“Mi experiencia demuestra que este tipo de lesiones están ligadas a la violencia institucional”. Así de preciso y contundente fue el testimonio de la médica legista Emma Virginia Creimer, que actuó como perito de la Procuración General bonaerense, en la investigación por la muerte de Cristian Pérez, cuyo cuerpo fue arrollado por un tren en la localidad de City Bell. El hecho ocurrió en el año 2002 y por este hecho hay varios policías procesados.
La perito es una referente nacional e internacional en investigación criminal y ciencias forenses. Tras analizar el caso detectó que el cuerpo del joven presentaba golpes y lesiones graves que fueron cometidas por el impacto del tren.
En este caso están en juego dos posturas. La acusación sostiene que la víctima fue asesinada por policías y colocaron el cadáver en las vías del tren para que lo arrolle una formación ferroviaria y enmascarar en caso como suicidio. Pero la defensa sostiene que el joven se quitó la vida producto de una profunda depresión que, hasta el momento, no puedo demostrar el origen del desánimo.
Tras una extensa y técnica exposición, Creimer se sometió al interrogatorio de las partes y resaltó que la víctima presentaba lesiones en sus tímpanos. Similares a los que se produce con la aplicación de la tortura conocida como “teléfono”, que implican la aplicación de fuertes golpes en sus oídos con las palmas de las manos, como “aplaudiendo” las orejas.
Otra de las evidencias que tomó la perito para determinar que no se trató de un suicidio, fue el análisis del estómago de la víctima. Estaba lleno de comida sin digerir. En ese tópico se detuvo y aclaró: “los suicidas siempre tienen el estómago vacío, no comen”. La presencia de alimentos sin procesar se debe a los golpes que sufrió la víctima, que le produjeron el corte del proceso digestivo.
También sostuvo que varios de los golpes que Pérez tenía en la espalda fueron provocados por el uso de la tonfa policial (bastón de caucho compacto utilizado para defensa y represión).
Este testimonio echó por la borda el brindado por Carlos Omar Simondi, el médico policial que practicó la autopsia. En su informe el profesional sostuvo que se trató de un suicidio, testimonio que fue celebrado por las defensas.
Pero Creimmer ilustró a los jueces del tribunal y les aclaró que Simondi no aplicó el marco legal vigente para casos en los que están involucrados personal de fuerzas de seguridad. Ese contexto normativo está establecido en la resolución 1390 de la Procuración General Bonaerense y en el Protocolo de Minnesota.
Los procesados son David Alejandro Koenig, Miguel Ángel Álvarez, Jorge Alberto Luna, Pedro Oscar Djurasek, Ariel David Perich, Rubén Eduardo Lago yJuan Alejandro Pavella. Djurasek era el titular de la comisaría Décima al momento del hecho y fue exonerado por apremios ilegales en el marco de otra causa judicial. Koenig actualmente cumple funciones en la comisaría Primera.
La causa estuvo varios años inmersa en un laberinto judicial que tenía aroma a impunidad. El impulso de la familia y sus abogadas, Sofía Caravelos y Analía Carrillo, lograron reabrir el expediente y con el cambio de fiscal (quedó en manos de Marcelo Martini) consiguieron llevar a juicio oral a los sospechosos.
El personal policial desde el principio calificó los hechos como “suicidio” y el fiscal interviniente en ese entonces, Leandro Heredia (destituido por varias irregularidades), convalidó la versión policial, delegando en los uniformados las primeras medidas de prueba que fueron practicadas en la causa.
La autopsia se realizó en la Morgue de la Policía, donde el médico policial concluyó que todas las lesiones vitales que poseía el cuerpo de Cristian, habían sido provocadas por la astricción ferroviaria. El testimonio de otro médico legista -que discrepaba con la versión policial-, no fue agregado al expediente. Las ropas y pertenencias de Cristian desaparecieron.
Durante el período de instrucción el libro de guardias de la comisaría fue ocultado durante 7 años; la falsedad de las firmas de Cristian también será objeto de debate en el juicio.
Las abogadas de la familia del joven muerto, enumeraron doce irregularidades en el proceso, que serán materia de debate en las audiencias que se extenderán durante un mes. El juicio oral está a cargo del Tribunal Oral Criminal II de La Plata integrado por Claudio Bernard, Liliana Torrisi y Silvia Hoerr por la secretaría de Julio Banfi.