Por Pablo Spinelli
Por Pablo Spinelli
En caso de que el proyecto de la Ley de aborto legal, seguro y gratuito sea sancionado el 8 de agosto en el Senado de la Nación, el primer obstáculo que las autoridades sanitarias deberán resolver para poder aplicarla estará en los hospitales públicos, los cuales deberán garantizar la realización de la práctica. En La Plata, por tomar una ciudad de referencia con al menos seis hospitales con servicios de Ginecología y/o Obstetricia, la gran mayoría de los médicos se han expresado como objetores de conciencia, una excepción contemplada por el texto de la norma.
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Hay dos hospitales de los más importantes en cuyos servicios la totalidad de los médicos expresaron su rechazo a realizar la práctica, lo cual los dejaría sin poder cumplir con lo que dispone la ley. Otros dos en los que los objetores son mayoría absoluta, uno en el que el reparto es por mitades y otro donde los médicos están a favor de la despenalización pero no de la legalización.
La situación desvela a los directores de los hospitales, más allá de sus posturas personales respecto de la regulación que ya tuvo media sanción en Diputados. Esa preocupación tiene sustento: la Ley contempla sanciones individuales de prisión de tres meses a un año e inhabilitación por el doble de tiempo para la “la autoridad de un establecimiento de salud o profesional que dilatare injustificadamente” el aborto. Y esas penas se elevarán de uno a tres años si por esa demora en la interrupción de los embarazos se generan perjuicios en la vida o la salud de la mujer.
LA OBJECIÓN
Es el artículo 15º de la Ley el que garantiza la objeción de conciencia individual pero prohíbe que ésta sea institucional. En la práctica, eso implica que cada servicio tiene que tener algún médico en condiciones de realizar los abortos.
Algunos párrafos de ese artículo:
“El/la profesional de la salud que deba intervenir de manera directa en la interrupción voluntaria del embarazo tiene la obligación de garantizar el acceso a la práctica y no puede negarse a su realización”.
“El/la profesional mencionado/a en el párrafo anterior sólo puede eximirse de esta obligación cuando manifestare su objeción previamente, de manera individual y por escrito, y la comunicare a la máxima autoridad del establecimiento de salud al que pertenece”.
“El/la profesional no puede objetar la interrupción voluntaria del embarazo en caso de que la vida o la salud de la mujer o persona gestante estén en peligro y requieran atención médica inmediata e impostergable”.
“Cada establecimiento de salud debe llevar un registro de los profesionales objetores, debiendo informar del mismo a la autoridad de salud de su jurisdicción”.
“Queda prohibida la objeción de conciencia institucional”.
POLICLÍNICO SAN MARTÍN
Uno de los que graficó la preocupación por las dificultades para hacer cumplir la Ley en caso de que esta se sancione y promulgue fue el director del Policlínico San Martín, Alberto Urbán. En ese hospital, el más grande de la ciudad, el servicio de Ginecología en pleno se expresó por nota como “objetor de conciencia”. Ocurrió hace algo más de un año, luego de que la Justicia tuviera que intervenir para que se realizara un aborto a una chica discapacitada que había quedado embarazada tras una violación. En esa oportunidad la práctica se hizo por presión del Ministerio, pero luego llegó la “objeción colectiva”.
“Si el proyecto avanza yo tendré que sentarme con los médicos del servicio para ver cómo garantizamos el cumplimiento de una ley de la democracia, más allá de cuál sea mi postura personal respecto al tema”, analiza ahora Urban ante 0221.com.ar. Reconoce que en esa instancia deberá saldar la cuestión: “O garantizan que uno de ellos podrá realizar las prácticas en caso de que lleguen al hospital o resolvemos a qué profesionales convocamos para que lo hagan”.
El caso del hospital de la calle 1 es emblemático por lo que representa en cuanto a dimensiones y cantidad de personal que trabaja en ese servicio: son más de 20. Pero la situación se replica (en igual o menor medida) en la mayoría de los hospitales de La Plata y abre un frente de conflicto para los directores y médicos de los servicios a los que podrían llegar mujeres gestantes con intenciones de interrumpir su embarazo hasta la semana 14.
HOSPITAL GUTIÉRREZ
Al igual que en el Policlínico, en el Hospital Gutiérrez la totalidad de los médicos de los servicios de Ginecología y Obstetricia son objetores de conciencia. César Fidalgo, el director indicó a 0221.com.ar que si bien hay una consultoría para abordar el tema con las pacientes que llegan, “momentáneamente los profesionales son todos objetores”. Son, entre los médicos de guardia, los jefes de servicio y los que atienden en consultorios externos, unos 25 profesionales.
Esa situación complica la realización de la práctica en los casos que actualmente están contemplados por la ley (cuando hay violaciones o se trata de personas discapacitadas). El planteo de los médicos es “profesional”. En las reuniones que vienen manteniendo con las autoridades alegan -según cuenta Fidalgo- que cuando eligieron la especialidad lo hicieron para trabajar con la gestación y los nacimientos y no con la interrupción de los embarazos.
“Como hospital tenemos que asegurar la práctica, sobre todo si llega a salir la ley, y por eso estamos tratando de incorporar profesionales que no sean objetores de conciencia”, explicó el director, más allá de que actualmente tiene la posibilidad de articular con el Ministerio de Salud para realizar derivaciones.
“Estamos preocupados y tratando de arbitrar los medios para darle una solución a las personas que concurran al área, se está trabajando y seguramente tendremos tiempo hasta que se reglamente la Ley para coordinar con la Región Sanitaria XI y con el Ministerio para que se nombren profesionales no objetores o se articule con otros hospitales”, concluyó el director del centro asistencial del Barrió Hipódromo.
MELCHOR ROMERO
Por cantidad de profesionales, el servicio de Tocoginecología del Hospital “Alejandro Korn” de Melchor Romero se ubica entre los más grandes. Allí hay 17 profesionales y según pudo relevar 0221.com.ar sólo tres no son objetores. El cuadro de situación indica que está garantizado el cumplimiento de la Ley en caso de que sea sancionada, pero la proporción consolida un estado de cosas complicado.
Quién analizó con este medio la situación en ese centro asistencial fue la ginecóloga Alejandra Orosco, una de las no objetora que además se ha expresado abiertamente en favor de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo y cuestionado a sus colegas que alegan “objeción de conciencia” por convicciones personales.
Orosco identifica dos grupos de objetores: por un lado los que plantean esa convicción, con quienes dice no coincidir, y por otro aquellos médicos que se manifiestan objetores porque desconocen los términos de la ley y prefieren esperar a que se defina su implementación para sentar una postura definitiva. “No ha habido preocupación por parte de muchos de mis colegas por informarse, entonces ahora plantean esa postura”, analiza.
La médica del hospital de Melchor Romero pone en tela de juicio también el verticalismo y la falta de democracia que existe en algunos servicios de ginecología y obstetricia, especialmente en aquellos casos que se expresan “corporativamente” como “servicio objetor”. Recuerda su propia experiencia, cuando siendo residente en un hospital de Quilmes intentaron obligarla a exponer ante la dirección que era objetora porque así lo era el servicio. “Eso es una clara presión que obliga a los médicos a decidir sin libertad”, explica.
HOSPITAL SAN ROQUE
El Hospital de Gonnet es el que más profesionales tiene en los servicios de Ginecología y Obstetricia, con alrededor de 30 profesionales en total, de los cuales, según indicaron sus autoridades a 0221.com.ar, las postura están divididas prácticamente a la mitad. “Son algunos más los ‘no objetores’ que los ‘objetores’”, dijeron. Lo cual lo constituye en la excepción en La Plata.
Y la balanza la inclinan los 14 residentes de los servicios, los cual son todos “no objetores” y garantizarían el cumplimiento de la Ley en caso de que sea sancionada. En el resto de los profesionales, los de guardia y los de planta, las opiniones se dividen en mitades.
No obstante, según se indicó, existe entre los médicos con mayor antigüedad una postura férrea contra la legalización del aborto. Algunos de ellos integran, incluso, el grupo de “médicos por la vida” que en los días previos al tratamiento en el Senado promueven movilizaciones y actividades.
HOSPITAL ROSSI
Aunque es un servicio pequeño en relación a los anteriores, la mayoría de los ginecólogos del Hospital Rossi rechazan interrumpir embarazos. Son cuatro médicos de planta de los cuales sólo una ginecóloga no es objetora de conciencia.
El jefe del área, Gustavo Caliendo, recibió a 0221.com.ar en los consultorios externos del servicio de ese otro hospital del Barrio Hipódromo. Allí se expresó personalmente como “objetor de conciencia” y cuestionó la opción del aborto cuando “parece plantearse como el principal método anticonceptivo”.
De todos modos asegura que respetará la Ley en caso de que se apruebe y por eso espera que se agilice el nombramiento de una quinta ginecóloga que se sumará al grupo como “no objetora”.
“Lo único que pretendo es que -en atención a esa ley- también se respete mi objeción”. El médico aclara que tampoco está de acuerdo con penalizar a una mujer que se realiza un aborto: “Se que es una situación desesperante”. Pero reclama en paralelo que se haga hincapié en todo lo relacionado con la educación y la prevención.
Es por eso que asegura que a diario se atiende una alta demanda de pacientes que procuran conseguir anticonceptivos, tanto orales como dispositivos intrauterino o los “chips” que duran tres años.
El médico estima que si la Ley es promulgada las autoridades sanitarias tendrán que tomar medidas para garantizar su cumplimiento y anticipa complicaciones vinculadas con los costos, más allá de las decisiones personales de cada profesional.
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
Una situación diferente se plantea en el Hospital San Juan de Dios, donde lo que sería el servicio de tocoginecología (ginecología y obstetricia) cuenta con solo dos médicas de planta, un tercero en comisión y otra profesional que cumple alguna horas. Pero no tiene ningún equipamiento ni infraestructura que pudiera permitirle realizar prácticas relacionadas con la interrupción del embarazo.
“No tenemos ni siquiera ‘pierneras’ (las camillas del servicio ginecológico) y menos unidad de internación o quirófano”, dice a 0221.com.ar la médica Silvia Ferroni. De todos modos explicó que en el servicio hay un consenso a favor de una “despenalización” del aborto pero en contra de la “legalización” tal cual surge del proyecto con media sanción en la Cámara de Diputados.
La profesional indicó que la aplicación de la norma genera muchas discusiones entre sus colegas, más allá de la declaración institucional “pro legalización” emitida por la facultad de Ciencias Médica. Será, según su criterio, un debate que seguirá aún si la Ley es sancionada, cuando haya que implementarla en los hospitales.