Comenzaron las pericias en una de las causas por espionaje ilegal en La Plata | 0221
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Comenzaron las pericias en una de las causas por espionaje ilegal en La Plata

La fiscal del caso y un perito de la Suprema Corte bonaerense comenzaron con la extracción de información almacenada en las computadoras secuestradas tras el allanamiento a la sede de Asuntos Internos del ministerio de Seguridad bonaerense.

Una de las causas de mayor gravedad institucional que se investigan en La Plata desde el regreso de la democracia hasta la actualidad profundizó la etapa de producción de pruebas con la extracción de los datos contenidos en los discos rígidos de las computadoras secuestradas durante el allanamiento a la sede de Asuntos Internos, el organismo perteneciente al ministerio de Seguridad bonaerense encargado de investigar a policías sospechados de corrupción, entre otros delitos.

En la sede de la fiscalía a cargo de Cecilia Corfield, un perito informático de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, concentró la extracción de información almacenada en las computadoras que utilizaban el titular de Asuntos Internos, Guillermo Berra, la funcionaria María Rosario Sardiña y otros agentes estatales de la repartición.

Berra y Sardiña, asistidos por el abogado Marcelo Peña, están en el ojo de la tormenta por la denuncia realizada por el ex comisario Néstor Martín, quien planteó un “plan sistemático de persecución y hostigamiento respecto de diversos funcionarios policiales que ejercieron altos cargos durante la administración del gobierno anterior”.

En otro pasaje del documento judicial al que accedió 0221.com.ar el denunciante señala que el funcionario Berra “creó una estructura administrativa como lo es la Auditoría Patrimonial, con el objeto de aparentar ante la Gobernadora María Eugenia Vidal una gestión eficiente en relación a las políticas de transparencia en la función pública que la Gobernadora pretendía imponer en su administración”.

Al frente del área de Auditoria Patrimonial nombró “a su pareja, la Dra. María Rosario Sardiña, asegurándose así de forma totalmente espuria el manejo y resultado de la primera etapa del proceso administrativo”.

El pasado 22 de octubre la fiscal Corfield encabezó el allanamiento a la sede de Asuntos Internos ubicada en 51 entre 10 y 11. Allí se encontraron evidencias de presunto espionaje a la fiscal Silvina Langone y su familia. Esa situación generó una denuncia de la Asociación de Magistrados de La Plata que está en manos del fiscal Marcelo Romero quien ya comenzó con las medidas de investigación. El primero de los datos es que la fiscal espiada y su familia no tienen antecedentes conflictivos de ningún tipo tal como aseguró en su declaración testimonial.

No es la primera vez que se detectan síntomas de espionaje ilegal en el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Ya ocurrió durante la gobernación de Eduardo Duhalde. El entonces fiscal Carlos Argüero allanó en La Plata el estudio jurídico del ex comisario y abogado Luis Vicat. Durante la redada se encontraron elementos probatorios de espionaje y escuchas ilegales en perjuicio de varios magistrados del fuero federal y penal local, entre otros. Pero esa causa fue declarada nula. El Colegio de Abogados de La Plata (donde estaba matriculado Vicat) no había sido notificado con anterioridad del allanamiento realizado en la oficina que el acusado tenía en calle 43 al 1681 de La Plata.

Comenzaron las pericias en una de las causas por espionaje ilegal en La Plata
Gravedad institucional

Comenzaron las pericias en una de las causas por espionaje ilegal en La Plata

La fiscal del caso y un perito de la Suprema Corte bonaerense comenzaron con la extracción de información almacenada en las computadoras secuestradas tras el allanamiento a la sede de Asuntos Internos del ministerio de Seguridad bonaerense.

13 de noviembre de 2019

Una de las causas de mayor gravedad institucional que se investigan en La Plata desde el regreso de la democracia hasta la actualidad profundizó la etapa de producción de pruebas con la extracción de los datos contenidos en los discos rígidos de las computadoras secuestradas durante el allanamiento a la sede de Asuntos Internos, el organismo perteneciente al ministerio de Seguridad bonaerense encargado de investigar a policías sospechados de corrupción, entre otros delitos.

En la sede de la fiscalía a cargo de Cecilia Corfield, un perito informático de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, concentró la extracción de información almacenada en las computadoras que utilizaban el titular de Asuntos Internos, Guillermo Berra, la funcionaria María Rosario Sardiña y otros agentes estatales de la repartición.

Berra y Sardiña, asistidos por el abogado Marcelo Peña, están en el ojo de la tormenta por la denuncia realizada por el ex comisario Néstor Martín, quien planteó un “plan sistemático de persecución y hostigamiento respecto de diversos funcionarios policiales que ejercieron altos cargos durante la administración del gobierno anterior”.

En otro pasaje del documento judicial al que accedió 0221.com.ar el denunciante señala que el funcionario Berra “creó una estructura administrativa como lo es la Auditoría Patrimonial, con el objeto de aparentar ante la Gobernadora María Eugenia Vidal una gestión eficiente en relación a las políticas de transparencia en la función pública que la Gobernadora pretendía imponer en su administración”.

Al frente del área de Auditoria Patrimonial nombró “a su pareja, la Dra. María Rosario Sardiña, asegurándose así de forma totalmente espuria el manejo y resultado de la primera etapa del proceso administrativo”.

El pasado 22 de octubre la fiscal Corfield encabezó el allanamiento a la sede de Asuntos Internos ubicada en 51 entre 10 y 11. Allí se encontraron evidencias de presunto espionaje a la fiscal Silvina Langone y su familia. Esa situación generó una denuncia de la Asociación de Magistrados de La Plata que está en manos del fiscal Marcelo Romero quien ya comenzó con las medidas de investigación. El primero de los datos es que la fiscal espiada y su familia no tienen antecedentes conflictivos de ningún tipo tal como aseguró en su declaración testimonial.

No es la primera vez que se detectan síntomas de espionaje ilegal en el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Ya ocurrió durante la gobernación de Eduardo Duhalde. El entonces fiscal Carlos Argüero allanó en La Plata el estudio jurídico del ex comisario y abogado Luis Vicat. Durante la redada se encontraron elementos probatorios de espionaje y escuchas ilegales en perjuicio de varios magistrados del fuero federal y penal local, entre otros. Pero esa causa fue declarada nula. El Colegio de Abogados de La Plata (donde estaba matriculado Vicat) no había sido notificado con anterioridad del allanamiento realizado en la oficina que el acusado tenía en calle 43 al 1681 de La Plata.

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La fiscal del caso y un perito de la Suprema Corte bonaerense comenzaron con la extracción de información almacenada en las computadoras secuestradas tras el allanamiento a la sede de Asuntos Internos del ministerio de Seguridad bonaerense.