Unos 30 sospechosos identificados entre imputados mayores, menores y un detenido con prisión preventiva. Un Director de escuela imputado no procesado. Decenas de allanamientos y teléfonos secuestrados. Un fiscal destinado a investigar. Todo eso forma parte del saldo que deja el año escolar cruzado por amenazas de bombas en escuelas de La Plata, una moda explosiva que aún tiene en jaque a directivos, docentes y padres de un establecimiento educativo.
MAPA DE LAS AMENAZAS DE BOMBA EN ESCUELAS DE LA REGIÓN
Desde comienzo del ciclo lectivo en curso escuelas de las ciudades de La Plata y Berisso, junto a Ensenada (pero en menor medida), fueron blanco de constantes llamados telefónicos, a diario, que alertaban sobre la presencia de explosivos en colegios. Lo que a principios de 2018 parecía un bromista suelto, se transformó en una pesadilla para integrantes de la comunidad educativa. Un dato que revela la pesadilla en el Normal 1 de La Plata: se contabilizan 59 intimidaciones en el año, las que implicaron la misma cantidad de evacuaciones y pérdidas de horas de clases. Una referencia comparativa, en ese establecimiento, se perdieron más días de clases por amenazas de bomba que por la suma de paros docentes y feriados.
Pero detrás de cada amenaza, hay padres asustados que deben abandonar sus trabajos ante la emergencia, chicos que desaprovechan días de clases y la movilización de todo un aparato del Estado para evacuar, rastrear e investigar la llamada. Cada operativo cuesta alrededor de 100 mil pesos, según calcularon las autoridades judiciales y policiales consultadas.
Otro dato a tener en cuenta: la intimidación pública es un delito que se paga con hasta seis años de prisión en una cárcel común.
El 15 de junio, durante la presentación de las estadísticas del delito en la provincia de Buenos Aires, el procurador general Julio Marcelo Conte Grand, aseguró que aumentó exponencialmente la cantidad de causas por amenazas de explosivos en escuelas bonaerenses, pero minimizó el problema con una explicación inundada de tecnicismo jurídico aunque alejada de la realidad. Reconoció que la mayoría de ellas no se investiga por una cuestión de costos operativos y se escudó en la teoría de la bagatela o principio de la insignificancia, es decir, lesiones banales de bienes jurídicos. Traducido: al Estado le sale más barato no investigar que hallar al o los culpables, pero eso no significa que no se inicien las acciones en sede Civil para lograr el pago monetario del daño causado.
Un dato llamativo sobre el tema lo aportó el silencio del ministro de Seguridad bonaerense Cristian Ritondo, quien no habló del tema en todo el año.
El jueves 9 de agosto el fiscal local Álvaro Garganta tomó una polémica decisión, intentó implementar un nuevo protocolo de actuación frente a los reiterados casos de amenazas y evitar así la pérdida de más días de clases. La idea era que ante cada nuevo llamado los agentes de la Dirección Provincial de Explosivos realizarán los procedimientos correspondientes para descartar la amenaza y, de no hallar material explosivo, las clases continuarán su curso con normalidad y evitar las evacuaciones innecesarias. La iniciativa duró 24 horas y no alcanzó a ponerse en práctica, dado el rechazo de parte de la sociedad en su conjunto.
Un principio de solución encontró el fuero Penal de La Plata. Desde el 10 de septiembre comenzó a funcionar la fiscalía temática a cargo de investigar las amenazas de bomba.
El fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta (a cargo de las investigaciones), policías y personal de la brigada de explosivos de La Plata comenzaron con una agenda diaria desbordada de amenazas. Ver centenares de chicos evacuados a cualquier hora del día, en cualquier plaza de La Plata, Berisso y Ensenada, fue parte de la geografía habitual.
Con el correr de las semanas y el avance de las investigaciones de las 40 amenazas diarias la actualidad indica que hay apenas una intimidación por día y siempre es en el Normal 1, donde, pese al sistema de blindaje policial impuestos, las autoridades siguen optando por las evacuaciones.
El blindaje implica la llegada de una comitiva policial antes del comienzo de la jornada diaria de clases, inspeccionan el edificio escolar y, una vez descartada la presencia de artefactos explosivos, se procede a la apertura de la escuela. Luego, los uniformados quedan apresto hasta que ingresen alumnos y docentes. Hacen una segunda inspección para garantizar el desarrollo normal de la jornada.
Esa herramienta, sumada a la persecución judicial de los bromistas, lograron terminar con la moda explosiva en todos los colegios de La Plata, Berisso y Ensenada, excepto en el Normal 1.
El fiscal a cargo de investigar las amenazas ya cuenta en su poder con información reservada y evidencias para dar con los autores del hecho. En la mayoría de los casos son jóvenes no punibles, tienen entre 13 y 15 años de edad, pero sus padres pueden ser demandados civilmente para que respondan por los gastos originados.
No solo las escuelas bonaerenses fueron blanco de esta pesadilla. En el inicio de clases el mismo problema padeció el Liceo Víctor Mercante (colegio dependiente de la Universidad Nacional de La Plata), desde donde se dieron una estrategia distinta. La casa de altos estudios aplicó una severa sanción para tres alumnos que fueron descubiertos como los autores de amenazas de bomba a la institución. Los directivos del colegio decidieron aplicarles todas las amonestaciones posibles para que lleguen al límite y los dejaron en condición "libre", por lo que deberán rendir todas las materias sin cursar al finalizar el ciclo lectivo. Nunca más hubo amenazas.
En tanto, los alumnos de escuelas bonaerenses que fueron identificados como autores de amenazas recibieron sanciones leves de hasta cinco amonestaciones.
