La Ley de Alquileres 27.551 fue sancionada en junio de 2020 y establece las reglas básicas para los contratos de alquiler de inmuebles en Argentina. La normativa busca regular el mercado de alquileres y proteger los derechos de los inquilinos y propietarios.
El flamante presidente electo, Javier Milei, propuso derogarla y permitir la dolarización de los contratos ya que, según refiere el sucesor de Alberto Fernández, la dolarización es una medida necesaria para liberalizar el mercado de alquileres y reducir la burocracia.
La ley, además, establece que el precio de los alquileres debe ser fijado en pesos argentinos, sin la posibilidad de indexarse por la variación del dólar o de cualquier otro índice, a fin de evitar la especulación con el precio de los alquileres.
La dolarización de la renta de inmuebles, podría generar un espiral inflacionario, ya que los propietarios podrían subir los precios de los alquileres en función de la variación del dólar, lo que a su vez podría generar una mayor demanda de bienes y servicios en dólares, lo que a su vez podría generar una mayor presión inflacionaria.
Para permitir la dolarización de los alquileres, la normativa actual debería ser derogada, lo que podría generar que los precios de las rentas de inmuebles suban de forma significativa, generando un mayor costo de vida para los inquilinos, pudiendo dificultarles aún más el acceso a una vivienda.
Los inquilinos se oponen a la dolarización de los alquileres y consideran que esta podría generar una mayor incertidumbre y volatilidad en el mercado de alquileres. Por otro lado, la mayoría de los propietarios se manifiestan a favor de la dolarización en la renta de sus inmuebles, ya que consideran que de esta forma podrían proteger sus ingresos de la inflación.