“No hay maldita policía sin maldito poder judicial”, esa consigna social que es repetida en cada marcha por inseguridad o casos de gatillo fácil se corporizó este lunes en el inicio del juicio oral por la muerte de de Cristian Pérez, conocido como “El Rusito”, cuyo cuerpo apareció el 14 de octubre de 2002, presuntamente arrojado al paso de un tren entre las estaciones de City Bell y Villa Elisa.
La causa estuvo sumergida en un laberinto judicial e iba camino a la impunidad, pero la tenacidad de la familia de la víctima logró impulsar el expediente que tiene a siete policías sentados en el banquillo de los acusados. A algunos se les imputa el homicidio y a otros el encubrimiento del hecho, pero la fiscal de juicio, Victoria Huergo, adelantó que a los sospechados de ocultar el caso, los acusará como partícipes primarios.
Los procesados son David Alejandro Koenig, Miguel Ángel Álvarez, Jorge Alberto Luna, Pedro Oscar Djurasek, Ariel David Perich, Rubén Eduardo Lago yJuan Alejandro Pavella. Djurasek era el titular de la comisaría Décima al momento del hecho y fue exonerado por apremios ilegales en el marco de otra causa judicial. Koenig actualmente cumple funciones en la comisaría Primera.
En principio la versión policial aseguraba que se había tratado de un “suicidio”, pero las pericias determinaron que el cuerpo sin vida fue colocado en las vías para que lo atropelle un tren.

La causa estuvo varios años inmersa en un laberinto judicial que tenía aroma a impunidad. El impulso de la familia y sus abogadas, Sofía Caravelos y Analía Carrillo, lograron reabrir el expediente y con el cambio de fiscal (quedó en manos de Marcelo Martini) consiguieron llevar a juicio oral a los sospechosos.
El personal policial desde el principio calificó los hechos como “suicidio” y el fiscal interviniente en ese entonces, Leandro Heredia (destituido por varias irregularidades), convalidó la versión policial, delegando en los uniformados las primeras medidas de prueba que fueron practicadas en la causa.

La autopsia se realizó en la Morgue de la Policía, donde el médico policial concluyó que todas las lesiones vitales que poseía el cuerpo de Cristian, habían sido provocadas por la astricción ferroviaria. El testimonio de otro médico legista -que discrepaba con la versión policial-, no fue agregado al expediente. Las ropas y pertenencias de Cristian desaparecieron.
Durante el período de instrucción se perdieron las muestras de ADN de pelos hallados entre los dedos de Cristian y el libro de guardias de la comisaría fue ocultado durante 7 años; la falsedad de las firmas de Cristian también será objeto de debate en el juicio.

Los primeros testigos en declarar fueron los familiares de la víctima. Heidel Marie Cejrowaska, la abuela de Cristian, nunca creyó la versión del suicidio. Contó ante los jueces que en una de sus habituales visitas al exfiscal Tomas Moran (detenido sospechado de corrupción) vio que se le cayó un sobre que le había entregado personal policial “lleno de dinero”.
Moran fue detenido acusado de pedir dinero a cambio de protección judicial, tal como informó 0221.com.ar.

También declararon la madre y la tía del joven. Las tres mujeres confirmaron que la policía les notificó que el joven se había suicidado cuando ni siquiera se había corrido el vagón del cuerpo y era imposible identificar a la víctima. ¿Cómo sabían los policías que el cuerpo era de Cristian Pérez? Es la pregunta que quedó flotando en la audiencia.
Las abogadas de la familia del joven muerto, enumeraron doce irregularidades en el proceso, que serán materia de debate en las audiencias que se extenderán durante un mes. El juicio oral está a cargo del Tribunal Oral Criminal II de La Plata integrado por Claudio Bernard, Liliana Torrisi y Silvia Hoerr por la secretaría de Julio Banfi.