En una novedosa presentación judicial un abogado de La Plata (en representación de una ong que defiende los derechos de personas privadas de libertad) solicitó que “todas las personas con prisión preventiva” deben ser excarceladas o morigeradas de “penales, comisarias u otras dependencias del Estado”, según se desprende del documento judicial al que accedió 0221.com.ar. Pero plantearon también esa medida debe estar acompañada de control, contención social y asistencia económica.
El abogado Oscar Rodríguez es el letrado que patrocina a la Asociación Civil La Cantora. Explicó a este medio que el objetivo es “lograr una audiencia con el tribunal conjuntamente con los Ministerios del caso, más el de Desarrollo Social, solicitar una articulación con el Estado para acompañar a los liberados de manera que la ‘seguridad’ que tanto preocupa a los magistrados y a gran parte de la sociedad también tenga una respuesta”.
El letrado explicó que “el Estado paga un dinero importante por cada detenido, ese dinero podría ir a las familias de los detenidos. La cuarentena barrial también otorgaría seguridad en tanto están controlados por las fuerzas de seguridad en sus límites. Lo entendemos también como un gran paso concreto en la ‘democratización del Poder Judicial’ en tanto lo convocamos a dialogar con ‘la Academia’ pero también con las organizaciones sociales del pueblo”.
Luego de la resolución del juez Víctor Violini que ordenó a los jueces penales bonaerenses que otorguen arrestos domiciliarios a los detenidos que integren grupos de riesgo ante el eventual contagio de Covid-19, La Cantora presentó en el Tribunal de Casación bonaerense una hábeas corpus colectivo en el que solicitó que, en los casos de prisiones preventivas, se morigere a los acusados de delitos graves y se excarcele a los procesados por delitos leves.
“Respecto de los condenados, solicitamos sean excarcelados todos los que cumplan a la fecha de esta presentación con los plazos establecidos por la ley de ejecución para acceder a los beneficios contemplados por la misma. El mismo criterio, entendemos, debe aplicarse a la población en riesgo cualquiera sea el estado de la causa”, se detalla en el documento judicial.
Uno de los aspectos más resonantes del amparo apunta a determinar que el actual estado de hacinamiento carcelario conjugado con la deficiente infraestructura pone en estado de tortura permanente a las personas en conflicto con la ley Penal.
Según se detalla en el expediente “la práctica sistemática de tortura que genera condiciones de sobrevida y otras violencias penitenciarias que vulneran los derechos humanos se combinan para provocar el peor resultado de la cárcel: la muerte evitable. Entre 2008 y 2018 se produjeron 1.484 muertes en el sistema penitenciario de la provincia de Buenos Aires, lo que equivale a un promedio de 135 muertes por año y 11 por mes; 1.424 eran varones, 57 mujeres y 3 trans”.
Tras el fallo Violini, la máxima instancia Penal de la provincia de Buenos Aires comenzó a recibir hábeas corpus originarios que saltean a los jueces de Garantías y a las cámaras penales, donde está el mayor dique de contención que evitan la salida masiva de detenidos. Desde La Cantora revelaron que presentaron el amparo en ese tribunal superior “en el entendimiento de que ha sido la instancia que ha asumido la problemática en curso y, consecuentemente, ha venido dando respuesta a numerosas presentaciones al respecto asumiendo, en el contexto actual, la dinámica asombrosa de la pandemia y sus desafíos”.
Este novedoso planteo se suma al pedido de conmutación de penas que defensores oficiales de la provincia de Buenos Aires le solicitaron el gobernador Axel Kicillof.
