La investigación por la “asociación ilícita” presuntamente encabezada por el exjuez de Garantías de La Plata, César Melazo, abrió una nueva línea de trabajo que apunta a determinar la posible presencia de espías de la banda en el ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, cuyo objetivo era monitorear las reuniones del titular de la cartera, Cristian Ritondo. Entre los que aparecen involucrados se encuentran los exfiscales de La Plata Fernando Cartasegna y Tomas Moran.
Según surge de documentación judicial a la que accedió 0221.com.ar, el 10 de enero de este año, el comerciante Javier Ronco (detenido como integrante de la banda y por doble homicidio) envió un mensaje al lobista político y judicial Enrique Petrullo (también tras las rejas) para que averigüe si una mujer, cuya identidad se mantiene en reserva, “trabaja en La Plata, en la oficina de Ritondo”.
La joven fue pareja del exjefe de la barra de Estudiantes de La Plata, Rubén “El Tucumano” Herrera, empleado de planta permanente de la Cámara de Diputados bonaerense y detenido en el marco de la causa en curso. Según la investigación, esa mujer avisó y dio detalles a Ronco (uno de los acusados) sobre una reunión que mantuvieron Ritondo junto al mencionado Herrera. Se sospecha que ella tenía acceso al despacho privado del Ministro y desde allí informaba sus actividades al resto de la banda cuando estaba operativa.
“El Tucumano” es conocido entre sus amigos como “El Bolichero”, ya que se dedica al negocio de la diversión nocturna entre su ramificada cartera de gestiones comerciales, que también incluye viajes de egresados. En uno de sus locales bailables es socio de exjuez Melazo, siempre según la investigación penal preparatoria.
MÁS NOMBRES
La voluminosa causa de más de 31 cuerpos está repleta de intervenciones a teléfonos, declaraciones testimoniales y pruebas documentales. Es una muestra de cómo se generan los lazos de poder negocios y política en la capital bonaerense. Una misma persona puede aparecer mencionada como víctima y victimario.
Es el caso del dirigente del Partido Justicialista de La Plata, Hugo Sini, sobre quien se menciona que tiene un taxi que funciona con una habilitación falsa. También que mensualmente hace “revoleo de cheques” de la Cámara de Diputados bonaerense por sumas que oscilaban al momento de las escuchas, entre 43 mil y 57 mil pesos cada uno, manejando un total de 120 cheques cada 30 días, según se desprende del expediente.
Sini también tenía una cooperativa que prestaba servicios en la localidad de Arana, cunado su yerno era delegado municipal en la gestión del exintendente Pablo Bruera. Según una serie de mensajes de texto entre Petrullo y Ronco, el dirigente político tenía guardado 500 mil dólares en una casa de Parque Sicardi y pensaban asaltarlo para hacerse con el dinero.
La sola mención de una persona en las escuchas telefónicas no lo convierte automáticamente en integrante de la banda o en delincuente, sin embargo la constante reiteración de una persona entre varios integrantes del clan delictivo es una pista a investigar. En ese marco, en otra escucha telefónica se desprende que “El Tucumano” Herrera le vendió un auto al “’Chipi’ (Pedro) Beltrame”, exjefe de la Delegación Departamental de Investigaciones de La Plata, quien tomó licencia por problemas de salud, pero sigue integrando la fuerza policial.
También surgen los nombres de los exfiscales Fernando Cartasegna y Tomas Moran como funcionarios judiciales permeables a no oponerse a beneficios procesales a cambio de dinero o exigirlo para no involucrar a personas en causas armadas.
Pero para perfeccionar esas maniobras se necesita de la asistencia de abogados. Sin embargo, hasta el momento, solo aparece el nombre del mediático Fernando Burlando.
Burlando es el letrado defensor del “Tucumano” Herrera. Su socio en el estudio jurídico, Fabián Améndola, es el abogado del exjuez Melazo.
Pero, por si todo esto no bastara para un guión de Netflix, también aparecen involucrados elementos del Servicio Penitenciario Bonaerense. Puntualmente en la Unidad 9 de La Plata, donde, a cambio de dinero, se consiguen -según el expediente- estadías en celdas y pabellones tranquilos, con accesos a paseos al aire libre dentro del penal, televisión, esparcimiento y recreación. Todo muy normal.
Además de Melazo, aparece involucrado el juez de casación bonaerense, Martín Ordoqui, quien fue licenciado por la Suprema Corte bonaerense durante noventa días. Además comenzó el trámite para su destitución en la Secretaría de Enjuiciamiento de Magistrados.
A todo esto también aparece mencionado, el juez de Garantías Juan Pablo Masi junto a otro fiscal de instrucción que tiene en sus manos una de las causas más sensibles del poder político de la provincia de Buenos Aires. También en las escuchas surgieron los nombres de, al menos, otros dos jueces de Casación bonaerense y un fiscal de esa instancia.
