miércoles 12 de febrero de 2025

Las causas que acorralan a Carlos Fantini, el baleado decano de la UTN La Plata

Es investigado en el ámbito Federal y en la justicia ordinaria platense por presuntos desvíos de subsidios del ministerio de Desarrollo Social y de la gobernación bonaerense. La cifra en la mira supera los 850 millones de pesos.

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Carlos Fantini, el decano de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) regional La Plata baleado hace una semana en su casa, no solo figura en esa causa penal como víctima. Tiene otros dos procesos en curso pero del otro del mostrador judicial: está en el banquillo de los acusados, investigado por el presunto desvío de millonarios subsidios proveniente de dos vías de financiamiento público: el ministerio de Desarrollo Social (durante la gestión de Alicia Krichner) y el gobierno de la provincia de Buenos Aires, en épocas de Daniel Scioli al frente del Estado bonaerense.

Luego de ser atacado, Fantini no dio demasiadas precisiones sobre el hecho que es investigado por el fiscal Marcelo Romero. Esas gambetas explicativas llamaron la atención en las diagonales de la ciudad de La Plata, y comenzaron las especulaciones de todo tipo.

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Por fuera de cualquier especulación, existen dos datos concretos, objetivos: el decano enfrenta dos procesamientos judiciales por estafas y desvíos de fondos públicos.

El primero de los expedientes se abrió en 2016 luego de un informe presentado por la ONG Poder Ciudadano ante la justicia Federal de La Plata, para que se investigue la vidriosa relación, vía convenio, firmado entre el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación con una fundación de la UTN de La Plata durante los años 2009 y 2015.

La causa está en manos del juez Ernesto Kreplak, titular del Juzgado Federal 3 de La Plata, quien el 6 de junio pasado le recibió declaración indagatoria a Fantini y a otros directivos de la entidad educativa por una malversación de fondos de unos $181 millones y presuntas maniobras en la contratación de los ingenieros responsables de controlar el plan Argentina Trabaja, correspondiente al Ministerio de Acción Social, en épocas de Alicia Kirchner.

El Plan Argentina Trabaja fue lanzado en agosto de 2009 e implica el cobro de un ingreso mensual para desocupados por tareas en obras y mantenimiento del espacio público. Los beneficiarios formaron cooperativas y fueron contratados por municipios, provincias o el INAES. Para controlar este plan, Desarrollo Social firmó convenios con el decano de la facultad La Plata de la UTN, pero las órdenes de pago eran devengadas a nombre de la Fundación UTN, presidida por el ingeniero platense Carlos Alberto López.

Kreplak intenta definir si la fundación de la facultad era utilizada para recibir el dinero de los fondos nacionales y hacer luego millonarias contrataciones sin llamar a licitación pública.

De acuerdo con la investigación, profesionales que formaban parte de las listas de cobro nunca participaron de esas auditorías. Incluso hubo quienes denunciaron haber sido víctimas de sustracción de identidad.

Una maniobra similar se investiga en la justicia Penal de La Plata, pero con fondos que provenían del gobierno bonaerense, durante la administración de Daniel Scioli. En este expediente se investigan los delitos de malversación de fondos públicos, fraude al fisco y lavado de dinero, entre otras posibles infracciones al Código Penal.

La investigación penal preparatoria está en la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción 5 de La Plata y el juez de Garantías del caso es Juan Pablo Masi, quien está en un contrapunto judicial con Kreplak, quien le pide que decline competencia y se investigue todo en el ámbito Federal.

El juez Masi considera que, como el origen de los fondos fue el erario bonaerense, el expediente debe quedar radicado en la justicia ordinaria provincial.

Esta causa se abrió luego de la resolución interna 796/16, firmada el 19 de mayo de 2016 por la conducción nacional de la Universidad Tecnológica Nacional, para que se eche luz y se determine si las autoridades locales usaban a la Fundación de la entidad para manejar los fondos girados desde Nación en 13 convenios, de alrededor de 13 millones de pesos cada uno, por un total de 169 millones de pesos. Se sospecha que parte de ese dinero fue para financiar actividades de la agrupación política La Cámpora, pero eso es materia de investigación.

La misma intermediación fue firmada con el ministerio de Planificación Federal en tiempo del condenado Julio de Vido, por 376 millones de pesos, que se suman a los del ministerio de Desarrollo Social. Ahora si se suman todos los organismos nacionales que hicieron convenios con la UTN La Plata entre 2009 y 2015 la cifra a investigar supera los 850 millones de pesos. En la mayoría de estos casos, la regional La Plata se quedaba con el 17 por ciento de lo facturado y de ese total 7,5 eran para la fundación. Para la auditoría realizada por la Sindicatura General de la nación (Sigen), el “7,5 de ese 17 que cobraba la fundación era un sobrecosto sobre los servicios prestados”.

La trama que se investiga en la justicia ordinaria de La Plata es tan compleja, que el expediente fue girado a la Policía Judicial de la Procuración General Bonaerense, donde peritos trabajan en determinar el monto total del perjuicio económico que, actualizado puede superar “los mil millones de pesos”, confiaron fuentes de la investigación.

Las causas que se investigan en La Plata tienen conexidad con otras que se instruyen en los tribunales federales de Comodoro Py, donde se averigua una supuesta asociación ilícita entre ex funcionarios nacionales con personal de las UTN de La Plata, Río Gallegos, Avellaneda y San Nicolás. En todos los casos, el nombre de Carlos Fantini aparece salpicado.

De Vido también está procesado y detenido por la causa Río Turbio. Estos convenios sirvieron, según el fiscal Carlos Stornelli, para que De Vido evitara llamar a licitación pública, entre otras maniobras.

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