El magistrado del Tribunal Oral Federal N°2 que condenó a la expresidenta en la Causa Vialidad decidirá si cumple la pena en su casa o en una cárcel federal.
Jorge Gorini no es un juez que se deje llevar por presiones externas. Tampoco es afecto a la exposición pública. Tiene 57 años, más de tres décadas en la Justicia penal y una formación jurídica que lo ubica entre los magistrados de carrera más experimentados del fuero federal. Ahora, además, tiene en sus manos el futuro de Cristina Kirchner.
Desde hace un tiempo su nombre dejó de estar confinado a los pasillos de Comodoro Py: se volvió protagonista en una historia que mezcla justicia, poder político, custodias reforzadas y decisiones que podrían torcer el curso de la historia reciente argentina.
La expresidenta Cristina Kirchner será escoltada por una multitud a Comodoro Py. Esperan al menos medio millón de personas y el PJ afina detalles del operativo.
Esta semana el magistrado tomará una decisión que ya lo convirtió en el blanco de críticas, sospechas y amenazas: determinar el lugar de cumplimiento de la pena de 6 años de prisión que pesa sobre Cristina Fernández, la expresidenta condenada por corrupción en la obra pública de Santa Cruz en el marco de la Causa Vialidad.
No se trata de una decisión cualquiera. Como juez de ejecución penal del Tribunal Oral Federal (TOF) N° 2, la competencia es exclusivamente suya. Podrá conceder o rechazar el pedido de prisión domiciliaria elevado por la defensa y establecer, si correspondiera, las condiciones bajo las cuales la dirigente peronista –condenada también a inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos– deberá cumplir la pena.
Gorini egresó en 1992 como abogado de la Universidad del Salvador y 4 años después se especializó en derecho penal. Su carrera judicial fue ascendiendo sin grandes sobresaltos hasta que asumió como juez del TOF 2 en septiembre de 2011, en plena primera presidencia de la mujer que ahora fue condenada por su tribunal. Previamente, fue titular del Juzgado Criminal N°36 en el fuero ordinario.
En su estrado participó en juicios resonantes. Uno de ellos lo colocó en el centro de atención mediática: en 2014 condenó a la exministra de Economía Felisa Miceli a 4 años de prisión efectiva por encubrimiento y sustracción de documento público, en el conocido caso de "la bolsa en el baño" del Palacio de Hacienda.
Para colegas y operadores judiciales, Gorini representa un modelo clásico de juez penal federal: apegado al expediente, inflexible con los pedidos de morigeración de penas y alejado del espectáculo mediático. "Es del ala dura. No le gusta el show y es muy estricto para otorgar domiciliarias. A (Ricardo) Jaime no le da nada, y eso que está mal de salud", lo definió un reconocido abogado penalista consultado.
La condena que el TOF 2 dictó sobre CFK en diciembre de 2022 no solo incluyó los 6 años de prisión. El fallo estableció que la exmandataria y los demás condenados debían ser alojados en "una dependencia de una fuerza federal que cumpla con las condiciones adecuadas", lo que incluye al Servicio Penitenciario Federal (SPF), la Prefectura Naval Argentina (PNA), la Gendarmería Nacional, la Policía Federal Argentina (PFA) o la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).
En su última resolución, Gorini recordó que CFK tiene 72 años, que fue presidenta y vicepresidenta de la Nación y que fue víctima de un intento de asesinato el 1 de septiembre de 2022, por lo que le solicitó al Ministerio de Seguridad de la Nación, encabezado por Patricia Bullrich, garantizar condiciones especiales de custodia.
La decisión sobre una eventual prisión domiciliaria también le compete. La Ley 24.660, que rige la ejecución de las penas privativas de la libertad, le otorga al juez la facultad de establecer las condiciones específicas del arresto domiciliario, si así lo concede. Esa normativa indica que el tratamiento del condenado debe respetar sus derechos y promover su reinserción social. Pero también deja en claro, en su Artículo 34, que el juez puede revocar el arresto domiciliario ante cualquier incumplimiento. Por eso, todo está en manos de Gorini. Hasta ahora, la defensa de CFK pidió evitar la tobillera electrónica y propuso cumplir la pena en su residencia particular, invocando cuestiones de edad, salud, y seguridad. El magistrado podría conceder el pedido, denegarlo o imponer condiciones: como en el caso del sindicalista Juan Pablo "Pata" Medina, a quien le prohibieron realizar actividades gremiales mientras estuvo detenido en su domicilio. Esa restricción no se cumplió y Medina fue nuevamente detenido en 2021. En el caso de Cristina, las especulaciones hablan de restricciones aún más severas: no hacer declaraciones públicas, no participar de actos políticos ni comunicarse con medios. En definitiva, una prisión domiciliaria sin balcón.
La centralidad de Gorini en el caso Vialidad no pasó desapercibida. Durante los alegatos finales del juicio oral, en septiembre de 2022, apareció un paquete sospechoso en la puerta de su casa. El escuadrón de explosivos debió intervenir. Pocos días después, el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, pidió a la Cámara Federal de Casación aumentar la custodia del magistrado y de sus colegas Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.
La preocupación creció con los escraches y amenazas en redes sociales. Uno de los tuits más preocupantes fue el del usuario @kike_MPD, quien arrobó a La Cámpora y publicó: "Hay que difundir los domicilios de estos jueces y fiscales de este pelotón de fusilamiento, si no se ataca con el mismo calibre no se puede".
No fue lo único. Gorini denunció que desde una unidad básica de La Cámpora situada a metros de su vivienda le sacaban fotos a él y su familia. Además, sufrió una intrusión grave: su declaración jurada fue vulnerada, sus datos personales robados, y hubo al menos doce accesos no autorizados a su base biométrica del Registro Nacional de las Personas (RENAPER). Especialistas advirtieron que esa información podría servir para construir una identidad falsa y hacer que una persona aparezca en lugares donde nunca estuvo.
Pese a estos antecedentes, cuando la defensa de CFK pidió recusarlo por supuesta parcialidad, alegando reuniones con Bullrich durante el macrismo, el planteo fue rechazado por extemporáneo. Gorini siguió en el tribunal, dictó sentencia y ahora debe ejecutar esa pena.
En el universo de Comodoro Py, todos saben que las decisiones de ejecución penal no son automáticas ni impersonales. Menos aún en un caso como el de CFK. La Ley 24.660 le otorga a Gorini el control pleno de la pena: podrá decidir si se cumple en una unidad carcelaria o en un domicilio privado, con qué condiciones, por cuánto tiempo y bajo qué régimen de control. Esa potestad judicial, sin embargo, no escapa al ruido del contexto: movilizaciones, pedidos de "lawfare" por parte del kirchnerismo, amenazas, operaciones cruzadas, y la presión constante sobre el fiscal Diego Luciani, impulsor del juicio, y los demás jueces del tribunal.
El pasado lunes 9 de junio, fue el propio Gorini quien notificó a la Cámara Nacional Electoral (CNE) que CFK y los demás condenados estaban inhabilitados de por vida para ejercer cargos públicos. La letra de la condena sigue ejecutándose, línea por línea.
Ahora, le tocará al mismo juez decidir si Cristina cumple su pena entre las paredes de su residencia o entre las celdas de una fuerza federal. Sea cual fuere su resolución, tendrá consecuencias políticas, jurídicas y sociales. Y, como todo en el caso Vialidad, será leído con una lupa que excede el expediente. Gorini lo sabe, pero también sabe que el peso de la ley y la sombra del poder se enfrentan cada vez que un juez tiene que escribir una línea más en la historia judicial de la Argentina.