La Asociación Judicial Bonaerenses (AJB) anunció un paro para el próximo lunes 5 de octubre en todas las dependencias judiciales de la Provincia de Buenos Aires, luego de que el Ministerio de Trabajo les notificara la postergación de la reunión paritaria para el martes al mediodía. "La suspensión de la mesa salarial se produce en un contexto de máxima incertidumbre por la demora en la actualización de los salarios de las y los trabajadores judiciales y en una semana en la que el Ejecutivo provincial mantuvo reuniones y realizó propuestas salariales a los gremios de la administración pública y del sector docente", explicaron mediante un comunicado.
En ese sentido, remarcaron que llegaron a esta medida de fuerza por "falta de decisión del Ejecutivo provincial" para abrir las negociaciones para recomponer el salario de los trabajadores judiciales. "Desde el mes de mayo venimos reclamando una oferta salarial concreta que garantice que no sigamos perdiendo la carrera contra la inflación y esta nueva postergación exige reforzar el reclamo construyendo un paro masivo de actividades para que el gobierno entienda que la situación exige una respuesta urgente", señaló el secretario General de la AJB, Pablo Abramovich.
En función de las modalidades de trabajo impuestas durante la pandemia, la medida de fuerza implica la no concurrencia para quienes están realizando tareas presenciales y un apagón informático para quienes están realizando trabajo remoto.
En el gremio recordaron que el acuerdo salarial del primer trimestre el Ejecutivo se comprometió a retomar las negociaciones salariales a principios del mes de mayo. "Pese a ello, recién convocó a una primera reunión el 31 de julio, en la que manifestó no poder realizar ninguna oferta de aumento salarial. Igual resultado tuvo la reunión mantenida el pasado 25 de septiembre, que habilitó el cuarto intermedio para el día de hoy, luego suspendido", remarcaron los voceros sindicales.
En concreto, la ABJ reclama que se garantice un aumento salarial superior o igual a la inflación para 2020, avanzar en un proceso de recuperación del poder adquisitivo perdido durante los años 2018 y 2019 y la liquidación al 3% de los años de antigüedad que se pagan por debajo de ese porcentaje (1996-2005). Además, se plantea la necesidad de darle continuidad a las mesas técnicas para la sanción del proyecto de ley de negociación colectiva para el Poder Judicial; el abordaje de la crisis de infraestructura edilicia; el nombramiento de personal, y la devolución de los descuentos por los paros realizados en 2018 y 2019.
"El gremio judicial planteó al Gobierno la incorporación a planta permanente de las y los trabajadores que actualmente realizan esa tarea contratados por las empresas tercerizadas de limpieza y la creación de una partida extraordinaria para el Poder Judicial que permita financiar gastos en medidas de prevención contra el COVID-19", manifestaron. Estos gastos implican la instalación de barreras fijas de protección en todos los espacios de atención al público, solución de los problemas en la provisión de equipamiento de protección personal y en el servicio de limpieza para disminuir las posibilidades de contagio por COVID-19.
De esta forma, los judiciales irán al paro el próximo el lunes y no habrá actividad presencial ni virtual.
