jueves 28 de marzo de 2024

Espionaje a magistrados en La Plata: qué dice la denuncia que inició la causa

Tras el allanamiento a la sede de Asuntos Internos de la policía bonaerense aparecieron evidencias que corroboran la denuncia de un ex comisario denunciado por enriquecimiento. En una batalla de acusaciones, toma cuerpo la posibilidad de espionaje ilegal del gobierno bonaerense a fiscales y jueces de La Plata y a sus familiares.

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La denuncia penal realizada por un comisario retirado en los tribunales de La Plata promete abrir una caja de Pandora cuyos daños colaterales pueden generar turbulencias de magnitud en el gobierno de la provincia de Buenos Aires que encabeza María Eugenia Vidal y que pone en la mira al ministro de Seguridad Cristian Ritondo y al titular de Asuntos Internos (AI) de la policía bonaerense, Guillermo Berra.

Tal como este marte informó 0221.com.ar la fiscal Cecilia Corfield junto a personal judicial allanó AI en el marco de una causa abierta tras la denuncia del ex comisario Néstor Omar Martín. En el escrito que dio paso al inicio de la causa, el denunciante asegura que Berra dispuso la realización de tareas de inteligencia sin previa autorización judicial”, según consta en el expediente al que accedió este medio.

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En la misma presentación judicial Martín sostiene que desde la jefatura de Asuntos Internos existe un “plan sistemático de persecución y hostigamiento por parte del Auditor General de Asuntos Internos de la Policia Bonaerense Dr. Guillermo Berra y la Auditora Sumarial de la Auditoría Patrimonial Dra. María Rosario Sardiña respecto de diversos funcionarios policiales que ejercieron altos cargos durante la administración del gobierno anterior, dentro de los que me encuentro”.

En otro pasaje del documento judicial el denunciante señala que el funcionario Berra “creó una estructura administrativa como lo es la Auditoría Patrimonial, con el objeto de aparentar ante la Gobernadora María Eugenia Vidal una gestión eficiente en relación a las políticas de transparencia en la función pública que la Gobernadora pretendía imponer en su administración”.

Al frente del área de Auditoria Patrimonial nombró “a su pareja, la Dra. María Rosario Sardiña, asegurándose así de forma totalmente espuria el manejo y resultado de la primera etapa del proceso administrativo”.

Cuando el comisario general Martín fue denunciado penalmente por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos, desde usinas gubernamentales propalaron la versión que el funcionario policial había sido exonerado, pero esa versión, según la denuncia, es falsa ya que su baja de la fuerza con todos los beneficios sociales fue aceptada el 1 de noviembre de 2016.

El comisario retirado, además, sostuvo en la denuncia que el funcionario Berra “ha extendido la investigación administrativa como así las tareas de inteligencia encubiertas respecto de mis familiares que no revisten ni han revestido jamás estado policial”.

El ex funcionario policial, que cuenta con el patrocinio letrado del abogado Fabián Améndola, basa su versión que existe una “persecución personal” en “la forma irregular en que se maneja el expediente administrativo” en el que se evidencian “la denegatoria de la prueba de descargo por parte de la Auditora Sumarial Sardiña”, como se dijo, pareja de Berra.

Martín es investigado por un presunto crecimiento patrimonial injustificado. En su descargo solicita la realización de una pericia contable, pero esa medida de prueba le fue denegada sistemáticamente. “Mi evolución patrimonial se encuentra legalmente acreditada a través de los informes contables que he incorporado a ese proceso administrativo y a otros en los que he sido requerido, como también por el resultado de la fiscalización de la A.F.I.P”, asegura el denunciante investigado.

Para poner en contexto esta historia hay que recordar que en el año 2016 Martín fue denunciado en sede penal. Notificada de la investigación judicial que lo tiene en el centro de la escena, planteó la contradenuncia que derivó en el allanamiento en Asuntos Internos. En ese procedimiento la fiscal Corfield encontró evidencias de espionaje a magistrados de La Plata. En la lista figura la fiscal de juicio Silvina Langone, quien su la que logró la condena en uno de los juicios por la triple fuga de presos en el penal de General Alvear que generó el primero de los picos de máximo tensión en la gestión de Cambiemos en los ámbitos nacional y provincial.

También fue espiado el esposo de la funcionaria. Se trata del abogado Tulio Marchetto, quien se desempeña como defensor ciudadano adjunto en La Plata.

En este escándalo ya tomó intervención el Colegio de Magistrados de La Plata, presidido por el juez de Casación, Víctor Violini, quien analiza junto al consejo directivo de la entidad los pasos a seguir.

No es la primera vez que se detectan síntomas de espionaje ilegal en el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Ya ocurrió durante la gobernación de Eduardo Duhalde. El entonces fiscal Carlos Argüero allanó en La Plata el estudio jurídico del ex comisario Luis Vicat y descubrió elementos probatorios de espionaje y escuchas ilegales en perjuicio de varios magistrados del fuero federal y penal local, entre otros. Pero esa causa fue declarada nula. El Colegio de Abogados de La Plata no había sido notificado con anterioridad del allanamiento realizado en la oficina que el acusado tenía en calle 43 al 1681 de La Plata.

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