En el “mientras tanto” hacia la posible legalización que se pelea voto a voto en el Senado, la Red facilita la realización de los abortos con las herramientas que le da el Código Penal actual y un fallo de la Corte Suprema del año 2012 donde se cita una guía de la Organización Mundial para la Salud (OMS) de “aborto sin riesgo”. Allí se abunda en una visión amplia del concepto de salud, entendido como el “bienestar físico, mental y social” de las mujeres. El uso de esas dos herramientas legales facilitó la intervención interdisciplinaria de los médicos, psicólogos y trabajadores sociales para encuadrar todas las situaciones que exponen las mujeres como “abortos no punible”. Por la tanto debieran -según su mirada- derivar en una ILE con asistencia del Estado en los hospitales. Eso implicaría la provisión del misoprostol cuando el aborto se hace por vía de medicamento o la infraestructura y el personal cuando se trata de un procedimiento quirúrgico.
Pero esa participación hospitalaria en general no se da y es materia de denuncia pública por parte de la Red en cada actividad que realiza. Los profesionales plantean que desde el cambio de autoridades del Programa de Salud Sexual y Reproductiva, tras la salida de la primera ministra de Salud de Vidal, Zulma Ortiz, los hospitales dejaron de recibir la medicación y vieron retaceado cualquier tipo de apoyo a los servicios en materia de insumos y personal.
Esa carencia quitó a las consejerías el acceso a una derivación ágil a los hospitales de los casos encuadrados como ILE. Ante esa situación, la salida que encontraron es el protocolo de “disminución de riesgos y daños” que no es otra cosa que la provisión de información para que las mujeres avancen con la interrupción del embarazo por su cuenta del modo más seguro posible, pero inevitablemente en la clandestinidad. En caso de sancionarse, la ley saldaría ese tipo de situaciones y obligaría al Ministerio de Salud a garantizar la provisión de todo lo necesario en los hospitales.
La jornada organizada por la Red de profesionales el viernes último frente al Ministerio de Salud
LA ESTRUCTURA
En la región las Red cuenta con presencia en los dos niveles de atención: primario y secundario. Es más fuerte en el primero, con las consejerías que funcionan desde 2014. Trabajan médicos generalistas, trabajadores sociales, licenciados obstetras (parteros) y psicólogos que son quienes reciben a las mujeres que llegan con la decisión de interrumpir su embarazo por distintas causas.
Una mirada sobre esa estructura en la Región muestra un desarrollo escaso en las salas sanitarias de La Plata donde -según plantean desde la Red- “hay muy poca política municipal de salud sexual”. Pero sí se registra un trabajo creciente en los hospitales José Ingenieros, Gutiérrez y Policlínico San Martín, promovidos fundamentalmente por trabajadores sociales. También en el Alejandro Korn de Melchor Romero, donde se está armando un equipo. En Ensenada tienen presencia tanto en centros de salud como en el Hospital. Y en Berisso solamente en los centros de salud.
La situación en el segundo nivel es más compleja por la posición objetora de los especialistas en ginecología y obstetricia ya detallada en profundidad en 0221.com.ar. El rol de esos profesionales es clave en caso de complicaciones en las resoluciones de los abortos. Pero los integrantes de la Red aseguran que la mayor parte de los casos se resuelven de manera ambulatoria y sin intervención concretar de los especialistas.
Los cierto es que en esa instancia los servicios y profesionales dispuestos son contados. El servicio de mayor referencia es el Hospital Cestino de Ensenada donde existen dos ginecólogos que, pese a ser minoría en un servicio con 12 profesionales, forman parte activa de la Red y cuentan con el respaldo de la dirección. También hay allí un equipo de atención primario con mayor actividad y organización. Es una comisión de la que participan hasta los médicos objetores de conciencia que pueden allí plantear sus dudas.
Hay otros en el Gutiérrez y en el San Roque de Gonnet, pero con menor margen de acción, en general porque son residentes. En tanto en Melchor Romero hay profesionales no objetores que también tienen sus límites porque la dirección del centro asistencial solo autoriza los abortos en casos judicializados.
Bruno Sade, psicólogo del Centro de Salud 44 de Berisso (Foto: AGLP)
CÓMO INTERVIENEN
En un caso común de los que se presentan en las consejerías, la mujer es entrevistada por dos profesionales, uno de los cuales será un médico generalista y el otro un psicólogo o trabajador social. El objetivo de esa primera conversación es detectar las causas que la llevan a requerir la interrupción del embarazo para encontrar en ella los argumentos que permitirán el encuadre legal basado en el Código Penal. En esa ley se considera abortos no punibles a aquellos derivados de una situación de violación (para los cuales es suficiente la declaración de la víctima) o de riesgo para la vida o la salud de la mujer. Para estos casos se requiere el informe médico que los profesionales elaboran en base al protocolo vigente por recomendación de la OMS que considera que el riesgo de salud debe entenderse dentro del concepto de “Salud Integral”, que incluye el aspecto físico, mental, emocional y social.
Esta etapa del trabajo es explicada por Bruno Sade, psicólogo del Centro de Salud 44 de Berisso e integrante de una de las consejerías que atiende mayor demanda en la región: funciona los jueves y tiene capacidad para recibir 12 casos por jornada. “En la primera entrevista arrancamos preguntando cómo llega a nosotros y una de las primeras preguntas es la reacción de ella al enterarse de que estaba embarazada. Esa información nos sirve para configurar el encuadre legal, para determinar qué causal utilizar en el informe que justificará la práctica por ILE con el respaldo de un hospital”.
En general, y por el concepto amplio de salud, para los profesionales de la Red cualquiera de esas razones son suficientes para elaborar el informe justificando el aborto. “Yo como psicólogo considero que el mero hecho de ser un embarazo no deseado pone en riesgo la salud, por el sufrimiento psíquico que implica atravesarlo”, dice Sade.
Desde el punto de vista de los trabajadores sociales aporta Julieta Relli, del hospital José Ingenieros: “Nosotros podemos dar cuenta de qué sería lo social”, dice y enumera razones: “No tienen para comer, están en situación de calle o sometidas a violencia de género, el embarazo no cuadra en su proyecto de vida por el estudio, ya tiene cinco hijos, tuvo uno hace poquito y este embarazo fue no planificado porque falló un método anticonceptivo, tienen trabajos en negro y un embarazo le puede significar perderlo”.
Julieta Relli, trabajadora social del Hospital José Ingenieros de La Plata
LA FALLA DEL SISTEMA
En un escenario que para la Red sería ideal, una vez que elaboran el informe el caso debiera encuadrarse como ILE para que lo tome un hospital, provea el método de interrupción adecuado a la edad gestacional y haga el seguimiento correspondiente a un aborto seguro. Pero la realidad no es esa y en la mayoría de los hospitales esa posibilidad está vedada –según plantean– tanto por la falta de apoyo del Ministerio como por las posiciones de los profesionales.
La consecuencia es que los integrantes de la Red empiezan a decidir los pasos en función de esa carencia. “Cuando enmarcamos una ILE buscamos el acceso efectivo, que algún hospital provea la medicación. Entonces depende del domicilio de la mujer el hospital que corresponda, y tenemos que ver si hay un acuerdo con ese hospital para conseguir las pastillas”.
Daverio, el ginecólogo del Cestino de Ensenada, lo explica desde el punto de vista de los hospitales. “Si bien nosotros tenemos un equipo medianamente completo para atender estos casos, lo hacemos de manera unilateral, no tenemos el respaldo ni el apoyo del Ministerio en cuanto a profesionales, insumos, medicamentos, ni una coordinación con los primeros niveles de atención, que sería fundamental”, dice.
Eso se traduce en lo concreto en una suma de barreras de acceso para las mujeres y una “informalidad” en la modalidad de trabajo de los agentes de salud. “Más allá de que esta Red que generamos tiene una organización interna, las derivaciones las terminamos haciendo informalmente los profesionales a través de nuestros celulares”, grafica el médico.
Según las cifras que recuerda, en el hospital de Ensenada se hicieron en 2015 unas 15 interrupciones de embarazo por ILE. Al año siguiente fueron 50; en el tercer año los 50 casos se cubrieron sólo en el primer semestre. Y en lo que va del corriente período ya se realizaron 80 intervenciones. “Todo eso pese a que ahora disminuyó un poco porque dejamos de recibir la medicación del Ministerio”, explica.
EL PROCEDIMIENTO
Cuando son embarazos que cursan el primer trimestres las opciones concretas de interrupción de los embarazos son dos: ambulatoria con medicamento, lo cual puede resolverse en el primer nivel atención y de modo ambulatorio. O quirúrgica, la cual debe realizarse en el segundo nivel de atención.
En caso de embarazo en el segundo trimestre la opción siempre debiera ser con los recursos de un segundo nivel de atención (en un hospital) y –sin profundizar las especificaciones técnicas– también pueden por vía medicamentosa o quirúrgica.
En cambio no está concebido el aborto legal para una gestante del tercer trimestre. Se considera que una interrupción del embarazo en ese momento, más que resolver problemas de salud en la mujer los generaría. De no mediar cuestiones de sobrevivencia de la mujer gestante, no hay discusión en la Medicina respecto de que ya hay, pasado ese tiempo, viabilidad de vida fetal extrauterina por lo que "no se trataría de un aborto sino de terminar con la vida de un recién nacido", según explica Daverio.
La acción de los equipos de profesionales no concluye con el procedimiento elegido sino que hay una serie de entrevistas posteriores con dos objetivos esenciales: por un lado ordenar una nueva ecografía para comprobar que no quedaron restos ováricos y por otro asesorar a la mujer respecto de los métodos anticonceptivos más convenientes según su situación. También es un espacio de escucha y contención, y de retroalimentación de información para detectar aspectos para mejorar la prestación del servicio. “Nos ha pasado que consiguiendo hospital que las atienda las mujeres después nos cuentan que fueron maltratadas por enfermeros u otros trabajadores de salud”, cuenta Sade. Esa información es vital para compartir en la Red de profesionales y elaborar un mapa de los servicios hospitalarios “amables”.
María José Tirao habla en la jornada organizada por la Red el viernes último frente al Ministerio de Salud
CLANDESTINIDAD ASUMIDA
Las etapas mencionadas anteriormente corresponden a un procedimiento encuadrado en la legalidad y llevado adelante con la seguridad que otorga el respaldo del Estado. Cuando ese sostén no está, como plantean los integrantes de la Red que suele ocurrir ahora porque los hospitales ni siquiera proveen el misoprostol, el camino que eligen es el de la asesoría para reducir los riesgos y daños que podrían derivar de un aborto realizado por las mujeres de manera ambulatoria sin el acompañamiento de algún hospital, en la clandestinidad. Los profesionales no ponen el cuerpo en el procedimiento pero están habilitados para informar sobre los métodos más adecuados de interrupción del embarazo y sobre las señales a las que la mujer deberá prestar atención en caso de que surjan complicaciones.
“Las consejerías, cuando no cuentan con respaldo del Estado, terminan haciendo disminución de daños y riesgos, que no es otra cosa que un sometimiento a la clandestinidad en la que les enseñamos a las mujeres a no morir tan fácilmente”, dice Daverio con resignación. “Estamos totalmente en contra de eso pese a que lo tenemos que hacer, porque si no la respuesta sería mucho peor, sería ‘no te puedo atender’”. La opción es entonces decirles: “Hay maneras de hacer esto dentro de la clandestinidad que no te aseguran la muerte, tenés posibilidades de sobrevivir”. Para el ginecólogo eso es “impresentable”, por lo que hay que remarcar que dentro del encuadre legal los casos que se atienden son una minoría en relación a la demanda.
María José Tirao, licenciada obstetra del hospital José Ingenieros
“Para nosotros una mujer que no tiene un peso para mantener a sus hijos, que no tiene casa o vive en situación de calle, o que el embarazo le genera una angustia, está en situación de riesgo. Pero si hay lugares que ni siquiera quieren hacer las interrupciones de mujeres que fueron violadas menos lo van a hacer con ese causal”, dice la partera María José Tirao desde el José Ingenieros.
Cuando las puertas se cierran es que deciden recurrir a este “plan B” de reducción de riesgos y daños. Tirao cuenta detalles del proceso. Cuando deciden avanzar en ese camino el papel de la consejería se amplía: “Es estar presentes en muchas instancias, por ejemplo para monitorear que cuando compran el misoprostol no les vendan cualquier cosa”.
Se hace una historia clínica que es confidencial y se le aporta la información a la mujer. Aunque el aborto será en la clandestinidad los médicos están cubiertos porque el protocolo de la OMS al cual adhiere la Provincia los habilita a brindar información. Y por otro lado el secreto profesional ampara la reserva de la información. “Obviamente que yo no puedo darle la pastilla ni practicar la interrupción del embarazo porque eso no es legal, pero sí actuar en el antes y en el después”, explica la profesional.
La información es clave. “Les decimos qué es el misoprostol, cómo se usa, las posibles vías que pueden elegir para usarlo, que cosas led van a ir pasando y está bien que ocurran y no tienen que asustarse. Pero también qué cosas no tienen que pasarle y que son causas de alarma y motivo de consulta en una guardia”.
Es trabajo de las consejerías prever cuáles son las guardias de cada momento “para garantizar que allí no habrá maltrato ni revictimización”. O cuál es la más cercana al domicilio y hasta prever el modo en que se trasladarán en caso de una emergencia. “Consideramos hasta si tienen plata para tomarse un remís o si poseen saldo en la SUBE o dónde dejar los hijos si es que tienen. La idea es pensar con ellas todo el circuito para que lo puedan hacer del modo más tranquilo posible”.
En el centro de salud de Berisso, la gran mayoría de las mujeres que se acercan terminan haciéndose la práctica de una u otra manera. El psicólogo Sade explica que los casos que no llegan al hospital por las complicaciones en la provisión del medicamento se concretan por la vía de la consejería de reducción de riesgos y daños. “Esas son situaciones más complicadas por el temor que provoca en las mujeres que se registren complicaciones que la obligue a acudir a una guardia”.
De todos modos, si bien las consejerías nacieron aplicando sistemáticamente ese programa, en la actualidad la tendencia es intentar siempre, más allá de los obstáculos de los que hablan los profesionales, el encuadre en ILE para garantizar mayor seguridad a las mujeres.
LA HISTORIA Y UNA CAMPAÑA
La Red nacional de profesionales por el derecho a decidir fue creada el 28 de septiembre de 2014. Hay gente que trabaja en centros de salud y hospitales de toda la provincia y representantes de todas las disciplina. La idea es que sea una herramienta en la que los profesionales pueden encontrar apoyo cuando se encuentran ante situaciones de interrupción de embarazo, legales o no, que no se pueden resolver.
Recientemente lanzó la campaña #ContásConNosotrxs con la que buscan visibilizar que hay una gran cantidad de gente que trabaja en salud (médicos, obstetras, generalistas, ginecólogos, trabajadores sociales, psicólogas y enfermeras) y que lo hacen en equipo.
“Cuando hacemos la consejería siempre se trabaja en dupla. Alguien de la rama biomédica, y alguien con perfil más social (psicóloga o trabajadores social) para hacer la primera entrevista”, cuenta Tirao. La estrategia con la que surgieron era la de dar respuestas a todas las mujeres que querían interrumpir el embarazo pero que en ese momento no entraban dentro de los causales para que sea legal.
Su objetivo, que más adelante quedó reflejado en el nombre del programa, era el de reducir los riesgos y daños. Un antecedente es el caso holandés, cuando por decisión de su política sanitaria se convocó a los adictos intravenosos para darles información para que eviten la transmisión de enfermedades infectocontagiosas.
“Lo que se hace es dar información para que la mujer, cuando llega, no se sienta expulsada, sino que reciba las herramientas para que si ya tomó la decisión de interrumpir el embarazo lo haga de forma segura”, dice la licenciada obstetra.
Bruno Sade, habla de los obstáculos que enfrentan en el trabajo cotidiano
"HAY EQUIPO"
Todos los profesionales consultados para esta nota coinciden que en caso de salir la ley, aunque habrá dificultades, también están las condiciones para aplicarla. “Somos muchos los no objetores y hay cierta capacidad instalada para hacer que se cumpla. Pero falta presupuesto y nombramientos”, dice Tirao y ejemplifica con la estadística del Hospital José Ingenieros, donde ya se han realizado más de 800 consultas de mujeres desde su creación. Para ella la decisión es política y pasa por disponer de estructura.
También relativiza el rol de los anestesistas y los quirófanos a los que hizo referencia la gobernadora Vidal al hablar del impacto que tendrá la Ley en el sistema de salud provincial. “Anestesista y quirófanos no son necesarios. Ni siquiera la aspiración manual requiere quirófano”, dice. Y vincula esas miradas son una intención de remarcar que será imposible la aplicación. “Hay un montón de profesionales formados, se necesitarían más. Hay una red de profesionales en todo el país que trabaja con esto y desde hace muchos años. Por eso es importante la legalización y no solo la despenalización, para que el Estado tenga que asumir un rol activo”.
Daverio, el ginecólogo de Ensenada, refuerza esa perspectiva al hablar de los cuatro mil profesionales con los que la red cuenta a nivel nacional. “Tenemos profesionales para hacer frente a la demanda, lo que nos falta es poder quitar esta objeción de conciencia que es el recurso de la corporación médica para quitarse responsabilidad. Y lo otro es el apoyo del Estado porque las voluntades de los profesionales tienen un límite”.
Relli, la trabajadora social de la consejería del José Ingenieros, también cree que habrá estructura para hacer cumplir la ley en el sistema de salud pública bonaerense. “Acá en La Plata, en todos los hospitales hay alguien que hace consejería, lo declaren o no lo declaren, tienen el recurso para hacerlo y gente dispuesta. Después instalarlo, poner el cartel, va llevar un tiempo muy grande. Pero esta ley va a ser la gran transformación que vamos a tener en el sistema de salud”, concluye.
