La iniciativa fue impulsada por la oposición y contó con un amplio respaldo parlamentario, incluso de sectores que habían acompañado al Gobierno.
El Gobierno confirmó que promulgará la Ley de Discapacidad aprobada tras el rechazo al veto de Javier Milei, pero advirtió que no será reglamentada hasta definir su financiamiento. El jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos, habló de un fuerte impacto fiscal de la medida y reclamó al Congreso precisar de qué partidas saldrán los fondos para su implementación.
La iniciativa fue impulsada por la oposición y contó con un amplio respaldo parlamentario, incluso de sectores que habían acompañado al oficialismo. En ambas cámaras superó los dos tercios necesarios para revertir el veto presidencial.
El Gobierno de Javier Milei descarta judicializar la ley de discapacidad y evalúa suspenderla por decreto. Busca ganar tiempo hasta el Presupuesto 2026.
Tras la noticia del veto de Javier Milei, los docentes universitarios irán al paro este viernes. Además, habrá una radio abierta en el Rectorado de La Plata.
Francos explicó que el Ejecutivo cumplirá con la promulgación, pero que la reglamentación quedará en suspenso hasta definir los recursos. "Esto abre la puerta para nuevas pensiones por discapacidad. Primero debemos resolver si las que se otorgaron fueron bien concedidas", indicó el funcionario en diálogo con el diario Clarín.
"El Congreso debe establecer de dónde saldrán los fondos. No se puede cargar esa responsabilidad solo al jefe de Gabinete", agregó el jefe de Gabinete y recordó que la Ley Financiera establece que toda norma sancionada debe prever cómo es que se sustentará. "¿A quién le sacamos? ¿A los jubilados para pasarlo a discapacidad?", chicaneó.
De acuerdo con la Oficina de Presupuesto del Congreso, la normativa podría incorporar entre 493 mil y 946 mil nuevos beneficiarios, lo que implicaría un refuerzo fiscal de $1,88 a $3,62 billones, equivalente al 0,22% y 0,42% del PBI. La compensación a prestadores se estima en $278.323 millones y la asignación a talleres de producción, en $7.160 millones.
La Ley surgió tras una fuerte movilización social frente a la crisis del sistema de atención, marcada por el congelamiento de recursos y la reducción de beneficiarios luego de una auditoría cuestionada. El debate se potenció con la salida del exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, desplazado tras la difusión de audios en los que revelaba presuntos circuitos de coimas.
La discutida medida tiene cinco puntos clave: