La jueza Marcela Garmendia al fiscal por "demoras injustificadas" y "escaso impulso investigativo" en la causa por los loteos ilegales de La Plata.
La Justicia ordenó paralizar por 6 meses distintos emprendimientos vinculados a la causa por los loteos ilegales en La Plata. La jueza Marcela Garmendia hizo lugar a un pedido de medidas cautelares de la Comuna y también cuestionó con dureza el magro avance de la investigación.
Como se dijo, el fallo no se limitó a resolver esa solicitud: en siete de las diecisiete páginas de la Resolución, la magistrada cuestionó el desarrollo de la investigación y apuntó contra el titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°16, Juan Cruz Condomí Alcorta, por lo que consideró una falta de impulso procesal.
La Municipalidad de La Plata sigue de cerca la comercialización de loteos ilegales, en medio del plan de reordenamiento territorial.
La Justicia ordenó procedimientos en más de una docena de oficinas de La Plata y CABA a raíz de las denuncias por la proliferación de loteos ilegales.
Según el escrito, la instrucción presenta demoras injustificadas, escaso impulso investigativo, ausencia de medidas para frenar las maniobras denunciadas y una deficiente conducción de la pesquisa por parte del fiscal.
Uno de los principales cuestionamientos refiere a la falta de avances concretos en la causa. Garmendia advirtió que "al día de la fecha y pese a haber transcurrido casi 2 años de su inicio, no se ha producido auto de mérito alguno", en referencia a la inexistencia de imputaciones formales contra los denunciados. En ese sentido también objetó la respuesta del fiscal al pedido de medidas cautelares presentado por la Municipalidad. Según sostuvo, Condomí Alcorta remitió la solicitud al juzgado "sin precisar las medidas cautelares que entiende procedentes y adecuadas en cada caso, como tampoco producir medidas investigativas previas (...) ni aportar fundamentación propia en su rol de director de la investigación".
La magistrada cuestionó además que las distintas denuncias presentadas por el Municipio fueran tramitadas por separado, pese a la conexidad existente entre ellas. Frente a esa situación, Garmendia ordenó la acumulación de los expedientes, una medida que, según indicó, debió haber sido adoptada durante la investigación.
La jueza Marcela Garmendia cuestionó que las denuncias del Municipio sean tramitadas por separado y ordenó la acumulación de los expedientes iniciados por los loteos ilegales
En el fallo, la magistrada remarcó que sus observaciones no constituyen una valoración subjetiva, sino el ejercicio de las funciones que le impone la ley como jueza de Garantías. En ese sentido, afirmó: "Entiendo que el análisis precedente constituye una exigencia del control de legalidad de la investigación, que debo cumplir en mi rol de Jueza Garante".
La investigación judicial aborda una problemática de gran dimensión en la ciudad. De acuerdo con el relevamiento realizado por la Municipalidad de La Plata, existen 435 barrios y proyectos de loteos ilegales o irregulares que abarcan unas 3.380 hectáreas, con 6.876 viviendas construidas y una capacidad potencial superior a las 32.800 parcelas, donde podrían haberse asentado alrededor de 165.000 personas.
De acuerdo con los informes de la Comuna, en La Plata existen 435 barrios y proyectos de loteos ilegales o irregulares que ya cuentan con 6.876 viviendas construidas y parecelas para alojar hasta 165.000 personas
El informe municipal sostiene que miles de familias adquirieron de buena fe supuestos lotes que, en muchos casos, representaban porcentajes indivisos de parcelas rurales o inmuebles que nunca reunieron las condiciones legales para ser subdivididos, escriturados o urbanizados, lo que generó importantes perjuicios patrimoniales e incertidumbre jurídica. También advierte que 254 de esos barrios fueron desarrollados sobre áreas con peligrosidad hídrica media o alta y que numerosos emprendimientos carecen de infraestructura básica, como redes de agua potable, cloacas, desagües pluviales, energía eléctrica, transporte público y servicios educativos y sanitarios.
La Municipalidad impulsa la causa penal y sostiene que la comercialización de parcelas sin aptitud urbanística involucró a desarrolladores, intermediarios, profesionales y otros actores que ofrecieron terrenos sin autorización administrativa ni condiciones legales para urbanizar.
