Cinco ex policías que cumplían funciones en la Comisaría 12 de La Plata situada en la localidad de Villa Elisa tienen un pedido de juicio oral solicitado por la fiscal Virginia Bravo quien los procesó por varios delitos, según confirmaron fuentes judiciales a 0221.com.ar.
Se trata de los ex numerarios Fernando Pardo, Facundo Rodríguez, José Sosa, Rolando Morales y Jorge Porsella acusados de “privación ilegal de la libertad agravada, abuso de autoridad, incumplimiento del deber de promover la persecución penal, falsedad ideológica de instrumento público, allanamiento ilegal, hurto agravado por ser cometido por miembros de la Fuerza Policial y tentativa de extorsión” según se desprende de la causa judicial.
El homicidio de Pedro Pablo Mieres conmociona a La Plata. Si bien la Justicia investiga un posible robo, no se descartan otras hipótesis.
Hasta su detención Pardo cumplió en funciones en la comisaría de Punta Lara; Rodríguez, en la subcomisaría de Hernández; y Sosa en el servicio de patrullas de la seccional de Villa Elisa. En tanto Morales era numerario de la Séptima de Lanús. Porsella ya estaba apartado de la fuerza y tiene domicilio en Puerto Madero.
EL ARMADO
La empresa criminal tuvo su génesis en un falso allanamiento que se ejecutó en una finca ubicada en calle 423 entre 12 y Arroyo Carnaval.
Según consta en el expediente, los agentes ingresaron a una propiedad privada sin orden judicial alguna que los avalara, redujeron a tres personas (una de ellas acusada de comercializar estupefacientes) y las amenazaron "con el fin de que incriminaran a una persona apodada 'Quechula'".
Los hechos de protección a delincuentes habrían ocurrido los días 21 y 22 de octubre del año 2017 en jurisdicción de la seccional de Villa Elisa. Por estos acontecimientos fueron separados de la fuerza Cristian Demarco y Osvaldo “Chucky” Gómez, éste último denunciado en otra causa por amenazar a un vendedor de autos
Una vez en la comisaría, se sospecha que los efectivos policiales confeccionaron un acta de procedimiento falsa en la que se indicaba que las personas fueron detenidas por vender estupefacientes. En la causa no sólo se les imputa la adulteración del documento sino que también se les atribuye el robo de mil pesos de la propiedad allanada, el pedido de soborno para beneficiar a los arrestados y la "plantación" de evidencia falsa para incriminarlos. Todo el manual de armado de causas a “La Bonaerense”.
El método operativo no es desconocido para los que transitan los pasillos judiciales y policiales. Una rápida lectura del expediente genera escalofríos al tomar magnitud de la impunidad con lo que actuaron durante sus horas de éxito con el delito ejecutado con el uniforme oficial y el arma reglamentaria, elementos que el Estado (es decir la sociedad) les brinda para que cuiden a los ciudadanos.
La maquinaria del delito estaba calibrada hasta el mínimo detalle para sumar cuantiosas sumas de dinero ilegal.
En la investigación se mencionan pedidos de coimas que llegan hasta los 60 mil pesos (a la fecha de los hechos el dólar cotizaba a $19 por unidad) para liberar a los detenidos de manera ilegal en procedimiento irregulares. Todo sin orden judicial con el agravante que los efectivos sembraban evidencias (generalmente drogas y a veces armas) para armar causas que nunca llegaban a los despachos de los fiscales en turno.
Los efectivos allanaban las viviendas en base a la simulación del olfato policial, alegaban que se topaban en la calle con un “pasamanos” y actuaban a espaldas de la ley. Otro de los casos juzgados es un procedimiento irregular realizado en la localidad de Arturo Segui donde detuvieron a un joven acusado de vender drogas. Como testigo del procedimiento participó una vecina que, se sospecha, es quien vende la droga en ese barrio.
Su madre denunció el hecho ante la fiscal Bravo y esa acusación dio origen a la causa que ya tiene pedido de juicio oral que será analizado por el titular del juzgado de Garantías 6 de La Plata, Agustín Carlos Crispo, quien deberá resolver si existen elementos para que los acusados sean juzgados en audiencias públicas.