Por Martín Soler
Por Martín Soler
Pablo Oscar Fernández Garaygorta, exintegrante del cuerpo técnico de la Selección juvenil de hockey sobre césped fue procesado por abuso sexual. Un juez de Garantías de La Plata ordenó la detención del sospechoso y la medida fue confirmada por la Cámara de Apelaciones, al entender que el caso no debe prescribir, tal como planteó la defensa para evitar la declaración indagatoria que estaba prevista para el 23 de mayo pasado en la Unidad Funcional de Instrucción 6 de La Plata. La medida de captura se concretó este martes por la tarde.

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Tras la declaración de la víctima, sus padres, amigos y otra exjugadora del equipo de hockey (que por el momento no impulsó la denuncia de su caso), el fiscal Marcelo Romero citó al acusado para que ejerza su defensa con el uso de la palabra, aunque puede optar por resguardar silencio. Pero la defensa planteó que el caso estaba extinguido por el paso del tiempo, pero también solicitó una exención de prisión y la nulidad de todo lo actuado.
El juez de Garantías Jorge Moya Panisello entendió que la nulidad no puede prosperar porque la defensa no logró demostrar la vulneración de derecho alguno. Además el magistrado calificó el caso como abuso sexual “gravemente ultrajante por su duración y las circunstancias de su realización cometido por un encargado de la educación”, delito que tiene una pena en expectativa de 8 a 20 años de prisión y no es excarcelable.
Además de entrenador, Fernández Garaygorta se desempeñó como secretario de Acción Comunitaria de la municipalidad de Brandsen, durante la gestión del exintendente kirchnerista Gastón Arias.
La víctima es asistida por la abogada Sofía Caravelos. La letrada reveló que su asistida tenía 14 años de edad al momento del hecho, ocurrido en 2005. El sospechoso, entonces, tenía 39 años.
Según la investigación los abusos sexuales habrían ocurrido en el campo de entrenamiento de hockey. Además la joven habría sido obligada a ir a la casa del agresor, donde también fue abusada sexualmente, siempre según la versión aportada por la víctima en el expediente y su abogada en declaraciones públicas.