En la causa por enriquecimiento ilícito, el juez ordenó a ARBA abrir datos tributarios de Manuel Adorni y su pareja, incluyendo bienes, operaciones y registros.
El juez federal Ariel Lijo dispuso levantar el secreto fiscal de Manuel Adorni y su esposa Bettina Angeletti ante ARBA en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito. La medida incluye información tributaria vinculada a distintas propiedades y movimientos económicos de la pareja.
La resolución judicial, solicitada por el fiscal Gerardo Policcitta, apunta a analizar los pagos realizados para la compra de una vivienda en un country ubicado en Exaltación de la Cruz. También incluye tasas e impuestos abonados por ese inmueble en la provincia de Buenos Aires.
Mientras avanza la investigación sobre Manuel Adorni, se conoció que Matías Tabar afirmó haber recibido 245.000 dólares en efectivo para refaccionar su casa.
En la causa se investigan posibles dádivas y negociaciones incompatibles con la función pública, en medio de contratos con la Televisión Pública.
El expediente también abarca un departamento heredado en La Plata, donde actualmente reside la madre del funcionario. Sobre esa propiedad, el magistrado también ordenó levantar el secreto fiscal para acceder a los registros vinculados a su situación tributaria.
Además, la Justicia incluyó un tercer inmueble relacionado con Angeletti, situado en el municipio de Morón. La medida busca reunir información completa sobre los bienes asociados a la pareja en distintos puntos del territorio bonaerense.
En el avance de la causa por enriquecimiento ilícito, Ariel Lijo ya había dispuesto levantar el secreto bancario, financiero y fiscal de Adorni, Angeletti y la firma Innovación Profesional. La investigación apunta a reconstruir el flujo de ingresos y gastos del funcionario.
La resolución del 9 de abril también incluyó el levantamiento del secreto fiscal de Silvia País, madre de Adorni, y de otra familiar identificada como Norma Zuccolo. La medida amplía el alcance del análisis sobre el entorno cercano del funcionario.
Por pedido del fiscal, la excepción a la confidencialidad fiscal alcanzó a Beatriz Viegas y Claudia Sbabo, quienes vendieron un departamento en Caballito, y a Graciela Isabel Molina y Victoria María José Cancio, que prestaron dinero para una vivienda en Parque Chacabuco.
La investigación también incorpora un peritaje contable basado en declaraciones juradas, informes bancarios y testimonios. El objetivo es determinar si los gastos declarados por Adorni y su familia coinciden con los ingresos registrados en la causa.
En ese marco, el fiscal relevó información de Aerolíneas Argentinas, Delta Airlines y LATAM, que permitió identificar 18 viajes dentro y fuera del país. La Justicia analiza si esos movimientos, junto con gastos asociados, se ajustan a los ingresos declarados.