En el marco de una causa iniciada en octubre de 2017, la fiscal Virginia Bravo solicitó la detención de cinco efectivos de la comisaría Decimosegunda de Villa Elisa por haber llevado a cabo un allanamiento ilegal en una casa de 423 entre 12 y Arroyo Carnaval. Según consta en el expediente, los agentes ingresaron a la propiedad por la fuerza, sin una orden judicial que los avalara, redujeron a tres personas (una de ellas acusada de comercializar estupefacientes) y las amenazaron "con el fin de que incriminaran a una persona apodada 'Quechula'".
En este sentido, los voceros aseguraron que quedó comprobado que los oficiales sacaron de la casa a los tres hombres y que, luego de pasada una hora, los policías liberaron al vendedor de drogas sin levantar cargos contra su persona. Posteriormente, los uniformados solicitaron la participación de un testigo al que le dijeron que habían detenido a tres sujetos pero que uno de ellos se había escapado.
Una vez en la comisaría, los agentes confeccionaron un acta de procedimiento falsa en la que se indicaba que las personas habían sido detenidas por estar comercializando estupefacientes. En la causa no sólo se les imputa la adulteración del documento sino que también se les atribuye el robo de mil pesos de la casa allanada, el pedido de soborno para beneficiar a los arrestados y la "plantación" de evidencia falsa para incriminarlos.
Tras intensas investigaciones que posibilitaron la comprobación de los delitos, las autoridades competentes lograron detener a tres de los cinco efectivos involucrados y desafectarlos de la Fuerza. Entre otros, se les imputan los delitos de abuso de autoridad, privación ilegítima de la libertad agravada, hurto agravado por ser cometido por miembros de la fuerza policial y tentativa de extorsión.
