Con dos pedidos distintos de pena los fiscales del juicio oral a los ex comisarios de La Plata juzgados por presuntas “coimas”, los fiscales Victoria Huergo y Javier Berlingieri solicitaron duras condenas e impulsaron que se abra una nueva investigación para otros policías. El turno de alegar de las defensas será este jueves.
Los ex comisarios Dario Camerini; su segundo, Rodolfo Daniel Carballo; el ex secretario de la repartición, Walter Skaramowsky, y el ex jefe de calle, oficial Ariel René Huck, era la plana mayor de la Jefatura Departamental de La Plata al inicio de la investigación. Sobre ellos recayó un pedido de nueve años de cárcel, por los delitos de “asociación ilícita y autores mediatos de concusión”.
Los expertos anticipan una jornada despejada y calurosa en La Plata. Para el jueves se espera un clima similar y el viernes podrían volver las lluvias.
En tanto los ex comisarios Sebastián Velázquez (comisaría Segunda); Sebastián Cuenca (Los Hornos); Raúl Frare (Villa Elisa) y Julio Sebastián Sáenz (Tolosa) recibieron un pedido de ocho años y seis meses de prisión, sólo por el delito de asociación ilícita.
En sus alegatos, los fiscales hicieron un análisis pormenorizado de la prueba y pidieron a los jueces que analicen el caso en un marco conceptual de “delincuencia organizada”, sin pasar por alto que los acusados integraron una fuerza donde “la subordinación es absoluta e indiscutible” y resaltaron que “la Policía es una fuerza militarizada”.
Una parte del relato se basó en explicar los motivos del temor de varios testigos (policías y civiles) que se negaban a prestar declaración. “Cualquier alzamiento en contra de la Policía es tratado internamente en la fuerza como una traición”. También resaltaron que la institución policial “tiene expansión territorial y el monopolio de la fuerza, eso genera temor en la ciudadanía a denunciarlos”.
En relación a la figura de asociación ilícita dejaron en claro que “los acuerdos (para delinquir) muchas veces son tácitos y secretos, no hace falta firmar un contrato para que haya affectio societatis”, es decir, voluntad común de asociarse entre varias personas, en este caso, físicas.
La investigación salió a la luz el 1 de abril de 2016 mediante una inspección sorpresiva de la dirección de Asuntos Internos que investigaba dos denuncias anónimas en las que se aportaron datos de fechas de entrega de dinero en sobres, producto de recaudación ilegal. La coartada de los acusados sostiene que se trata de dinero destinado a pagar el servicio de Policía Adicional.
Tras el procedimiento se secuestró la suma de $153.700. “El dinero no tiene origen lícito, es ilícito” concluyó la fiscal al valorar el testimonio de una funcionaria del Tribunas de Cuentas de la provincia de Buenos Aires, quien sostuvo que el período 2016 fue auditado y no se detectaron ninguna irregularidad. La fiscal Huergo recordó que el dinero secuestrado "está depositado en una cuenta del Banco Provincia". Nadie reclamó por él.
“La denuncia anónima, como los cuadernos (del chofer Oscar) Centeno se fue corroborando dato por dato”, señaló Huergo quien lamentó la incapacidad del Estado “para resguardar a los testigos y pongo en primer lugar al Ministerio Público del que formo parte”, a modo de autocrítica.
En otro tramo del alegato, el fiscal Berlingeri resaltó que los sobres secuestrados tenían “remitente y destinatario”, lo que demuestra una parte del funcionamiento de la empresa criminal, los remitentes recaudaban y los destinatarios recibían el dinero.
Durante el trámite de la causa existieron sospechas que el destino final de la recaudación no era la Jefatura Departamental de La Plata. “Iba para arriba” dijo el comisario jubilado Hugo Mansilla durante la instrucción, pero cambió la versión en el juicio y los fiscales pidieron que lo investigue por presunto falso testimonio, que puede ser agravado, porque podría ser en perjuicio de los acusados.
En su primera declaración judicial Mansilla sostuvo que ese dinero era para el comisario Fernando Grasso, quien era el jefe de la Superintendencia policial de La Plata al momento del hallazgo del dinero. Los fiscales pidieron que se lo investigue a Grasso como posible integrante de la asociación ilícita.
Sobre el final del alegato el fiscal Berlingeri también reclamó que se investigue al policía Mauro Muto y se identifique al comisario y al jefe de calle de la seccional de Melchor Romero, sobre quienes hay sospechas de haber participado en el entramado criminal.
La única que recibió buenas noticias fue la ex policía María de la Ángeles Ramírez, ex secretaria del comisario Camerini. Llegó a juicio, en libertad, acusada de encubrimiento y asistida por el abogado Luis María Giordano. Los fiscales retiraron la acusación por entender que no existen pruebas de su participación en los delitos juzgados. Tras escuchar que fue absuelta, rompió en llanto y saludó con besos y abrazos a cada uno de sus ex compañeros de fuerza sentados en el banquillo de los acusados.
El debate está a cargo del Tribunal Oral Criminal III de La Plata que conforman los jueces Ernesto Domenech, Andrés Vitali y Santiago Paolini. La próxima audiencia será este jueves 28 de febrero, a las 9:00 horas, con los alegatos de las defensas.