La causa aún abierta por la trágica inundación que golpeó a La Plata los días 2 y 3 de abril de 2013 registra avances significativos que se vienen trabajando desde fines de 2018, bajo un prudente silencio del fiscal que tiene a su cargo el expediente, confirmaron fuentes judiciales a 0221.com.ar.
Se trata de un legajo penal que está radicado en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio 8 de La Plata, a cargo del fiscal Hugo Tesón. En rigor se trata del expediente “Alcance 1” que heredó de su predecesor en el cargo, el cuestionado fiscal Jorge Martín Paolini.
Abrieron la Feria del Libro y Editores de Derechos Humanos y reinaguraron el auditorio del Pasaje Dardo Rocha, que fue nombrado "Estela Barnes de Carlotto".
El consultor político, Fabián Perechodnik, que supo ser funcionario de María Eugenia Vidal y de Julio Garro, concluyó su mandato como diputados por La Plata.
Luego del naufragio de la capital bonaerense, hubo decenas de denuncias que apuntaban a investigar distintos tipos de delitos. Las mismas se agruparon en tres grandes grupos. Uno de ellos es el que indaga sobre las responsabilidades políticas de la tragedia.
El primero de los tramos de ese bloque quedó cerrado este miércoles 6 de marzo con el juicio a Sergio Ariel Lezana, ex titular de Defensa Civil de La Plata al momento del desastre, con raíz en una lluvia extraordinaria sumada a la falta de obras de infraestructura y mantenimiento, que eras responsabilidades de las gestiones de Daniel Scioli como gobernador y Pablo Bruera como intendente. Junto a ellos, corre la suerte de varios ex funcionarios provinciales y municipales.
La estrategia del fiscal Tesón está más en línea con el planteo de los damnificados. Fuentes judiciales confirmaron a este medio que el pasado 22 de febrero, el magistrado dio intervención a la Secretaría de Política Criminal de la Procuración Bonaerense para requerirle una pericia que puede resultar clave en su hipótesis.
El fiscal se posiciona cinco años antes en el tiempo y sostiene que la inundación del año 2008 predijo que algo peor podía ocurrir. En 2013 cayeron 392,2 milímetros de agua en pocas horas, mientras que en 2008 la cifra fue de 240 milímetros¨; la tercera marca histórica fue el 10 de marzo de 1930 con 225 milímetros de agua caída. Para intentar confirmar esa hipótesis está a la búsqueda de especialistas en hidráulica para que se expidan sobre un informe elaborado por la Consultora ABS (dedicada a proyectar obras anti inundaciones). Ese informe fue uno de los insumos que utilizó la Facultad de Ingeniería de La Plata en su “Estudio sobre la inundación ocurrida los días 2 y 3 de abril de 2013 en las ciudades de La Plata, Berisso y Ensenada”, según se desprende de otro documento oficial al que accedió este medio en exclusiva.
Tesón quiere saber si las recomendaciones de la consultora fueron “las adecuadas” en el momento que fueron requeridas en base a las características de la cuenca del Arroyo del Gato. También toma para el análisis los informes académicos existentes, los antecedentes de las inundaciones de los años 2002 y 2008 y el marco legal vigente, es decir, la normativa aplicable.
Otro de los puntos de pericia solicitados por el investigador, en el supuesto que el informe de la consultora no haya sido el adecuado, es para indicar “qué obras debieran haberse proyectado” para evitar la inundación.
Esta medida de prueba llegó luego de consultar a cuatro universidades nacionales (La Plata, Buenos Aires, Rosario y Córdoba) que informaron no estar en condiciones de realizar esos informes técnicos.
Antes del inicio del juicio oral para Lezana que se cerró con el pago de una multa de $12.500 más la inhabilitación por un año para ejercer cargos públicos, la jueza Claudia Grecco había hecho lugar a una instrucción suplementaria (producción de nuevas pruebas) para ser expuesta en el debate oral. “Todo ese material producido puede ser incorporado sin problemas a la causa en trámite”, detallaron las fuentes judiciales consultadas.
En la causa en curso el abogado Marcelo Peña fue legitimado como particular damnificado. Fue justamente su acusación particular una de las que gestionó informes oficiales a distintos niveles de estados (nacional, provincial y municipal) que, según su postura, deja configurado el delito de “estrago”, que tiene una pena en expectativa de 20 años de prisión. En esta figura jurídica el bien tutelado es la seguridad pública y apunta a los responsables políticos.
Por la tragedia murieron al menos 89 personas, según la sentencia dictada por el ex juez en lo Contencioso Administrativo, Luis Arias, que fue confirmada en parte por la Cámara de Apelaciones de ese fuero. Arias fue desplazado de su cargo y espera volver ya que apeló la sentencia que recayó sobre él en el juicio político.
Durante la investigación Arias tuvo varios enfrentamientos con otros magistrados penales. Las contiendas llegaron hasta la Suprema Corte bonaerense que definió el conflicto de competencias. Uno de los enfrentamientos fue con el fiscal Paolini, cuestionado por familiares de víctimas fatales, sobrevivientes e inundados, por su labor tanto en la instrucción como en el juicio.
En la actualidad, las fotocopias de la causa que dejó Paolini, y el nuevo enfoque de su sucesor Tesón, configuran una de las esperanzas de los damnificados de ver a integrantes de la clase política sentados en el banquillo de los acusados.