento que se trata de "una decisión que no requiere de la anuencia del ministro porque el secretario tiene autonomía para realizar dicha presentación" y reiteró que “quien decide esto es el Poder Judicial”.