viernes 12 de abril de 2024

Amenazas de bomba a escuelas: en junio se abrieron 6 causas por día y no las pueden frenar

Terminó el sexto mes del año y marcó un alto índice de intimidaciones públicas en La Plata. En el Normal 1 se perdieron más días de clases por evacuaciones que por paros docentes y feriados.

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Por Martín Soler

El cierre del mes de junio llegó con un dato preocupante para el mundo escolar de La Plata, Berisso y Ensenada que se encuentra envuelto en el susto permanente de padres y autoridades: las amenazas de bombas en escuelas. Según datos que están en plena etapa de procesamiento, en la justicia platense se abrieron, en promedio, seis causas de intimidación pública por día hábil, según se desprende de registros policiales y judiciales a los que tuvo acceso 0221.com.ar. Una referencia comparativa, en el colegio Normal 1 de La Plata se perdieron más días de clases por amenazas de bomba que por la suma de paros docentes y feriados. La palabra oficial de la Fiscalía General de La Plata.

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Durante el mes de junio los cuatro fiscales de turno en La Plata vivieron jornadas agitadas, intensas. A la preocupante ola creciente de delitos contra la vida y la propiedad que se registra en la ciudad, se sumó una nueva modalidad de delito: las amenazas de bombas a escuelas.

Según registros judiciales y policiales, durante el mes pasado se iniciaron, al menos, 105 investigaciones penales (IPP). Junio tiene 20 días hábiles, pero los días 14 y 25 hubo paro docente y, por ende, no hubo amenazas de bombas. En una rápida cuenta de división, para sacar un promedio, se obtiene el primero de los datos para el análisis: se iniciaron casi seis causas por día por el delito de intimidación pública. Pero hay un segundo dato a tener en cuenta: cada causa puede tener varias amenazas de bomba, es decir que causa no es igual a cantidad de amenazas de bomba, lo que implica que las intimidaciones fueron muchas más de 105.

Para tener en cuenta, solo el viernes 28 de junio existieron 22 denuncias de amenazas, pero en el sistema informático del Ministerio Público Fiscal se registraron menos causas penales, ya que, por ejemplo, el Normal 1 de La Plata fue blanco de dos denuncias de estallido anónimas.

Fiscales, policías y personal de la brigada de explosivos de La Plata tienen la agenda diaria desbordada de amenazas. Ver centenares de chicos evacuados a cualquier hora del día, en cualquier plaza de La Plata, Berisso y Ensenada, ya es parte de la geografía habitual.

Pero detrás de cada amenaza, hay padres asustados que deben abandonar sus trabajos ante la emergencia, chicos que pierden días de clases y la movilización de todo un aparato del Estado para evacuar, rastrear e investigar la llamada. Cada operativo cuesta alrededor de 100 mil pesos, según calcularon las autoridades judiciales y policiales consultadas.

La velocidad de las amenazas es muy superior a la de los investigadores. Pese a ello, ya se identificó a tres menores de edad como los autores de las amenazas: dos en Berisso y el tercero en La Plata.

En todos los casos son jóvenes no punibles, tienen entre 13 y 15 años de edad, “pero sus padres pueden ser demandados civilmente para que respondan por los gastos originados”, explicó la fiscal Cecilia Corfield ante la consulta de este medio.

Otro dato saliente de este panorama indica que los alumnos de la escuela Normal 1 de La Plata (ubicada en 51 entre 14 y 15) y su jardín de infantes perdieron, al menos, seis días de clases en junio, més que tuvo un feriado (el día 20) y dos jornadas de paro.

Mientras fiscales y policías investigan las denuncias (en su mayoría llamados anónimos a la línea de emergencias 911) sigue en plena etapa de construcción la herramienta inspirada en el film “Rápidos y Furiosos 7”. En búsqueda de una solución, desde el fuero Penal de La Plata se está trabajando en un plan piloto basado en la big data (análisis de datos a gran escala y velocidad), para dar respuesta rápida y certera al problema, tal como anticipó 0221.com.ar.

En el film, “El Ojo de Dios” se presentó como un software que se encargaba de buscar a una persona específica mediante dispositivos en toda la ciudad (smartphones, cámaras, semáforos, micrófonos, entre otros…) solo con la finalidad de encontrar a esta persona, algunas haciendo reconocimiento facial o reconocimiento de voz para ubicarla con mucha precisión.

Para desarrollar esta herramienta, los investigadores judiciales y policiales cuentan con varios insumos sensibles como mapas de ubicación de antenas de teléfonos celulares que se superpondrá con el de establecimientos escolares (públicos y privados). A ellos se les sumará la detección de locutorios y cámaras de seguridad (públicas y privadas) para construir esta red de vigilancia ciudadana. Un “Gran Hermano” anti amenazas de bombas, según confiaron desde Tribunales.

Esta idea surgió de la necesidad de encontrar una respuesta al problema, pero lleva tiempo. En el “mientras tanto”, padres de alumnos del Jardín de Infantes del Normal 1 presentaron una nota en una de las fiscalías que investigan las amenazas. Solicitan la unificación de las causas para avanzar más rápido en la pesquisa. Pero esa decisión la tiene que tomar el fiscal general de La Plata, Héctor Vogliolo. “Por el momento no hay nada definido y no sabemos si están evaluando el tema”, expresaron desde la Fiscalía General de La Plata ante la consulta de este medio.

Se estima que fueron más de 250 las amenazas recibidas en escuelas de La Plata, Berisso y Ensenada. Durante el mes, los estados municipales y provincial erogaron más de 20millones de pesos en operativos de evacuación, según estimaron fuentes judiciales. Dinero que, en caso de descubrirse a los autores de las amenazas, podría ser reclamado a los padres del menor o al adulto que haya hecho la intimidación. A ese monto hay que sumarle los intereses devengados durante el tiempo que dure el pleito judicial más los honorarios de los abogados y tasas judiciales.

Otro dato a tener en cuenta que la intimidación pública es un delito que se paga con hasta seis años de prisión en una cárcel común.

Durante la presentación de las estadísticas del delito en la provincia de Buenos Aires, el procurador general Julio Marcelo Conte Grand, aseguró que aumentó exponencialmente la cantidad de causas por amenazas de explosivos en escuelas bonaerenses, y reconoció que la mayoría de ellas no se investiga por una cuestión de costos operativos y se escudó en la teoría de la bagatela o principio de la insignificancia, es decir lesiones insignificantes de bienes jurídicos. Traducido: al Estado le sale más barato no investigar que hallar al o los culpables, pero eso no significa que no se inicien las acciones en sede Civil para lograr el pago monetario del daño causado, que, cómo se dijo, en la actualidad ronda los 100mil pesos por amenaza.

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