Finalmente, tras los idas y vueltas, se cayó la última oportunidad para tratar la ley impositiva 2020 antes del cierre del año legislativo. El oficialista Frente de Todos no logró un acuerdo con la mayoría legislativa que ostenta Juntos por el Cambio en la Cámara Alta -con 26 de 46 senadores- y la sesión terminó por caerse por falta de quórum. El gobernador Axel Kicillof deberá esperar hasta el inicio de las sesiones ordinarias del próximo año para volver a impulsar la aprobación de la norma que prevé subas de los impuestos inmobiliarios.
Con el asueto dispuesto por el propio Gobierno provincial para el próximo lunes, quedó descartada la posibilidad de volver a sesionar ese mismo día y por ello la Provincia deberá regirse con la ley promulgada en 2019 por la gestión de María Eugenia Vidal.
El senador de Juntos por el Cambio, Agustín Máspoli, ya había adelantado que el bloque no acompañaría "ningún proyecto que incluya un incremento de 75% en los impuestos". El vicepresidente de la comisión de Presupuesto explicó entonces que el espacio tenía el compromiso de brindarle todas las herramientas necesarias al Gobernador y para ello se sumaron varias modificaciones, pero reclamaron más precisiones del oficialismo.
El oficialismo tenía previsto aprobar la medida el pasado jueves, pero el bloque de Juntos por el Cambio se negó a darle tratamiento, aun cuando Vidal había pedido hacerlo y acompañar los amentos. Este viernes el oficialismo y la oposición discutían un tope a las subas previstas en los impuestos del Inmobiliario Urbano y Rural, pero las negociaciones no llegaron a buen puerto y la sesión se cayó.
El Gobierno bonaerense criticó duramente la decisión de la oposición y detalló que el proyecto busca darle "mayor progresividad a la estructura tributaria para evitar que el esfuerzo recaiga sobre los sectores más vulnerables, que son los principales afectados por la actual crisis que atraviesan el país y la provincia".
La iniciativa plantea un alza promedio de 54,6% en los tributos, teniendo en cuenta la inflación del año estimada por consultoras privadas. Aunque las alzas pueden llegar al 75%, en el caso de aquellas superficies más grandes y de mayor valor fiscal.
Esa "mayor progresividad" se tradujo en distintas alicuotas para las propiedades que pagan el impuesto inmobiliario rural, el urbano y el urbano baldío. Las tres variantes de este impuesto patrimonial parten de aumentos del 15% para las propiedades de menor valuación fiscal y llegan al 75% (rural y urbano) e incluso a 90% (baldío) en el caso de las extensiones de tierra más grandes y de mayor valor.
