Se aprobaron los artículos 2 y 3 de la Ley Ómnibus, que delegan facultades al presidente Javier Milei y declaran emergencias en seis sectores.
La Cámara de Diputados aprobó este martes por la tarde los artículos de la Ley Ómnibus que delega facultades al presidente Javier Milei y declaró además emergencias en seis sectores clave de la realidad nacional. En medio de un intenso debate, el oficialismo logró el visto bueno sobre varios de los puntos de la norma, aunque con ciertas modificaciones.
Se trata de los artículos 2 y 3 de la "Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos", que contienen "delegaciones legislativas al Poder Ejecutivo nacional en materias determinadas de administración y de emergencia, en los términos del artículo N° 76 de la Constitución Nacional, con arreglo a las bases de delegación aquí regladas y por el plazo antes establecido".
El martes se retoma el tratamiento para aprobar artículo por artículo. La negociación con los gobernadores por el capítulo fiscal tensiona el acuerdo.
Lejos de terminar su derrotero, la aprobación en general de la Ley Ómnibus es solo uno de los primeros pasos del proyecto impulsado por Javier Milei.
Según se acordó, el Poder Ejecutivo Nacional deberá "informar mensualmente en forma detallada al Honorable Congreso de la Nación sobre la aplicación de las facultades delegadas por la presente ley, sus fundamentos y resultados obtenidos".
Por pedido de la Unión Cívica Radical (UCR) y tal como habían anticipado algunos legisladores, se votó por incisos, ya que se trata de una amplia delegación de facultades en varias áreas. La diputada Carla Carrizo pidió votar en contra del inciso H que establece "transformar, modificar, unificar o eliminar fideicomisos o fondos fiduciarios públicos creados por normas con rango legal, inclusive los destinados a subsidios, revisar su procedencia y destino para lograr una mayor racionalidad, eficiencia, eficacia, transparencia y control del uso de recursos públicos". Este fue finamente rechazado por 142 votos negativos y 112 positivos.
El artículo de facultades delegadas tuvo una reñida votación pero finalmente el oficialismo logró alcanzar uno de sus principales objetivos luego de que la Cámara Baja del Congreso de la Nación convalidara ese punto.
La Cámara de Diputados también aprobó este martes por 134 votos positivos a 121 negativos el artículo primero de la Ley Ómnibus, que establece la declaración de emergencia en las materias económicas, administrativa, financiera, tarifaria, energética y de seguridad.
El oficialismo contó con el voto de 37 votos de la Libertad Avanza (LLA), 37 de Propuesta Republicana (PRO), trece de Hacemos Coalición Federal, uno de Creo, uno de Unión Mendocina, uno de Avanza Libertad, 28 de la UCR, nueve de Innovación, dos de Producción y Trabajo, dos de Buenos Aires y tres de Independencia.
Los votos en contra fueron 98 de Unión por la Patria (UxP), seis de la UCR, diez de Hacemos, dos de Por Santa Cruz y cinco del Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT).
Posteriormente, el plenario legislativo aprobó por 140 a 115 el artículo que establece los principios y objetivos de esa emergencia pública. El primer artículo aprobado establece que la iniciativa "tiene por objeto declarar la emergencia en materia económica, financiera, de seguridad, tarifaria, energética y administrativa; y promover la iniciativa privada, así como el desarrollo de la industria y del comercio, mediante un régimen jurídico que asegure los beneficios de la libertad para todos los habitantes de la Nación y límite toda intervención estatal que no sea la necesaria para asegurar el ejercicio efectivo de sus derechos constitucionales".
Por otra parte, el artículo 2 fija que la meta de la ley es "la promoción del derecho fundamental a la libertad individual. Los habitantes de la Nación tienen derecho a ejercer sus libertades constitucionales sin injerencias indebidas por parte del Estado". También destaca "la protección de los habitantes y de su propiedad privada. El Estado debe garantizar la seguridad y propiedad de las personas y fomentar un entorno propicio para la inversión y el emprendimiento. Debe asegurar el efectivo ejercicio del derecho a transitar libremente en la vía pública evitando situaciones que pongan en riesgo la vida, la propiedad y la seguridad de los habitantes de la Nación".
Además fija que el Estado "debe procurarse su concentración en los sectores esenciales de la sociedad y su ejercicio con criterios objetivos de eficiencia, eficacia y razonabilidad" y la "organización racional y sustentable de la Administración Pública Nacional a fin de garantizar una actuación administrativa de calidad y respetuosa de la dignidad humana". Finalmente, también establece como otro de sus principios "la creación, el fomento y el desarrollo del empleo productivo privado, con la inclusión de quienes enfrentan mayores dificultades de inserción laboral, la protección de los trabajadores desempleados y la regularización de las relaciones laborales existentes".