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lunes 27 de noviembre de 2023
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Por Martín Soler
Con la mayoría de los presuntos autores materiales e intelectuales de la mega banda criminal de policías, sicarios, narcos, barras y ladrones que operó en La Plata (con una presunta cobertura judicial) se abre paso a una nueva etapa de la investigación, confiaron fuentes del caso a 0221.com.ar. Mientras las defensas preparan una batería de medidas (entre declaraciones, planteos de nulidades y excarcelaciones) comenzó la etapa de investigación patrimonial de los magistrados mencionados en las escuchas telefónicas realizadas a integrantes de la banda.
Una de las defensas pidió que declare el supuesto líder de la banda, el expolicía Gustavo Burzstyn. Un juez rechazó la excarcelación de otro policía procesado por encubrimiento agravado.
Uno de los grandes interrogantes que existe en los pasillos de Tribunales es el oneroso nivel de vida que tienen algunos magistrados, no solo de La Plata, sino en otros departamentos judiciales y, también, en el ámbito de la Justicia Federal. Reiterados viajes al exterior, suntuosas propiedades en el centro y periferia de La Plata, fina relojería, autos y motos de alta gama, todo está bajo la vista de los investigadores.
Una alta fuente judicial confió que un exjefe policial de La Plata ya fue investigado por “lavado de dinero” pero no se lograron pruebas concluyentes para dictar su procesamiento. Ese exfuncionario policial “ya está jubilado”, confiaron ante la consulta de este medio.
Con oficios al Registro de la Propiedad, Anses, registros del automotor, migraciones bancos y empresas de crédito se comenzará a dar curso a la investigación patrimonial. Un dato que no hay que perder de vista en el análisis: los jueces, mientras están en funciones, no pueden ejercer el comercio o formar parte de sociedades comerciales, solo deben vivir de su salario como magistrado que, depende de la antigüedad, puede oscilar entre “100 y 150 mil pesos aproximadamente”, detallaron fuentes de la Asociación Judicial Bonaerense seccional La Plata.
Una vez obtenida la documentación será el turno de los peritos contables que deberán analizar los datos. No se descarta que, “dada la complejidad del tema, se convoquen a expertos de la Policía Judicial o integrantes del cuerpo de peritos de la Suprema Corte bonaerense”, detallaron fuentes de la Procuración General bonaerense.
LA BANDA
En relación a los planteos de las defensas, el abogado Marcelo Peña solicitó que su asistido, Gustavo Burzstyn, declare ante la fiscal Betina Lacki. En su primera indagatoria, se llamó a silencio, pero ahora será el turno de su descargo, lo que implicará el primero de sus actos de defensa.
En tanto, el juez de Garantías Guillermo Atencio, rechazó el pedido de excarcelación ordinaria solicitado por el abogado Oscar Salas, quien asiste al policía Marcos Chiusaroli, procesado por encubrimiento agravado. Se le imputa que hizo desaparecer pruebas del homicidio de Juan Roberto Farías, un exconvicto asesinado el 1 de diciembre de 2010 en un edificio de avenida 44 entre 26 y 27, donde vivía con su pareja, Nadia Mariscal, y la hija de ambos.
Se sospecha que Farías fue ejecutado por la banda, en el marco de un ajuste de cuentas interno. Una hipótesis nunca fue investigada por el exfiscal del caso, Tomas Moran, uno de los magistrados sospechados de pedir dinero a cambio de resoluciones favorables. El otro exfuncionario judicial que está en la mira, es el exjuez, César Melazo.
Los once detenidos se negaron a declarar y fueron procesados por varios delitos. El barra de Gimnasia, Martín Fernández (detenido en Olmos), Javier Ronco (con arresto domiciliario por un doble crimen), Carlos “Machaca” Barroso Luna, el exteniente Marcos Chiusaroli, Ángel “Pipi” Yalet y el convicto Héctor Vega, detenido en la cárcel de Olmos por un intento de homicidio en un boliche de La Plata, entre otros delitos.
También se negaron a declarar los expolicías Gustavo Bursztyn, Gustavo Mena (defendido por el letrado Marcelo Di Siervi), Jorge Gómez Saravia, Adrián Oscar “Quichua” Manes (detenido por el crimen de Farías) y Carlos Bertoni, vendedor de seguros y hermano del exdelantero de Independiente, Daniel Bertoni.
Gómez Saravia y Chiusaroli están acusados de encubrimiento agravado, el resto enfrentan cargos por “asociación ilícita, robo agravado y homicidio calificado”, cuya pena en expectativa es de prisión perpetua.