Pese a la multitudinaria Marcha Federal Universitaria, el presidente Javier Milei vetó la Ley de Financiamiento Universitario y el proyecto volverá a ser tratado en el Congreso. Ante la incertidumbre sobre el apoyo que la decisión oficialista tendrá de los legisladores argentinos, en el Gobierno evalúan judicializar el decreto y esto podría tener contundentes consecuencias para el mandatario.
Inicialmente, las expectativas del oficialismo están puestas en que ocurra lo mismo que con el veto al aumento de las jubilaciones cuando los legisladores de La Libertad Avanza (LLA) y sus aliados ratificaron la resolución presidencial. El radicalismo jugará un papel decisivo para ello y es que será clave para inclinar la balanza a favor o en contra del veto a la medida.
Si la oposición logra los dos tercios necesarios para rechazar el veto, la administración libertaria evalúa ir a la Justicia y, según abogados constitucionalistas, esto podría poner en riesgo al propio Milei.
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Javier Milei contempla implementar una medida que le podría generar graves consecuencias para su mandato.
Según los expertos, no existe el concepto de "judicializar el veto", ya que esto "es constitucionalmente imposible" según explicó el constitucionalista Andrés Gil Domínguez en diálogo con el sitio TN.com.ar. "Es imposible, el Poder Ejecutivo no tiene legitimación procesal para hacerlo", dijo y aclaró: "Si el Congreso insiste con los dos tercios de ambas Cámaras, el presidente debe cumplir la ley".
"Si el Gobierno no sigue la voluntad de los diputados y senadores, esto podría ser visto como causal de juicio político por mal desempeño y abuso de poder", agregó otro letrado especializado al mismo portal y dejó de manifiesto que el mandatario argentino podría exponerse, incluso, a ser removido de su cargo si se niega a cumplir con la voluntad del Congreso.
El veto del Gobierno
El Decreto N° 879/2024, publicado en el Boletín Oficial, establece que el norma aprobada por el Congreso de la Nación "no cuenta con previsión presupuestaria ni recursos a utilizar para su financiamiento, acarrea problemas técnicos que imposibilitan su implementación ordenada, y afecta de manera tangible los objetivos de política económica fijados por el Gobierno nacional".
En el Ejecutivo advierten que la eventual "aplicación de las prescripciones del referido proyecto de ley implicaría un gasto adicional de aproximadamente $811.569.000.000 (ochocientos once mil quinientos sesenta y nueve millones de pesos)" y agregan que "el presupuesto en ejecución de la Secretaría de Educación, dependiente del Ministerio de Capital Humano, no incluye los créditos necesarios para atender el gasto asociado al proyecto de ley sancionado". Por esta razón, su implementación "demandaría aportes adicionales del Tesoro Nacional".
Veto a la Ley de Financiamiento Universitario.pdf
El escrito también postuló que la administración de los recursos públicos "debe ser realizada en forma responsable y conforme a los fines públicos y principios de buena administración" y se advirtió que el proyecto "es manifiestamente violatorio del marco jurídico vigente, en tanto no contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento".