El gobierno nacional envió un nuevo proyecto de Ley Ómnibus con varias modificaciones tras las conversaciones desarrolladas el jueves pasado con los sectores denominados "dialoguistas" de la oposición. Los referentes están actualmente desmenuzando y analizando el nuevo documento para que sea dictaminado el próximo martes en el plenario de comisiones y para que posteriormente sea llevado al recinto el jueves.
Son cambios sustanciales dentro del proyecto. Se eliminaron 141 artículos del texto que pasa de los 644 iniciales a los 523 de esta etapa. Justamente el 644 establecía refrendar en la ley el Decreto de Necesidad y Urgencia 70 de desregularización de la economía. No se hace referencia alguna en el texto de la norma.
Otro es la eliminación del capitulo de juicio por jurados aunque el Gobierno advirtió que podría insistir con el tema a partir del 1 de marzo cuando comiencen las sesiones ordinarias.
Respecto a las jubilaciones, se estableció que se mantendrá la forma previsional hasta abril y luego comenzará a justarse por la inflación, algo que la Unión Cívica Radical (UCR) había propuesto. Además, se eliminan las jubilaciones de privilegio de los Presidentes y Vicepresidentes.
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El apartado dedicado a los jubilados tuvo algunas modificaciones respecto al texto original del proyecto de la Ley Ómnibus.
Para las retenciones en las economías regionales, el proyecto deja en 0% el tributo y no en 8% o 15% como proponía la ley inicialmente. No se modifica nada en carne, maíz y soja.
En cuanto a la delegación de facultades legislativas al Ejecutivo, hubo también grandes cambios. La ley proponía 11 emergencias por 2 años prorrogables por dos años más si el Presidente le ponía la firma. Finalmente, se eliminó la emergencia en materia social y de defensa, aunque quedaron las 9 restantes. Se redujo también el plazo de las delegaciones legislativas a un año, con la posibilidad de prorrogar por 12 meses más si aprueba el Congreso. Quedó establecida la "emergencia en salud", en reemplazo de la sanitaria.
Por parte de las privatizaciones y el blanqueo de capitales, se eliminó a YPF del primer listado. Para Nucleoeléctrica, Banco Nación y ARSAT se establece que sólo se puede hacer una “privatización parcial”.
En el caso del blanqueo de capitales se definió que lo que genere se “utilizará para capitalizar al Banco Central”, es decir, no será coparticipable como establecía el proyecto original, lo que está generando un mayor enojo de los gobernadores.
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YPF quedó fuera del listado de las empresas a privatizar.
Uno de los puntos que tiene más complejidad es el que incluyó a "los empleados públicos" en las limitaciones a la actividad política. Además, se determinó un mecanismo sancionatorio ante el incumplimiento de tales prohibiciones. Se rediseñó también el capítulo de Cultura, donde no se propicia el cierre del Fondo Nacional de las Artes y se mantienen los fondos para el INCAA.
En otros sectores, el Gobierno cedió una parte, como es el caso de la pesca: se mantiene el concepto de licitación de cuotas pesqueras, pero elimina del texto la palabra "internacional" por lo que sólo podrán acceder las locales.
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El tema de la pesca fue uno de los capítulos más resistidos en el debate.
A pesar de lo mencionado, el Gobierno mencionó que insistirá con varios de los apartados desaparecidos a partir del 1 de marzo en sesiones ordinarias. De hecho, así está aclarado en el texto. Entre ellos estarán el juicio por jurados, el traspaso de la justicia nacional a la Ciudad de Buenos Aires, la ley de Salud Mental, la ley de Sociedades, la Reforma Electoral, las modificaciones al Código Civil y al Código Penal, entre otras.
Este lunes por la tarde se reunirán el bloque de la UCR y de Hacemos Coalición Federal con el fin de analizar si acompañan el texto de La Libertad Avanza o si finalmente presentan sus dictámenes propios.
