La Pastoral Carcelaria de la Confederación Episcopal Argentina (CEA) se opuso al proyecto de Javier Milei de bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. Para la organización eclesiástica, esta "no es la solución para detener la violencia" y propusieron crear como contraparte un nuevo régimen penal juvenil.
Con la finalidad de acompañar y promover "integralmente el desarrollo de los menores, pero sin bajar la edad de imputabilidad", la iglesia católica se expresó con un comunicado sobre la reforma que trabajan los ministros de Seguridad, Patricia Bullrich y el de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.
La Iglesia señaló entre los principales argumentos que el desarrollo cognitivo y psicológico de una persona, “que le permite razonar, anticiparse, planificar o realizar juicios críticos, está incompleto” entre los 18 y 19 años de edad. “En la Pastoral Carcelaria, decimos que cuando alguien comete un delito, trasgrede la ley y cae preso es porque alguien estuvo ausente: la familia, la sociedad, el estado, la escuela, la Iglesia, etc.”, marcaron.
En ese sentido, señalaron que "nunca el encierro, ni penas más duras, ni la baja de la imputabilidad, son la solución para detener la violencia. Son salidas superficiales y sin lógica de solución hacia el futuro”, sumaron desde la organización que preside Monseñor Oscar Ojea.
Por eso, recordaron las palabras del papa Francisco cuando señaló que en la Argentina "necesitamos a los jóvenes, necesitamos su creatividad, sus sueños y su valentía, su simpatía y sus sonrisas, su alegría contagiosa y también esa pizca de locura que saben llevar a cada situación, y que ayuda a salir del sopor de la rutina y de los esquemas repetitivos en los que a veces encasillamos la vida”.
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La Iglesia se opuso a la baja de la edad de imputabilidad que impulsa el Gobierno.
“Los necesitamos, pero NO presos, sino como parte de una sociedad más justa, sana, solidaria, que los incluya para participar y evolucionar, no encerrados en una decadente y oscura involución”, continúa la CEA en el mensaje.
Asimismo, reclamaron el “presupuesto necesario para acompañar a menores en conflicto con la ley, pero también de todas las instituciones que forman parte de la sociedad civil, con profesionales idóneos y comprometidos”.
En tanto, dieron cuenta de que “las estadísticas no justifican la aplicación” de la reforma penal que propone el Poder Ejecutivo. “Se conoce que los delitos cometidos por adolescentes entre 14 y 16 años representan el 0,4%, un porcentaje bajo del total de delitos en el país y que el porcentaje de participación en homicidios es del 0,7%”, finalizaron.