Un juez federal declaró inaplicable el decreto de Javier Milei y ordenó cumplir la Ley de Financiamiento Universitario ratificada por el Congreso.
Un fallo del fuero contencioso administrativo federal dejó sin efecto de manera provisoria el decreto del gobierno de Javier Milei que había suspendido la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y ordenó actualizar de inmediato las partidas destinadas a salarios docentes y becas estudiantiles.
La medida fue dictada por el juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, quien hizo lugar a una cautelar presentada en el marco de un amparo colectivo y declaró inaplicable el Decreto 759/2025, al advertir, en principio, rasgos de "arbitrariedad e ilegalidad manifiesta".
El Senado de la Nación dejó listo el proyecto de Presupuesto 2026 para tratarlo el 26 de diciembre, sin el capítulo 11, que había sido eliminado en Diputados.
Tras la media sanción del Presupuesto 2026 en la Cámara baja, el Gobierno sostiene que sin el Capítulo XI se atenta contra su plan y evalúa cambios o veto.
La acción fue impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional y otras entidades contra el Estado Nacional, y cuestionó la validez constitucional del decreto presidencial que condicionó la ejecución de la Ley 27.795, pese a que había sido ratificada por la insistencia de ambas cámaras del Congreso. Uno de los patrocinantes es el constitucionalista Pablo Manili.
En su resolución, el magistrado ordenó al Poder Ejecutivo cumplir de manera inmediata con la actualización de las partidas previstas para el pago de salarios docentes y becas estudiantiles, al considerar que la insistencia legislativa no admite, en esta etapa del proceso, una "variante suspensiva" frente a una ley sancionada conforme al artículo 83 de la Constitución.
El fallo remarcó que la cautelar solicitada tiene carácter innovativo, ya que implica un anticipo de jurisdicción favorable respecto del fallo final, y subrayó que este tipo de medidas exige un análisis particularmente riguroso por alterar el estado de hecho y de derecho existente al momento de su dictado.
Cormick consideró acreditada la inobservancia de un deber jurídico concreto por parte del Estado Nacional y señaló que el Poder Ejecutivo fundó la suspensión de la ley en una norma de jerarquía inferior, frente a un mandato constitucional expreso derivado de la insistencia parlamentaria.
Al analizar el peligro en la demora, el juez sostuvo que el deterioro salarial del colectivo afectado continúa en la actualidad y que esa situación vulnera derechos laborales protegidos por tratados internacionales y por la Constitución Nacional, además de impactar sobre el derecho a enseñar y aprender.
Finalmente, el magistrado afirmó que la solución adoptada por el Ejecutivo "parece, al menos en este estado larval del proceso, reñida con el principio de división de poderes", por lo que dispuso que la cautelar rija hasta el dictado de la sentencia definitiva, bajo caución juratoria.