El suspendido juez en lo Contencioso Administrativo de La Plata, Luis Federico Arias, cerró su extensa declaración ante el jurado de enjuiciamiento que tiene a su cargo le resolución del juicio político que debe enfrentar, acusado de 21 cargos, la mayoría de ellos, por temas burocráticos, según se desprende del dictamen oficial. En su defensa aclaró cómo actuó en la causa por la trágica inundación de la ciudad de La Plata en abril de 2013 y qué parámetros utiliza para dictar resoluciones para impedir desalojos ordenados en el fuero Penal. El lunes, será la hora del veredicto de las partes.
Se esperaba la declaración del juez. En la previa se especulaba con una exposición en duros términos hacia el actual gobierno provincial. Pese a que hubo críticas, fueron moderadas, pero también expresó elogios. “Todo cambio no puede realizarse de un día para el otro, esto cuesta en el tiempo”, expresó. “Debo reconocer que la Suprema Corte (bonaerense) ha superado todos los problemas en materia edilicia”, aseveró en relación a las instalaciones del Juzgado 1 del mencionado fuero que estuvo a su cargo hasta la suspensión y al que espera regresar.
Uno de los cuestionamientos centrales que enfrenta Arias es su actuación en el conteo de víctimas fatales por la inédita lluvia que inundó los cuatro puntos cardinales de La Plata en abril de 2013. En particular sus peleas con el fiscal Jorge Paolini y con el juez Guillermo Atencio, ambos del fuero Penal de La Plata.
Arias recordó que la Suprema Corte solucionó el problema de competencia: el fuero Penal debía investigar delitos (estrago, falta de obras, desvío de fondos en obras) y el Contencioso Administrativo encargarse de contabilizar las víctimas en el marco de un habeas data. Pero no solo lo expresó. Además leyó la resolución de la Corte. Uno de los firmantes fue el juez Eduardo Julio Pettiagiani, el mismo que preside el jurado de enjuiciamiento.
La única sentencia que hay por la tragedia la dictó el juez acusado. Fue dada a conocer el 24 de marzo de 2014, a menos de un año de la tragedia, mientras en el fuero Penal la mayoría de las causas se cerraron y los únicos procesados fueron los responsables provincial y municipal de Defensa Civil. Para el fiscal y para el juez, no hubo responsabilidades políticas en la tragedia. “La mayoría de las denuncias que hicimos contra funcionarios públicos y policías, fueron archivadas, algunas, inmediatamente”, recordó Arias.
También Arias enfrenta cargos por intentar suspender desalojos en tres localidades del Gran La Plata: Gorina, Abasto y San Carlos. Sostuvo que detrás de cada causa existen intereses inmobiliarios y políticos. Señaló al Grupo Randazzo de La Plata, a la inmobiliaria Estudio Mattioli, al juez Atencio y al exjuez de garantías, César Melazo, sobre quien recordó los festejos de cumpleaños a los que iban los encumbrados funcionarios bonaerenses de turno.
“Trato de tener en cuenta los factores culturales y sociales cuando decido”, fundamentó Arias ante la atenta mirada del Procurador General y jefe de los fiscales bonaerenses, Julio Marcelo Conte Grand, quien actúa como fiscal del jury. “Las leyes son políticas y las sancionan sujetos políticos, los jueces no podemos permanecer ajeno a ello”, expresó el letrado que destacó que en estos casos se trataba de personas humildes, familias vulnerables que querían acceder a un lote para instalar sus viviendas o realizar un emprendimientos productivos.
“Algunos ven los palos y otros vemos personas”, sentenció Arias sobre el final de su alegato, en lo que fue una respuesta por elevación a la fiscal Betina Lacki, quien declaró como testigo en el juicio. La funcionaria recordó que durante el desalojo de tierras en la localidad de Abasto, vio llegar al juez acompañado de personas con los rostros cubiertos y palos en las manos.
Los alegatos de las partes se realizarán este lunes 13 de agosto a las 15 horas, en la sede del edificio Anexo del Senado bonaerense.
