Este miércoles se conoció el veredicto por la inundación del 2 de abril de 2013 que en La Plata causó la muerte de al menos 89 personas. El único acusado que llegó a juicio se declaró culpable: la Justicia lo condenó a pagar 12.500 pesos de multa y lo inhabilitó por un año para ejercer la función pública: quiénes son los responsables políticos apuntados por las víctimas -tanto en territorio local como provincial- que al menos hasta ahora "zafaron" de sentarse en el banquillo.
-Pablo Bruera, intendente de La Plata durante la inundación, que se había ido a Brasil sin pedir autorización al Concejo Deliberante. En su momento, desde el bloque FAP (Frente Amplio Peronista) evaluaron que su gestión no proyectó ni gestionó ante Provincia o Nación las obras hidráulicas que hubieran mitigado el impacto, “no mantuvo en condiciones adecuadas los desagües pluviales” y fue “negligente”, porque "la noche de la catástrofe el Departamento Ejecutivo se encontraba materialmente acéfalo".
-Santiago Martorelli, jefe de Gabinete municipal
-Sergio Federovsky, titular de la Agencia Ambiental.
-Ángela Pérsico, funcionaria que lideraba el Comité de Emergencias (COEM)
-Funcionarios integrantes del COEM: Juan Pablo Crusat (secretario de Desarrollo Social), Gabriel Bruera (por entonces diputado provincial), Mariano Bruera (secretario de Gestión Integral de Residuos), Omar Pas (secretario de Bienestar Social), Natalia Cepeda (directora de Tránsito), Juan José Rivademar (director del MOPU, Monitoreo Público Urbano), Ignacio Martínez (subsecretario de Control Urbano), Leandro Mariani (subsecretario de Comunicación Institucional), Jaime Henen (secretario de Salud), Enrique Sette (secretario de Gestión Pública), Néstor Yalet (secretario de Economía) y Alejandra Sturzenegger, secretaria de Modernización y Desarrollo Económico. También integraba el COEM Sergio Lezanal, que fue enjuiciado y sentenciado a pagar la multa de 12.500 pesos.
En la Provincia también hubo responsables políticos señalados por las organizaciones de sobrevivientes y familiares, instituciones y la sociedad civil. Son:
-Daniel Scioli, por entonces gobernador bonaerense.
-Gabriel Mariotto, vicegobernador bonaerense.
-Ricardo Casal, por entonces ministro de Seguridad y Justicia. Fue uno de los más apuntados por su responsabilidad respecto al modo en que el Gobierno manejó la cifra de muertos, que luego se confirmó, fueron 89. En esa línea también apuntaron a:
-César Albarracín, secretario de política criminal del Ministerio de Justicia.
-Alejandro Collia, ministro de Salud bonaerense, por la situación que vivieron muchos hospitales, en algunos de los cuales los profesionales y enfermeros hicieron malabares para atender la emergencia con la luz cortada pese a que esto intentó ser negado por las autoridades.
-Alejandro Arlía (fallecido), ministro de Infraestructura, por tenera su cargo el mantenimiento de los arroyos y la realización de las obras. Junto a él aparece el director de Saneamiento y Obras Hídricas, Mario Gschaider, quien acudió varias veces a las comisiones investigadoras.
Cabe recordar un informe de la facultad de Ingeniería citado en el libro “2A. El naufragio de La Plata”, que evaluó como “tardías, caóticas e insuficientes” el accionar municipal en la emergencia. También planteó que quedó en evidencia la inexistencia de “un sistema de alerta específico diseñado para La Plata”; de “un plan de contingencia operativo a nivel municipal”; de “una estrategia comunicacional eficiente” para que la población supiera qué hacer; de una “planificación integrada para atender este tipo de eventos” y de una “coordinación y articulación de recursos en tiempo y forma”.
Sin embargo, pese al dolor e indignación de los damnificados y sobrevivientes, que reclaman el procesamiento de los actores políticos de la tragedia, también existe una causa que tramita en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio 8 de La Plata, donde se investiga la trama política del desastre. Allí pueden llevarse las pruebas que no tuvieron lugar en el debate oral de este miércoles.