domingo 24 de marzo de 2024

La CPM pidió discutir el código de convivencia de La Plata en una audiencia pública

Mientras la iniciativa del Ejecutivo local se debate en los barrios de la ciudad, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) pidió discutir el anteproyecto que, entienden, “restringe derechos y el uso del espacio público, persigue fines recaudatorios y criminaliza la protesta social, la economía popular, el trabajo sexual y la cultura".

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En un duro comunicado difundido durante las últimas horas, la CPM salió al cruce del nuevo código de convivencia impulsado por oficialismo platense. El organismo solicitó se realice una audiencia pública "ante la ausencia de información pública sobre el contenido, forma y funcionamiento de este nuevo código de convivencia" con el fin de dar lugar a una "discusión plural y democrática con participación de todos los actores de las sociedad civil".

La entidad que dirige el premio nobel de la paz, Adolfo Pérez Esquivel, criticó la iniciativa del Gobierno municipal que establece, según su visión, una "regulación y sanción de la protesta social, la posibilidad de imponer multas con fines recaudatorios o penas de prisión para cartoneros, vendedores ambulantes, trabajadoras sexuales, además de la regulación de muchos otros aspectos de la vida cotidiana de los ciudadanos platenses, como las reconocidas fiestas de estudiantes secundarios".

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No obstante, en la CPM advirtieron que la "normativa se inscribe en una política restrictiva, recaudatoria y represiva que atenta principalmente contra los derechos de los sectores más vulnerables de la sociedad". En esa línea, la entidad se sumó a los planteos del Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ) que días atrás sostuvo que la propuesta “confirma la segregación del espacio público del casco urbano" y "la gentrificación -ya avalada en el código urbano- que cierra la ciudad al usufructo de unos pocos".

En el extenso escrito difundido por la entidad explicaron que el nuevo código plantea que ante una infracción "se podrá avanzar en decomiso, multa y detención" y agregaron que "no contempla instancias de diálogo o alternativas en la resolución de los conflictos".

"Hasta el momento, cualquier análisis resulta incompleto porque el anteproyecto se realizó prácticamente sin consulta pública. La decisión de legislar sobre el uso del espacio público y las prácticas de la vida cotidiana en la ciudad requieren de un debate serio, abierto y plural con participación de todas las instituciones y organizaciones sociales interesadas en discutir sobre este tema", indicaron en la CPM y reclamaron la la convocatoria a una audiencia pública, abierta a la comunidad, en la que se pueda discutir la iniciativa y trabajar en la búsqueda de consensos "de fondo" antes de su sanción.

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