La Ley de Financiamiento Universitario, impulsada por la oposición, propone una actualización por inflación, paritarias y un presupuesto que es el 1% del PBI.
La oposición en el Congreso buscará aprobar este miércoles un proyecto de Ley de Financiamiento Universitario que genera fuertes cruces entre los distintos bloques. La iniciativa contempla una serie de medidas centrales para recomponer el presupuesto de las universidades nacionales, actualizarlo periódicamente por inflación y garantizar la negociación paritaria de los docentes y nodocentes.
Uno de los puntos más destacados del dictamen de mayoría establece una recomposición presupuestaria desde mayo hasta diciembre de 2024 y una actualización bimestral a partir de enero de este año, ajustada según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica mes a mes el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).
En el marco de una furiosa campaña electoral, la Cámara de Diputados tratará sensibles temas convocados por la oposición. Primera sesión tras receso.
Luego de vetar el aumento a los jubilados y la prórroga de la emergencia en discapacidad, Javier Milei se refirió a la crisis económica en el país.
El proyecto propone que el financiamiento de las universidades públicas esté integrado dentro de un presupuesto equivalente al 1% del Producto Bruto Interno (PBI). A su vez, contempla una partida adicional de $100 millones que será destinada específicamente al fortalecimiento de las carreras estratégicas.
Los fondos obtenidos mediante esta ley se destinarán al funcionamiento de los establecimientos universitarios, hospitales universitarios, actividades de ciencia y técnica y de extensión universitaria. Respecto a los salarios, por su parte, la iniciativa establece que el Gobierno deberá compensar las diferencias entre los aumentos otorgados y la inflación desde el 1 de diciembre de 2023 hasta la fecha de sanción de la ley. Desde ese momento en adelante, se garantizaría una actualización bimestral, que no podrá ser menor a la variación del IPC.
Además, se establece que durante 2025 deberán incorporarse al salario básico del convenio colectivo todas las sumas no remunerativas ni bonificables que los trabajadores perciben actualmente.
Otro de los puntos importantes del proyecto es la incorporación de un control externo por parte de la Auditoría General de la Nación (AGN), que se encargará de realizar auditorías administrativas a las universidades públicas y deberá remitir informes periódicos y un plan de seguimiento al Congreso.
Por último, la propuesta aclara que la readecuación de partidas para el financiamiento universitario no afectará la coparticipación federal de impuestos ni los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).