El futuro en libertad no está asegurado para la banda acusada de asociación ilícita y juego clandestino que operó en La Plata, Berisso y Ensenada y que generó una millonaria evasión a las arcas del Estado de la provincia de Buenos Aires. En las últimas horas la fiscal Virginia Bravo apeló una excarcelación y las eximiciones de prisiones con que fueron beneficiados la mayoría de los integrantes de la empresa criminal conjunta, confirmaron fuentes judiciales a 0221.com.ar.
Lucas David Aloro fue recuperó la libertad por una “caución juratoria, es decir, bajo promesa de portarse bien, no quebrantar la ley y presentarse a cada cita judicial entre otros requisitos. Con la misma promesa de buena conducta fueron eximidos de prisión los acusados Leonardo Néstor Octavio Gisande, Verónica Basualdo, Cora Belén Murúa Haunau, Martha Ester Alfaro, María Soledad Bellomo, Héctor Carlos Macías, Ricado Gabriel Sota, Oscar Alfredo Ledesma, Néstor Oscar Gottas, Romina Paola Rodríguez, Esteban Alberto García, Fabián Enrique Díaz, Diego Miguel García, Belli Liliana Escalante Montejo, Ricardo Fernández, María Florencia Domínguez, Juan Carlos Gatti, Gustavo Ariel Ayala, Jorge Canutti, Cora Paola Noemí Arias, Mario José Villarreal y Gabriel Andrés Español.
En su apelación la fiscal tuvo en cuenta que tras los allanamientos realizados en el año 2018 la banda siguió operando y puso como evidencias varias escuchas telefónicas en la que algunos de los mencionados seguían con la actividad ilegal.
Otro de los aspectos en los que se apoyó la titular de la causa es en la posible falta de “arraigo”, es decir, un domicilio fijo donde poder ubicarlos, ya que los acusados dieron direcciones distintas en al menos dos instancias en que fueron citados a sede judicial.
En resumen, que los acusados siguieran con la actividad ilegal luego de la imputación, sumado a la presunta falta de afincamiento en la región indica para la fiscal que “ninguna duda puede caber en este punto respecto de la posibilidad de entorpecimiento de la investigación”.
Para el juez de Garantías Agustín Crispo estos acusados pueden transitar el proceso en libertad, pero la fiscal considera que existen indicios que puedan hacer naufragar la investigación y por ello es que pide su encierro, para asegurar los fines del proceso penal y llegar a un juicio oral sin riesgos procesales.
Este contrapunto deberá ser resuelto por la Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata donde fue girado el expediente para su análisis.
PRÓFUGO
En tanto otro de los acusados en este expediente es el ex candidato a Vicepresidente de Gimnasia y Esgrima La Plata, “Alejo” Colombo, evade a la justicia desde hace una semana a la espera de la resolución de los planteos realizados por su defensor Oscar Salas.
La carátula del expediente dice “asociación ilícita, explotación de juegos de azar sin autorización y defraudación a la administración pública”, delitos concursados que hacen elevar la pena a montos que, en principio, no permitirían transitar el proceso en libertad.
FRAUDE
El delito de explotación de juegos de azar sin autorización lleva implícito que los estados provincial y nacional dejen de percibir tributos por ese rubro. Se sospecha que la evasión es varias veces millonaria. Este punto fue resaltado por la fiscal Bravo, quien sostuvo en su apelación que “la actividad ilícita que desarrollaran - entre otros - los nombrados - lo es en detrimento del destino social de las utilidades producto de las apuestas de juegos de azar”.
Como ejemplo del perjuicio social cabe mencionar que uno de los destinos determinados de esos fondos es para la Dirección General de Escuelas y son utilizados para el mantenimiento de edificios de escuelas públicas.
En otro pasaje del documento judicial la fiscal recalcó que “cuando el Estado reglamenta los juegos de azar lo hace en aras de determinadas valoraciones sociales, ya que los ingresos provenientes de dicho ámbito permiten fomentar funciones de tal naturaleza”.
Esta situación de captura de recursos que deben ser destinados a fines sociales para una mejor calidad de servicios esenciales a la población puede resultar un obstáculo “para la imposición de una pena de ejecución condicional”.
