Cristina Kirchner pidió cumplir su condena a seis años de prisión en la causa Vialidad bajo arresto domiciliario y sin tobillera electrónica.
Cristina Kirchner pidió cumplir su condena a 6 años de prisión en la Causa Vialidad bajo arresto domiciliario y sin tobillera electrónica. La solicitud fue presentada por sus abogados, Alberto Beraldi y Ary Llernovoy, ante el Tribunal Oral Federal N°2, tras la ratificación del fallo por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).
La defensa sostuvo que la expresidenta debe recibir un régimen especial por su edad -72 años- y por haber sido víctima de un intento de homicidio en 2022. También se alegó que, por su rol institucional, accedió a información confidencial y ello exige condiciones específicas de seguridad.
El pedido señala que el arresto domiciliario debería cumplirse en el domicilio de San José N°1111, donde reside actualmente. Los abogados afirmaron además que el encierro en una unidad penitenciaria no es compatible con las condiciones que deben garantizarse a quien fue jefa de Estado y advirtieron que un régimen carcelario implicaría aislamiento absoluto y vigilancia permanente, algo contrario a los estándares constitucionales y de derechos humanos.
También se opusieron al uso de una tobillera electrónica. Señalaron que CFK cuenta con custodia permanente de la Policía Federal Argentina (PFA), lo que consideran suficiente para garantizar que no violará la detención. "El uso de tobillera electrónica deviene completamente innecesario", expresaron en el escrito.
El juez Jorge Gorini ordenó que los condenados se presenten en Comodoro Py en un plazo de 5 días hábiles. Solicitó además al Ministerio de Seguridad de la Nación que designe un lugar adecuado de detención, considerando la edad de la expresidenta, su rol institucional y el atentado que sufrió. La decisión final está en manos del tribunal.
La CSJN confirmó la condena a CFK en el marco de la causa por desvío de fondos en la obra pública desarrollada en la provincia de Santa Cruz. La decisión se conoció en la tarde del martes en el marco de la denominada Causa Vialidad que lleva más de 17 años de proceso judicial con una condena confirmada previamente en dos instancias, en el juicio oral y en la etapa recursiva a Casación Federal.
La sentencia también alcanza a otros ocho acusados, entre ellos el empresario Lázaro Báez y el exsecretario de Obras Públicas de la Nación, José López. Todos fueron señalados como partícipes de una estructura delictiva para beneficiar a empresas vinculadas al entorno de la exmandataria.
El fallo fue dictado por unanimidad por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Los magistrados rechazaron los recursos extraordinarios presentados por las defensas de Cristina y los otros ocho condenados, así como el del fiscal Mario Villar, invocando el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, que permite desestimar recursos sin tratar su contenido cuando no se presentan cuestiones federales suficientes. Sin embargo, en esta oportunidad, la Corte brindó fundamentos debido a la trascendencia institucional del caso.
"La apelante no ha cumplido con el requisito de fundamentación autónoma", subrayaron los jueces y remarcaron que no se lograron desvirtuar los argumentos de las sentencias previas ni se plantearon críticas concretas a las pruebas consideradas. También se destacó que las relaciones comerciales entre Báez y la familia Kirchner no fueron debidamente refutadas por la defensa, que alegó que se trataba de negocios lícitos a precios de mercado. No obstante, los jueces señalaron que esos vínculos contribuyeron a sostener el esquema de defraudación.
La Corte fue terminante al considerar que "la ventaja económica para la administración pública fue relegada por la ventaja para intereses particulares" y que Cristina Kirchner tuvo "ánimo de lucro y representación del resultado delictivo".
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