En caso de que los legisladores no respalden el veto presidencial firmado por Javier Milei, el Ejecutivo podría elevar el proceso ante la Corte Suprema.
Tras la oficialización del veto a la Ley de Financiamiento Universitario, el Gobierno se mantiene a la expectativa de lo que suceda en el Congreso y evalúa judicializar el conflicto en caso de que los legisladores insistan en aprobar la norma.
El veto fue publicado en la mañana de este jueves en el Boletín Oficial y ahora la decisión firmada por Javier Milei será devuelta al Poder Legislativo, donde se decidirá su suerte. En el Ejecutivo aseguran que se respaldarán en la Ley de Administración Financiera (N° 24.156) para defender la medida ante la Justicia en caso de que se rechace el veto.
El presidente Javier Milei confirmó su anuncio y vetó oficialmente la Ley que garantiza los fondos que las universidades necesitan para continuar funcionando.
Tras la Marcha Federal Universitaria, distintos informes de consultoras privadas revelan la situación que atraviesan las universidades.
La Casa Rosada pone en duda el apoyo de los bloques aliados de la Cámara de Diputados para sostener el veto. Es por eso que amenazan con elevar la medida a la Justicia en caso de que el veto no sea respaldado por los legisladores.
En las últimas horas, el Gobierno dejó trascender que insistirá con la propuesta del 6,8% en la negociación por la paritaria con los gremios universitarios y se mostrará abierto a discutir la ampliación de la partida de la Secretaría de Educación en el Congreso. De todos modos, en caso de que se caiga el veto de Milei, el Ejecutivo elevaría el proceso ante la Corte Suprema.
Las expectativas del oficialismo están puestas en que ocurra lo mismo que con el veto al aumento de las jubilaciones, cuando los legisladores de La Libertad Avanza (LLA) y sus aliados ratificaron la resolución presidencial. El radicalismo jugará un papel decisivo y moverá la balanza a favor o en contra del veto.
La tensión en el Congreso es palpable, ya que el resultado podría tener un impacto significativo en las relaciones entre el Ejecutivo y los bloques opositores. En esta ocasión, el escenario parece más complejo para el Gobierno.
Aunque en su momento el radicalismo apoyó la Ley de Financiamiento Universitario, no es seguro que la mayoría de sus legisladores repita esa decisión, como ocurrió anteriormente con la Ley de Movilidad Jubilatoria.