Dura presentación de las asambleas de inundados contra 34 desarrollos urbanos
0221
0221

Dura presentación de las asambleas de inundados contra 34 desarrollos urbanos

Le pidieron a la defensora ciudadana que proteja los derechos de los vecinos y anule dos ordenanzas que, según denuncian, ponen a la población en riesgo de “futuros desastres” por inundación. Son autorizaciones para construir barrios en zonas no habilitadas por el Código de Ordenamiento Urbano y Territorial (COUT).

Las asambleas de inundados de La Plata, integradas por los vecinos afectados el 2 y 3 de abril de 2013, le pidieron a la Defensoría Ciudadana María Florencia Barcia que arbitre todas las medidas que requiera defender los “derechos colectivos vulnerados” por la sanción por parte del Concejo Deliberante, en la última sesión del año, de las dos polémicas ordenanzas a través de las cuales se otorgan indicadores urbanos a zonas del distritos que no estaban zonificadas como residenciales para que allí avancen 34 desarrollos inmobiliarios.

Le piden concretamente que se defiendan sus derechos amparados por las normas ambientales, que se pida la nulidad de las ordenanzas sancionadas hasta que se analicen en forma detallada el comportamiento hidrológico de las cuencas involucradas frente a distintos escenarios de tormenta y se detallen claramente los impactos sobre la población actualmente establecida; y que se exija el cumplimiento de la ley 11964 que obliga a establecer franjas prohibidas, de restricción severa, de restricción parcial o de advertencia.

Para los asambleístas, las dos ordenanzas aprobadas el 26 de diciembre y publicadas  en el Boletín Oficial municipal con los números 11.763 y 11.764, implicaron una modificación al Código de Ordenamiento Urbano y Territorial (COUT) para dar lugar a un negocio inmobiliario “que en conjunto suman más de 200 hectáreas en unos 1.800 lotes”. En uno de los casos indican que después de ese trámite la zona aumentó su valuación “en unos tres millones de dólares”.

La primera de ellas permitirá, a partir de la ratificación de varios decretos del ex intendente Pablo Bruera, la asignación de indicadores urbanísticos de zonas residenciales a sectores considerados ahora de “reserva de crecimiento urbano”. Eso habilitará el desarrollo de 33 emprendimientos inmobiliarios en unas 180 hectáreas

La segunda ordenanza aplica el mismo mecanismo pero ratifica un decreto del actual jefe comunal, Julio Garro, para un único emprendimiento, el denominado “La Clementina 2”, ubicada en unas 27 hectáreas de la zona de El Rincón en City Bell.

La preocupación de las asambleas, que había sido expresada en las reuniones de comisión del Concejo, se centra en que los emprendimientos se ubican de manera “absolutamente inconexa y dispersa dentro de las zonas llamadas ‘reserva de crecimiento urbano’”. Para las asambleas, eso quiere decir que se propicia “por goteo” y con carácter excepcional la ocupación de espacios “que sólo podrían habilitarse para futuro crecimiento una vez que hubiera un completa Plan Director de Ampliación Urbana, cosa que aquí no ocurre en lo absoluto”.

Y remarcan que ese plan debiera determinar las distintas franjas de riesgo hídrico que ordena establecer la ley provincial de uso de suelo (11.964) para un crecimiento armonizado con las “zonas de protección de arroyos y bañados”.

En su presentación, las asambleas niegan el argumento central de la primera de las ordenanzas: que se regularizan actuaciones de la gestión anterior, las cuales contaban con aprobaciones parciales que generaron “derechos adquiridos”. “Lo cierto es que casi todos ellos merecieron en su momento la sanción de decretos nulos de nulidad absoluta ya que el proceder adoptado (basado en el artículo 267º incisos d y e del COUT) habían sido expresamente objetados” por el gobierno bonaerense.  

Entonces consideran que “así como fue irregular la sanción de esos decretos, también se transgredieron distintas normas que ahora se quieren regularizar”. Remarcan que “el 70% de la superficie de los futuros barrios (los cuales en 90% actualmente se encuentran baldíos) invade o está adyacente a la citada zona de restricción en plena zona de riesgo según la cartografía del Centro de Investigaciones de Suelo y Aguas de Uso Agropecuario de la UNLP”.

En los 33 emprendimientos de la primera ordenanza se "transgrede directamente" la zona de restricción y en el segundo, el de la “Clementina 2”, están en la planicie de inundación “sin que conste en los expedientes que se esté requiriendo el cumplimiento de ninguna medida de mitigación por los impactos que generarán los excedentes pluviales que toda nueva urbanización provoca”.

En definitiva, y por eso reclaman la intervención de la Defensoría Ciudadana, considera que se “avanza en una forma de ocupación del suelo que acentúa la vulnerabilidad social frente a las inundaciones”. Recuerdan como antecedente que respalda esa afirmación una explicación oficial de la facultad de Ingeniería de la UNLP respecto de la tragedia del 2 de abril: “Colocó como uno de los motivos al deficiente patrón de crecimiento urbano que se había seguido desde hace mucho tiempo”.

“Estas ordenanza solo lo agravan”, dicen los asambleístas y esquivan los eufemismos: “Se están engendrando las condiciones para nuevos desastres futuros”. Y apelan al mapa: el grueso de los emprendimientos están ubicados en la cuenca de los arroyos Rodríguez, Don Carlos y Carnaval, zonas ya impactadas trágicamente en 2008. “Allí se viene generando un festival de urbanizaciones (no solo las que se acaban de aprobar) que en algunos casos se apropian del cauce del arroyo Rodríguez (Barrio El Cauce)”, dicen.

Finalmente, aunque rescatan como positivo el convenio que la Municipalidad firmó a último momento con la UNLP para la formulación de un Plan de Reducción del Riesgo, consideran que “los análisis de ese peligro hídrico deben hacerse antes y no después de las aprobaciones”.

 

 

Le pidieron a la defensora ciudadana que proteja los derechos de los vecinos y anule dos ordenanzas que, según denuncian, ponen a la población en riesgo de “futuros desastres” por inundación. Son autorizaciones para construir barrios en zonas no habilitadas por el Código de Ordenamiento Urbano y Territorial (COUT).

08 de enero de 2019

Las asambleas de inundados de La Plata, integradas por los vecinos afectados el 2 y 3 de abril de 2013, le pidieron a la Defensoría Ciudadana María Florencia Barcia que arbitre todas las medidas que requiera defender los “derechos colectivos vulnerados” por la sanción por parte del Concejo Deliberante, en la última sesión del año, de las dos polémicas ordenanzas a través de las cuales se otorgan indicadores urbanos a zonas del distritos que no estaban zonificadas como residenciales para que allí avancen 34 desarrollos inmobiliarios.

Le piden concretamente que se defiendan sus derechos amparados por las normas ambientales, que se pida la nulidad de las ordenanzas sancionadas hasta que se analicen en forma detallada el comportamiento hidrológico de las cuencas involucradas frente a distintos escenarios de tormenta y se detallen claramente los impactos sobre la población actualmente establecida; y que se exija el cumplimiento de la ley 11964 que obliga a establecer franjas prohibidas, de restricción severa, de restricción parcial o de advertencia.

Para los asambleístas, las dos ordenanzas aprobadas el 26 de diciembre y publicadas  en el Boletín Oficial municipal con los números 11.763 y 11.764, implicaron una modificación al Código de Ordenamiento Urbano y Territorial (COUT) para dar lugar a un negocio inmobiliario “que en conjunto suman más de 200 hectáreas en unos 1.800 lotes”. En uno de los casos indican que después de ese trámite la zona aumentó su valuación “en unos tres millones de dólares”.

La primera de ellas permitirá, a partir de la ratificación de varios decretos del ex intendente Pablo Bruera, la asignación de indicadores urbanísticos de zonas residenciales a sectores considerados ahora de “reserva de crecimiento urbano”. Eso habilitará el desarrollo de 33 emprendimientos inmobiliarios en unas 180 hectáreas

La segunda ordenanza aplica el mismo mecanismo pero ratifica un decreto del actual jefe comunal, Julio Garro, para un único emprendimiento, el denominado “La Clementina 2”, ubicada en unas 27 hectáreas de la zona de El Rincón en City Bell.

La preocupación de las asambleas, que había sido expresada en las reuniones de comisión del Concejo, se centra en que los emprendimientos se ubican de manera “absolutamente inconexa y dispersa dentro de las zonas llamadas ‘reserva de crecimiento urbano’”. Para las asambleas, eso quiere decir que se propicia “por goteo” y con carácter excepcional la ocupación de espacios “que sólo podrían habilitarse para futuro crecimiento una vez que hubiera un completa Plan Director de Ampliación Urbana, cosa que aquí no ocurre en lo absoluto”.

Y remarcan que ese plan debiera determinar las distintas franjas de riesgo hídrico que ordena establecer la ley provincial de uso de suelo (11.964) para un crecimiento armonizado con las “zonas de protección de arroyos y bañados”.

En su presentación, las asambleas niegan el argumento central de la primera de las ordenanzas: que se regularizan actuaciones de la gestión anterior, las cuales contaban con aprobaciones parciales que generaron “derechos adquiridos”. “Lo cierto es que casi todos ellos merecieron en su momento la sanción de decretos nulos de nulidad absoluta ya que el proceder adoptado (basado en el artículo 267º incisos d y e del COUT) habían sido expresamente objetados” por el gobierno bonaerense.  

Entonces consideran que “así como fue irregular la sanción de esos decretos, también se transgredieron distintas normas que ahora se quieren regularizar”. Remarcan que “el 70% de la superficie de los futuros barrios (los cuales en 90% actualmente se encuentran baldíos) invade o está adyacente a la citada zona de restricción en plena zona de riesgo según la cartografía del Centro de Investigaciones de Suelo y Aguas de Uso Agropecuario de la UNLP”.

En los 33 emprendimientos de la primera ordenanza se "transgrede directamente" la zona de restricción y en el segundo, el de la “Clementina 2”, están en la planicie de inundación “sin que conste en los expedientes que se esté requiriendo el cumplimiento de ninguna medida de mitigación por los impactos que generarán los excedentes pluviales que toda nueva urbanización provoca”.

En definitiva, y por eso reclaman la intervención de la Defensoría Ciudadana, considera que se “avanza en una forma de ocupación del suelo que acentúa la vulnerabilidad social frente a las inundaciones”. Recuerdan como antecedente que respalda esa afirmación una explicación oficial de la facultad de Ingeniería de la UNLP respecto de la tragedia del 2 de abril: “Colocó como uno de los motivos al deficiente patrón de crecimiento urbano que se había seguido desde hace mucho tiempo”.

“Estas ordenanza solo lo agravan”, dicen los asambleístas y esquivan los eufemismos: “Se están engendrando las condiciones para nuevos desastres futuros”. Y apelan al mapa: el grueso de los emprendimientos están ubicados en la cuenca de los arroyos Rodríguez, Don Carlos y Carnaval, zonas ya impactadas trágicamente en 2008. “Allí se viene generando un festival de urbanizaciones (no solo las que se acaban de aprobar) que en algunos casos se apropian del cauce del arroyo Rodríguez (Barrio El Cauce)”, dicen.

Finalmente, aunque rescatan como positivo el convenio que la Municipalidad firmó a último momento con la UNLP para la formulación de un Plan de Reducción del Riesgo, consideran que “los análisis de ese peligro hídrico deben hacerse antes y no después de las aprobaciones”.

 

 

COMENTARIOS