La destitución del ex juez platense Luis Federico Arias fue presentado ante la ONU por diversas organizaciones de Derechos Humanos que lo acompañaron a lo largo del jury que terminó con su salida del poder judicial. En la presentación, realizada ante el Relator especial sobre la independencia de magistrados y abogados, plantearon que la separación del cargo del ex titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 1 de La Plata es “una clara afectación de la independencia de la magistratura”.
Entre las organizaciones que realizaron la presentación está la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) la cual ya había señalado que no había fundamentos ni pruebas para sostener la acusación y que su destitución se inscribía en “una estrategia de disciplinamiento político que constituye un duro golpe a la independencia judicial”.
Otros organismos que firmaron la presentación están la APDH, la Asociación Pensamiento Penal y la Coordinadora Argentina por los Derechos Humanos. “El juez fue removido por cuestiones estrictamente políticas”, aseguran. Por eso piden que el caso se considere como “una flagrante de violación de este principio y se adopten las medidas consecuentes”.
La denuncia ante el relator de la ONU también fue acompañada por la Asociación Nacional de Jueces y Juezas del Trabajo que expresó su preocupación ante el riesgo que implica para la vigencia de los principios republicanos de la división de poderes una “inusual intervención del Poder Ejecutivo Nacional y de algunas Provincias” que afecta el cumplimiento de la función jurisdiccional.
El juez Arias fue destituido en agosto pasado, imputado por 21 cargos vinculados a sus actuaciones en causas sobre desalojos, sus intervenciones en acciones respecto a la inundación de 2013 en La Plata y expedientes relacionados con conflictos de competencia. El jury se desarrolló durante nueve jornadas donde declararon alrededor de 20 testigos.
La CPM que participó como veedora observó que el proceso de destitución estuvo marcado por “profundas inconsistencias en las acusaciones y ausencia de pruebas”, y que muchos de los hechos que se le imputaron “no pudieron ser demostrados”.

En esta presentación conjunta ante Naciones Unidas, los denunciantes aseguran que “todos los cargos que se le han imputado están vinculados con el contenido de sus sentencias, las que estuvieron dirigidas a la protección de los derechos humanos y ajustadas al principio de legalidad en el marco de las competencias que la Constitución Provincial y la legislación vigente le asignan al fuero contencioso administrativo”.
“El contenido de las sentencias nunca pueden ser motivo de destitución. Sin pruebas ni razones para sostener la acusación, el juicio político fue un mensaje de disciplinamiento para aquellos jueces y juezas que actúan con autonomía y compromiso en la defensa de los derechos humanos. Antes de las audiencias del jury, la decisión política estaba tomada: Arias fue un juez justo que molestó e incomodó con sus fallos protectorios de derechos a los diferentes gobiernos provinciales”, agregaron.

También cargan contra el procurador general de la Corte Julio Conte Grand por un supuesto “doble estándar” al plantear que así como decidió acusar y promover la destitución del juez Arias, “dispuso recientemente el cierre y archivo de las actuaciones administrativas iniciadas contra el actual fiscal general de Mar del Plata, Fabián Fernández Garello. Este había sido denunciado por los organismos por su participación en crímenes de lesa humanidad como agente de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA).