El Senado aprobó esta madrugada las modificaciones a la Ley de Alquileres impulsadas por el kirchnerismo. Con 37 votos a favor y 29 en contra, se avanzó con la iniciativa que regresa a Diputados en segunda revisión. Se reforman dos artículos: la mantención de contratos con una duración de tres años y el ajuste de precios a través de la fórmula Casa Propia, que se emplea en los programas Procrear.
El oficialismo contó con el respaldo de los senadores que integran el bloque de Unidad Federal. Por su parte, Juntos por el Cambio votó en contra porque pretendía aprobar la iniciativa que llegó desde Diputados y sancionar hoy mismo la reforma. De esta manera se estira aún más la modificación de una ley en medio de la parálisis que atraviesa el sector inmobiliario.
De esta manera, los puntos clave del proyecto promovido por el oficialismo incluye el mantenimiento de contratos por tres años; ajustes semestrales en lugar de anuales; aplicación del índice Casa Propia, que considera el menor índice entre la variación salarial y la inflación del último año. Actualmente, se utiliza el Índice de Contratos de Locación (ICL) del Banco Central; contratos en moneda nacional; e incentivos impositivos para propietarios que alquilen sus viviendas.
La ley vigente establece que los inquilinos pueden realizar pagos adelantados de hasta un mes de alquiler. El proyecto aprobado por la Cámara de Diputados propone una modificación que permitiría a los inquilinos hacer pagos anticipados por períodos más extensos, tanto al inicio como durante el contrato. Esta flexibilidad podría ofrecer margen para la negociación del precio del alquiler, resume una nota de Infobae.
Por otro lado, el dictamen mayoritario en el Senado elimina esta opción y mantiene la normativa como está en la ley actual. La propuesta ahora pasará a la Cámara de Diputados. Los cambios propuestos no alteran de manera estructural cómo se realizarán los contratos de alquiler en Argentina, y hay escepticismo entre los expertos sobre su efectividad en un mercado con oferta limitada.
Lo que se aprobó en el Senado difiere de la iniciativa que sancionó Diputados, que volvía al plazo de dos años para los alquileres, con actualizaciones cada cuatro meses y libertad para elegir el índice entre las partes. Ese proyecto fue duramente cuestionado por las organizaciones de inquilinos, y en el Senado el oficialismo logró un acuerdo para modificarlo.
En caso de vivienda habitacional, el proyecto aprobado dispone que no puede exigirse al inquilino o locatario el pago de alquileres anticipados ni depósitos de garantía superiores a un mes. Este último, además, debe ser devuelto al valor del último mes de alquiler o la parte proporcional si la garantía es inferior al mes. Tampoco podrá exigirse un pago de “valor llave o equivalente” ni la firma de pagarés “o cualquier otro documento que no forme parte del contrato original”.
El plazo mínimo del contrato será de dos años y se considerará de ese plazo si su duración no está estipulada, pero el inquilino o locatario puede renunciar a ese plazo, en caso de preaviso, bajo ciertas condiciones. El plazo mínimo de dos años no será válido para ciertos tipos de alquiler, como locación a contratos diplomáticos y, en particular, alquiler de unidades amuebladas “para fines de turismo, descanso o similares y para cualquier otro fin temporario en interés del locatario”.
En cuanto a las reparaciones de la unidad en alquiler, algo que suele generar fricciones en los contratos, se establece que el propietario deberá hacerse cargo de las reparaciones urgentes en no más de 24 horas desde la notificación del inquilino o locatario y en no más de 10 días corridos en caso de reparaciones no urgentes. Si transcurridos esos plazos no hay respuesta, el inquilino puede hacerse cargo de las reparaciones, con cargo de los costos al propietario. El artículo 4 especifica: “Se entenderá como urgente cualquier reparación de aquellas prestaciones que, por su gravedad, impidan u obstaculicen el uso y goce convenido sobre el bien locado”.