El “Protocolo de Defensa de los Derechos y Prerrogativas de la Abogacía” es la nueva herramienta con que cuentan los profesionales del Derecho matriculados en el Colegio de Abogados de La Plata (CALP), desde donde estandarizaron una serie de medidas de implementar en caso de denuncias de los letrados relativas al impedimento en el ejercicio de su profesión. El objetivo de este protocolo, aprobado por el Consejo Directivo de la entidad que tiene el control de la matrícula profesional de ese sector, es asegurar la efectiva vigencia de la garantía de defensa en juicio y, por lo tanto, del Estado de Derecho.
Esta novedosa herramienta se aplicará en caso de denuncias por violación de los derechos y prerrogativas de abogadas y abogados.
El documento lleva más de un año en elaboración, según el presidente del CALP, Hernán Colli, en diálogo con 0221.com.ar. “Hace tiempo que trabajamos en buscar los mecanismos más eficaces para tener una intervención colegial de acuerdo a lo que prevé el artículo 19 de la ley 5177” que regula el ejercicio profesional de abogadas y abogados “para defender y proteger las prerrogativas del ejercicio profesional de nuestros matriculados en cualquier ámbito que actúen, nos encontramos que esto es un aspecto que la ley lo regula pero que no existe normativa que haya reglamentado previamente como llevar adelante un procedimiento de protección de éstas prerrogativas frente a las denuncias de los colegas o las actuaciones de oficio que el propio Colegio podemos hacer”.
“Sobre esa base, después de mucho debate interno, encontramos este mecanismo que es establecer un mecanismo interno, por eso es un protocolo, que al haberlo aprobado el Consejo Directivo entendemos que es obligatorio para nosotros mismos y hacemos una tarea de difusión para quienes son los destinatarios de nuestros requerimientos”, como son los poderes “Ejecutivo y Judicial contesten los requerimientos”, resaltó el líder de los letrados platenses.
A medida que en 2018 avanzaba el borrador del protocolo ya votado “en algunos casos de denuncias puntuales empezamos a tomar la costumbre de hacer un requerimiento frente a la denuncia para que nos explicaran un poco, frente a la denuncia, cuáles eran las razones y nos dieran explicaciones de la denuncia del colega”, recordó Colli y agregó: “Estos pedidos fueron contestados en tiempo y forma por los organismos administrativos, no así pasa con los órganos jurisdiccionales.”
La idea fue “ver cómo funciona esto, a partir de la respuesta que recibimos, el protocolo nos faculta a una serie de medidas que van desde las más graves”, como pedir la apertura de un proceso de destitución del magistrado ante el jurado de enjuiciamiento, “hasta otras que pueden ser conflictos colectivos”, como malos tratos al profesional en dependencias oficiales o problemas edilicios, “para poder hacer un abordaje de otras características e intentar resolver el problema”.
La redacción del texto no es definitiva, se ajustará en función a la experiencia receptada con la aplicación del mismo. Uno de los objetivos de máxima es que el documento final se incorpore a la ley 5177 que regula el ejercicio profesional.
OBSTÁCULOS
Falta de espacio, retardo en las resoluciones, ambientes no saludables, malos tratos, son algunos de los elementos que conforman la engorrosa geografía tribunalicia en la que se desarrollan a diario las letradas y letrados.
En esa línea, Colli expresó cuáles son las quejas más habituales que los abogados exponen ante el colegio profesional. “El no acceso al expediente, el trato que se nos dispensa pese a que en el Código Procesal se dice que nos tienen que tratar igual que a los magistrados” en relación a la disparidad con jueces, fiscales y defensores oficiales, entre otros, “sabemos que en la práctica no sucede de esta manera”.
También expreso que en los tribunales de La Plata se viven “situaciones graves” como “impedir a los profesionales el ingreso a las audiencias”. También señaló que “algunos magistrados se extralimitan” y toman las audiencias “sin la presencia de los abogados y abogadas”.
En otro pasaje de la respuesta hizo foco en el fuero penal platense, uno de los más calientes en las distintas ramas del derecho. “Los problemas edilicios de las fiscalías requieren reformas estructurales ya que no hay un trato igualitario entre los colegas, las condiciones de consultas para las causas no siempre son similares y cuando, en general, se muestran los expedientes, los lugares para ver las actuaciones son muy incómodos”.
Sobre el cierre de la charla con este medio, Colli resaltó en relación al protocolo: “Logramos sistematizar todos estos derechos y prerrogativas que están en diferentes ordenamientos y que protegen la labor del abogado, no son privilegios que reclamamos en un sentido corporativo, lo hacemos entendiendo que esos reconocimientos legales y constitucionales hacen al derecho de defensa, a la garantía del debido proceso legal y en resguardo de sus representados. A partir que la abogada o abogado puedan desarrollar colmadamente su trabajo con pleno goce de los derechos que posee es que pueden cumplir la garantía de la defensa en juicio de sus patrocinados”.
