La defensa de Lucas Pertossi pidió su excarcelación por considerar excesiva la prisión preventiva. La Justicia deberá definir si el planteo alcanza a todos.
Uno de los ocho rugbiers detenidos en La Plata por el crimen de Fernando Báez Sosa solicitó su excarcelación ante la Justicia y abrió un nuevo capítulo en la causa que conmocionó al país. Se trata de Lucas Pertossi, quien se encuentra detenido desde hace más de seis años en la Alcaidía N° 3 de Melchor Romero.
El pedido fue presentado por su defensor oficial, Rolando Brown, ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Dolores. El planteo sostiene que, al no estar firme la sentencia, se habrían excedido los plazos razonables de la prisión preventiva, lo que —según la defensa— vulnera garantías constitucionales.
La causa se originó tras la denuncia de la abogada de nuestra ciudad, Irene Lozano, contra su ex pareja, Fabricio Ángel Cattáneo.
Pertossi fue condenado a 15 años de prisión como "partícipe secundario", al igual que Ayrton Viollaz y Blas Cinalli, mientras que otros cinco imputados recibieron prisión perpetua.
En su presentación, la defensa solicitó la excarcelación "por plazo irrazonable" y, de manera subsidiaria, pidió una morigeración de la detención. Para ello, se incorporó un informe socioambiental que detalla un domicilio en Zárate y una red de contención familiar dispuesta a garantizar el cumplimiento de eventuales medidas.
El pedido no solo impacta en su situación personal, sino que también podría alcanzar al resto de los condenados: Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Matías Benicelli, Luciano Pertossi, Enzo Comelli, Ayrton Viollaz y Blas Cinalli, ya que la Justicia deberá evaluar si corresponde aplicar el mismo criterio.
Desde la querella, encabezada por el abogado Fernando Burlando, rechazaron el planteo y sostuvieron que no existe una vulneración de los plazos razonables. Argumentaron que la condena ya fue confirmada por distintas instancias judiciales y que la detención resulta "legítima y proporcional".
En paralelo, Pertossi brindó recientemente una entrevista en la que aseguró que "todos quieren contar la verdad de lo que pasó" y negó que haya existido un plan para matar. "No pido impunidad, me equivoqué y estoy pagando el error", afirmó.
Ahora, será la Justicia la que deberá resolver el pedido, en una decisión que podría tener impacto sobre todos los condenados por uno de los crímenes más resonantes de los últimos años en la Argentina.