Aunque el inicio de la gestión continúa siendo una responsabilidad de las instituciones, a partir de ahora los y las egresadas de universidades de todo el país podrán controlar el estado de legalización de su título y saber si la institución presentó los documentos correctamente, si tuvo alguna observación o demora por parte del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación o si su diploma fue aprobado definitivamente, lo que aumenta la transparencia del procedimiento.
La digitalización total de la gestión, que se aprobó en febrero del año pasado, evita que las certificaciones tengan un traslado físico a Buenos Aires y elimina el paso posterior por el Ministerio del Interior, generando un "enorme ahorro de instancias y recursos en relación al procedimiento anterior".
La iniciativa se generó a partir de tomar nota del enorme tiempo que tenía el proceso de expedición de diplomas, cuyo promedio era aproximadamente de dos años en 2016 en todo el sistema universitario. Por eso, para consultar por este y otro tipo de trámites, quienes lo deseen pueden ingresar a la esta página web.
Según Paulo Falcón, director nacional de Gestión y Fiscalización Universitaria a cargo de este procedimiento, "el sistema anterior sólo certificaba firmas sin control alguno sobre cumplimientos académicos y reglamentarios, en cambio, el nuevo procedimiento incorpora seguridad tanto en la certificación del recorrido académico como en la transparencia".
El nuevo procedimiento cuenta con tres etapas. La primera es relativa a la carga de datos y la emisión de la solicitud, que es realizada por las instituciones universitarias. Todos estos datos pueden ser importados de los sistemas de información con los que las universidades trabajan, lo que permite reducción de tiempos y limitaciones de errores de carga.
Esos datos son cotejados por la Dirección Nacional de Gestión y Fiscalización Universitaria (DNGyFU), quienes con el uso de tecnología que cruza datos, verifican la carga con las reglamentaciones vigentes. De esta evaluación puede surgir la aprobación o la necesidad de subsanar alguna información suministrada.
Una vez aprobados, los certificados y diplomas se incorporan al Registro Público de Graduados Universitarios, una base de consulta pública y gratuita. "Esa etapa permite incorporar a la sociedad a un proceso que antes era solamente entre universidades y el Ministerio de Educación, permitiendo conocer la situación de los profesionales en nuestro país", remarcó Falcón.
