"Segregación" y “gentrificación”, el Código de Convivencia ya tiene su primera crítica
0221
0221

"Segregación" y “gentrificación”, el Código de Convivencia ya tiene su primera crítica

Lo hace un grupo de investigación y acción jurídica que habla de "segregación" y además lo cuestiona por su carácter “punitivista” y porque “criminaliza” las expresiones diversas de la sociedad “sin pensar en espacios de diálogo”.

Mientras la Municipalidad de La Plata avanza con la presentación del Código de Convivencia en espacios donde los vecinos pueden realizar sus aportes, empezaron a aparecer las primeras objeciones de parte de organizaciones que analizaron el anteproyecto que ya fue elevado también al Concejo Deliberante, el cual será –en última instancia– el que tendrá que tratarlo. La primera organización que salió con una postura pública fue el Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ). Sostiene que la propuesta “confirma la segregación del espacio público del casco urbano" y "la gentrificación -ya avalada en el código urbano- que cierra la ciudad al usufructo de unos pocos”.

El concepto de “gentrificación” que llama la atención en el documento emitido por la organización que trabaja en la promoción y protección de los derechos humanos, remite al corrimiento social que se produce en las ciudades por efecto de una presión: los residentes tradicionales de determinados barrios se ven obligados a mudarse a espacios más periféricos, y su lugar es ocupado por clases sociales con mayor capacidad económica.

La crítica de los profesionales fue emitida en un documento en el que, además, plantean que la convocatoria para su debate “pretende clausurar la discusión social rápidamente, apoyándose en el consenso de la ‘vecinocracia’ y relegando a las muchas organizaciones sociales que hace décadas desarrollan estas temáticas”.

Y cuestionan la realización de los talleres organizados por la Comuna desde el mismo día en que se eleva la propuesta al Concejo Deliberante. “Deja en claro quiénes son los que concurrieron a ese taller”, marcan.

En el documento, el CIAJ, organización que nuclea a abogados, sociólogos y comunicadores, como Esteban Rodríguez Alzueta, Sofía Caravelos, Matías Manuele y Martín Massa, dice ”no al Código de convivencia” y enumera una serie de razones:

• "Porque se propone como un código de convivencia y el único modo de resolución que propone es a través del punitivismo, sin siquiera pensar espacios de diálogos para la construcción de acuerdos sociales”.

• "Porque ese punitivismo implica la multa y arresto, para lo cual recurre a comisarías de la provincia sobre las que pesan ya una medida judicial de desalojo y una alarmante sobrepoblación”.

• "Porque piensa el espacio público a través de la homogeneidad, criminalizando toda forma de alteridad, diversidad y diferencia”

• "Porque vuelve a criminalizar la protesta social en contra de los derechos constitucionales a la libertad de expresión y reunión, reponiendo figuras que ya fueron cuestionadas por el Concejo Deliberante en 2016 durante el debate por la ‘ordenanza antipiquete’”.

• "Porque criminaliza formas de economía social en un contexto de desarme de estructuras de contención de Estado, de avance del desempleo y pauperización del salario, de profunda crisis económica que arroja a cada vez más personas a la supervivencia y ni siquiera reconoce ni apoya la autogestión y organización colectiva de esos sectores”.

• "Porque criminaliza formas de sociabilidad que hacen a la vida urbana y a la identidad colectiva como el arte callejero, los carnavales barriales, las fiestas callejeras, los ciclos de cine”.

• "Porque reduce el delito de acoso callejero a una contravención, lo que además implica un uso maniqueo y punitivista de los discursos de género, siendo el Estado el que debiera proponer políticas de garantía y promoción”.

• "Porque vuelve a calificar la prostitución como una falta”.

• "Porque en su maniquea forma de presentación (se anuncia su debate en talleres cuya realización es el mismo día en que se presenta) apela al vecino y ciudadano como una entidad abstracta, despojada de toda inscripción social: los y las platenses somos vecinos y vecinas pero también estudiantes, militantes, trabajadores/as públicos/as, vendedores/as ambulantes, travestis, músicos/as, migrantes, mujeres y feministas (algunas organizadas, otras no), integramos centros culturales, clubes de barrio, deportivos, somos cooperativistas de la economía popular, murguistas, docentes, cartoneros/as, artistas, defensores/as de derechos humanos, jóvenes que usamos el espacio público para expresarnos, bailar, encontrarnos, andar en skate, festejar nuestro upd (último primer día), marchamos organizada o espontáneamente y un montón de etcéteras diversos y múltiples que no entran en esta concepción homogénea e higienista del country con el que quieren disciplinar esta ciudad”.

Lo hace un grupo de investigación y acción jurídica que habla de "segregación" y además lo cuestiona por su carácter “punitivista” y porque “criminaliza” las expresiones diversas de la sociedad “sin pensar en espacios de diálogo”.

11 de octubre de 2018

Mientras la Municipalidad de La Plata avanza con la presentación del Código de Convivencia en espacios donde los vecinos pueden realizar sus aportes, empezaron a aparecer las primeras objeciones de parte de organizaciones que analizaron el anteproyecto que ya fue elevado también al Concejo Deliberante, el cual será –en última instancia– el que tendrá que tratarlo. La primera organización que salió con una postura pública fue el Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ). Sostiene que la propuesta “confirma la segregación del espacio público del casco urbano" y "la gentrificación -ya avalada en el código urbano- que cierra la ciudad al usufructo de unos pocos”.

El concepto de “gentrificación” que llama la atención en el documento emitido por la organización que trabaja en la promoción y protección de los derechos humanos, remite al corrimiento social que se produce en las ciudades por efecto de una presión: los residentes tradicionales de determinados barrios se ven obligados a mudarse a espacios más periféricos, y su lugar es ocupado por clases sociales con mayor capacidad económica.

La crítica de los profesionales fue emitida en un documento en el que, además, plantean que la convocatoria para su debate “pretende clausurar la discusión social rápidamente, apoyándose en el consenso de la ‘vecinocracia’ y relegando a las muchas organizaciones sociales que hace décadas desarrollan estas temáticas”.

Y cuestionan la realización de los talleres organizados por la Comuna desde el mismo día en que se eleva la propuesta al Concejo Deliberante. “Deja en claro quiénes son los que concurrieron a ese taller”, marcan.

En el documento, el CIAJ, organización que nuclea a abogados, sociólogos y comunicadores, como Esteban Rodríguez Alzueta, Sofía Caravelos, Matías Manuele y Martín Massa, dice ”no al Código de convivencia” y enumera una serie de razones:

• "Porque se propone como un código de convivencia y el único modo de resolución que propone es a través del punitivismo, sin siquiera pensar espacios de diálogos para la construcción de acuerdos sociales”.

• "Porque ese punitivismo implica la multa y arresto, para lo cual recurre a comisarías de la provincia sobre las que pesan ya una medida judicial de desalojo y una alarmante sobrepoblación”.

• "Porque piensa el espacio público a través de la homogeneidad, criminalizando toda forma de alteridad, diversidad y diferencia”

• "Porque vuelve a criminalizar la protesta social en contra de los derechos constitucionales a la libertad de expresión y reunión, reponiendo figuras que ya fueron cuestionadas por el Concejo Deliberante en 2016 durante el debate por la ‘ordenanza antipiquete’”.

• "Porque criminaliza formas de economía social en un contexto de desarme de estructuras de contención de Estado, de avance del desempleo y pauperización del salario, de profunda crisis económica que arroja a cada vez más personas a la supervivencia y ni siquiera reconoce ni apoya la autogestión y organización colectiva de esos sectores”.

• "Porque criminaliza formas de sociabilidad que hacen a la vida urbana y a la identidad colectiva como el arte callejero, los carnavales barriales, las fiestas callejeras, los ciclos de cine”.

• "Porque reduce el delito de acoso callejero a una contravención, lo que además implica un uso maniqueo y punitivista de los discursos de género, siendo el Estado el que debiera proponer políticas de garantía y promoción”.

• "Porque vuelve a calificar la prostitución como una falta”.

• "Porque en su maniquea forma de presentación (se anuncia su debate en talleres cuya realización es el mismo día en que se presenta) apela al vecino y ciudadano como una entidad abstracta, despojada de toda inscripción social: los y las platenses somos vecinos y vecinas pero también estudiantes, militantes, trabajadores/as públicos/as, vendedores/as ambulantes, travestis, músicos/as, migrantes, mujeres y feministas (algunas organizadas, otras no), integramos centros culturales, clubes de barrio, deportivos, somos cooperativistas de la economía popular, murguistas, docentes, cartoneros/as, artistas, defensores/as de derechos humanos, jóvenes que usamos el espacio público para expresarnos, bailar, encontrarnos, andar en skate, festejar nuestro upd (último primer día), marchamos organizada o espontáneamente y un montón de etcéteras diversos y múltiples que no entran en esta concepción homogénea e higienista del country con el que quieren disciplinar esta ciudad”.

COMENTARIOS