Las tarifas de los servicios públicos y su peso en la economía familiar se multiplicó entre los habitantes de todo el AMBA desde la asunción de Javier Milei.
El gasto en servicios públicos de las familias del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) aumentó 561% entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025. El fuerte ajuste de las tarifas, impulsado por la quita de subsidios del Gobierno de Javier Milei, superó ampliamente a la inflación y anticipa nuevos incrementos para 2026.
Los datos surgen de un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), dependiente de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA) y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), que advierte que el aumento del gasto en servicios públicos fue tres veces mayor que el del nivel general de los precios.
El Indec informó que la canasta básica volvió a subir más que la inflación en noviembre y una familia tipo necesitó $1.257.329 para no caer en la pobreza.
Comenzará a regir a partir del 1° de enero de 2026. El objetivo es "alcanzar la convergencia de la inflación doméstica al nivel de inflación internacional".
En el Área Metropolitana vive el 35% de la población argentina y, según el trabajo, la canasta que incluye electricidad, gas, agua potable y transporte acumuló un alza del 561% entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025, frente a una inflación del 185% en el mismo período.
El ajuste, sin embargo, no fue uniforme a lo largo del período. El mayor impacto se concentró en 2024, cuando el Gobierno avanzó con una fuerte recomposición tarifaria y una reducción significativa de los subsidios económicos para corregir los atrasos acumulados durante la última gestión kirchnerista. En 2025, en cambio, las subas perdieron intensidad y se movieron en línea con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), en un contexto atravesado por el año electoral.
Ese reordenamiento de precios relativos coincidió con una desaceleración marcada de la inflación: tras haber alcanzado el 211,4% en 2023 y el 117,8% en 2024, el IPC cerraría 2025 en torno al 30%, según estimaciones privadas. La normalización de las tarifas es uno de los factores que el propio presidente suele mencionar para explicar la baja del índice general. De acuerdo con la consultora Econviews, los rubros del INDEC vinculados a servicios públicos, combustibles y salud privada recuperaron durante el actual mandato gran parte del atraso acumulado y se acercaron a los niveles previos al congelamiento aplicado en 2018.
En diciembre de 2025, un hogar promedio del AMBA sin subsidios destinó $183.410 mensuales para cubrir transporte, luz, gas y agua potable. Ese monto implicó un aumento interanual del 31%, en línea con la inflación estimada y representó el 11,1% del salario promedio registrado.
Al desagregar el incremento acumulado desde diciembre de 2023, el transporte público aparece como el principal factor de presión sobre el presupuesto familiar. El boleto de colectivos subió 937% en 2 años, seguido por el gas natural (+709%), el agua (+386%) y la electricidad (+339%). El transporte explicó la mayor parte del salto del gasto mensual total.
El boleto de colectivos subió 937% en 2 años y explica la mayor parte del salto del gasto mensual total de las familias
Durante 2025, la dinámica fue distinta. El transporte volvió a liderar las subas, con un aumento interanual del 48%, mientras que el gas (+28%), la electricidad (+19%) y el agua (+13%) crecieron por debajo de la inflación. En conjunto, el transporte explicó 19 de los 31 puntos porcentuales del incremento interanual de la canasta de servicios públicos.
La evolución del gasto de las familias estuvo directamente vinculada con la política de reducción de subsidios, uno de los pilares del programa de superávit fiscal del Gobierno. Se trata de una de las partidas más relevantes del gasto público y su recorte coincidió con una mejora del frente externo energético, impulsada por el crecimiento de las exportaciones de petróleo y la caída de las importaciones de gas gracias a Vaca Muerta.
De cara a 2026, el Ejecutivo avanzó en una reconfiguración integral del esquema de subsidios energéticos, que implicará nuevos aumentos en las tarifas para amplios sectores de usuarios. En ese marco, el director de la consultora Paspartú, Juan José Carbajales, explicó en diálogo con La Nación que el objetivo es "reducir el costo fiscal de los subsidios energéticos, que el Gobierno ya bajó en un punto del PBI desde el inicio de la gestión y ahora busca reducir un cuarto de punto adicional, para cerrar 2026 en torno al 0,5% del PBI".
El especialista señaló que el nuevo esquema prevé retirar gradualmente los subsidios a los hogares con ingresos superiores a tres canastas básicas totales, mientras que los usuarios que permanezcan subsidiados tendrán topes de consumo con precios diferenciales en electricidad y gas. "La idea es que el proceso se extienda durante todo 2026, siguiendo criterios de gradualidad y previsibilidad", explicó, aunque advirtió que la ausencia de una audiencia pública formal podría generar cuestionamientos judiciales.
En la misma línea, el exvicejefe de Gabinete y exsecretario de Energía de la Nación, Gustavo Lopetegui, destacó que la asistencia estatal ya se redujo de manera significativa. "Hoy estamos en gas y electricidad con una cobertura promedio anual cercana al 70%, una de las más altas de los últimos años", afirmó a aquel matutino. Según sus estimaciones, los subsidios pasaron de representar el 1,7% del PBI en 2023 a alrededor del 0,66% este año, unos US$2.500 millones, y el objetivo oficial es llevarlos al 0,5% en 2026, cerca de US$1.600 millones. En ese camino, los hogares que pierdan el beneficio enfrentarán nuevos aumentos en las tarifas, aunque el impacto se distribuirá a lo largo del año.
En el Gobierno reconocen que en algunos momentos de 2026 las facturas de luz y gas mostrarán subas de dos dígitos. A eso se sumará el esquema de incrementos mensuales en los boletos de colectivos de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, que combinará la inflación con un adicional del 2%, con el objetivo de recomponer los ingresos de las empresas del sector.