Por Martín Soler
martes 21 de abril de 2026
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Por Martín Soler
“Soy un juez que va hasta las últimas consecuencias”, así de contundente fue la postura del juez en lo Contencioso Administrativo de La Plata, Luis Federico Arias, quien es sometido a un juicio político, acusado de 21 cargos. La frase fue dicha por el magistrado durante el intento de impedir el desalojo de un asentamiento de la localidad de Gorina, lindero a un barrio privado, donde vive uno de sus colegas que pidió el desalojo. Ese episodio, fue uno de los momentos salientes de la primera audiencia de debate.
La alumna tiene 13 años y quedó en el centro de una de las investigaciones por las amenazas de tiroteo que encienden alarmas en toda la región.
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Arias es defendido por los abogados Marcelo Ponce Núñez y Analía Elíades. Frente a ellos, del lado de la acusación, se encuentra el Procurador General bonaerense, Julio Marcelo Conte Grand quien sostiene los cargos.
Arias es sin duda el magistrado que más dolores de cabeza ocasionó al gobierno de María Eugenia Vidal: dictaminó en contra de los tarifazos, consideró inconstitucional la municipalización de los comedores escolares e hizo lugar a una serie de presentaciones de los gremios en medio del conflicto docente, entre otras cuestiones.
La fiscal Betina Lacki, titular de la Unidad Fiscal de Investigación y Juicio 2 de La Plata, fue la que abrió la grilla de testigos. Lo hizo en el marco de una denuncia realizado por el juez de Garantías platense, Pablo Raele, quien lo acusa de dictar una medida cautelar para frenar una desalojo de tierras en la localidad de Abasto.
En su calidad de testigo, la letrada dio detalles de todo lo actuado en el marco de la causa penal que derivó en el desalojo de las personas que pugnaban por una parcela de tierra. La orden de desalojo se ejecutó luego de haber sido confirmada por la Sala IV de la Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata.
El proceso de desalojo se consumó en mayo de 2015. La fiscal contó que lo vio llegar al juez Arias “acompañado de personas con las caras tapadas” y aclaró que se trataba de “gente con palos en una situación belicosa”.
Lacki es la fiscal que se encuentra investigando a una megabanda de policías y ladrones que actuaba en La Plata con presunta connivencia o ampara judicial para procurar la impunidad. Su relato fue seguido atentamente por el titular del jurado de enjuiciamiento, el presidente de la Suprema Corte, Julio Pettigiani, quien en todo momento asintió ante los dichos de la funcionaria judicial.
Tras su relato, se retiró de la sala de audiencias y fue afectuosamente saludada por Conte Grand. Quienes conocen al funcionario, aseguran que ese cálido saludo es una demostración de apoyo a la funcionaria que tiene a su cargo uno de los expedientes más calientes de la historia criminal de La Plata que se encuentra cruzado por nombres de magistrados y políticos en la picota judicial.
Luego declararon dos policías en el contexto de la denuncia por haber dictado una medida cautelar para impedir otro desalojo, esta vez, en la localidad de Gorina, que había sido dispuesto por el exjuez de Garantías César Melazo a pedido del exfiscal Fernando Cartasegna.
Tanto Melazo como Cartasegna renunciaron ante el avance de los juicios políticos en su contra. Con esa jugada evitaron perder los derechos jubilatorios. Cartasegna es investigado en distintas causas penales por varios delitos. Melazo es uno de los exmagistrados que aparecen en las escuchas telefónicas de la megabanda criminal que investiga la fiscal Lacki.
En sus testimonios, los policías Luis Alberto Neiver (ya jubilado) y Gabriel Herrera, confirmaron que Arias intentó impedir el desalojo de un asentamiento en Gorina, frente al barrio privado Grand Bell, donde conviven jueces, políticos y empresarios de comunicación.
A preguntas de la defensa, ambos policías no pudieron explicar por qué hicieron caso a la orden de un juez penal para que desalojen y desoyeron una de otro juez del mismo grado pero distinto fuero, que ordenaba frenar el desalojo.
El jurado está integrado por el senador Roberto Costa (Cambiemos), una de las espadas de la gobernadora Vidal en la cámara alta y en el Consejo de la Magistratura bonaerense. El otro oficialista que integra el jurado es el diputado Walter Carusso, también integrante del Consejo de la Magistratura provincial. La oposición está representada por los diputados Jorge D’Onofrio (Frente Renovador), Pablo Garate (Frente Renovador) y Santiago Révora (Unidad Ciudadana).
Los representantes de los abogados son Fabián Ramón Gonzalez (Morón); Diego Alejandro Molea (Lomas de Zamora); Osvaldo Enrique Pisani (San Isidro); Ambrosio Luis Bottarini (Pergamino) y José Alberto Apaz (San Martín).
Antes del inicio del juicio, Arias brindó una conferencia de prensa en la que expresó que ”las verdaderas razones del jury no están dichas". "Tienen que ver con las decisiones que tomé que no tengo dudas que molestaron a ciertos poderes fácticos”, agregó durante el encuentro realizado el 28 de junio pasado.
En ese sentido recordó que suspendió "el decreto de necesidad y urgencia de 2015, por el cual se creaba el Enacom". "También molestó mi actuación en las tarifas de servicios públicos en la provincia de Buenos Aires frente al monopolio de Rogelio Pagano y mi intervención en el conflicto docente que protagonizó la Gobernadora con los gremios", señaló.
Antes del inicio del juicio, el propio Arias se sumó a los trabajadores despedidos de la corresponsalía La Plata de la agencia Télam, quienes montaron una mesa en las escalinatas del edificio Anexo del Senado bonaerense para visibilizar el conflicto y denunciar nuevamente el vaciamiento de la única agencia federal de noticias del país. La actividad fue apoyada por decenas de periodistas de la región y dirigentes del Sindicato de Prensa Bonaerense (Siprebo).
Según la grilla previa, está previsto que el juicio político se extienda durante diez jornadas. La segunda audiencia comenzará este viernes a las 8.