El Tribunal de Justicia del distrito brasileño estableció un plazo de 72 horas para que los viajeros abandonen el territorio y pidió que la región retorne al estado de "bandera roja", que implica un cierre casi total de actividades no esenciales. De acuerdo con las primeras informaciones, las autoridades de la ciudad balnearia aceptaron la resolución judicial aunque preparan un recurso de apelación para dejarla sin efecto.
La medida generó un fuerte malestar en el sector turístico, que organizó una protesta que incluyó aglomeraciones y cacerolazos frente a la sede del Gobierno local. La manifestación fue convocada por comerciantes y empresarios hoteleros, entre los que había una gran cantidad de argentinos radicados en esa ciudad. La concentración fue en la plaza de Armação dos Buzios en horas de la mañana.
Según el fallo del tribunal de Río, los restaurantes estarán habilitados para trabajar con delivery y no podrán funcionar los hoteles, cuyos ingresos se verán afectados en época de temporada alta; y también se prohibió permanecer en las playas, espacios públicos y la realización de fiestas bailes, shows, ferias y eventos similares.
La noticia generó una ola de consultas por parte de turistas que ya tenían contratado alojamiento en el lugar. En tanto, los argentinos que viven en la ciudad recomendaron no acercarse hasta tanto no se determine si la Justicia dará marcha atrás con la resolución.
Buzios, uno de los destinos turísticos más importantes de Brasil, registró una suba repentina de casos de COVID-19 desde que decidió flexibilizar totalmente sus actividades: en siete días los positivos treparon de 744 a los actuales 968. Según datos oficiales, desde el inicio de la pandemia murieron en la ciudad 21 personas, mientras que en todo el estado de Río de Janeiro las víctimas fatales ascienden a 24.109.
